Juan Antonio Nemi Dib
1.- Los públicos mexicanos --audiencias televisivas, lectores, escuchas, etcétera-- deberían tener suficiente capacidad adquisitiva para pagar el precio justo por la información, el análisis e incluso el entretenimiento que consumen. Así se construiría el verdadero periodismo profesional, crítico e independiente que constituye la base de las democracias representativas modernas y del que, según dicen muchos, estamos escasos en nuestro país; disminuiría considerablemente la dependencia de los medios respecto del dinero que les inyecta desde los impuestos/gobiernos y, por ende, reduciría el conflicto persistente entre el interés de los empresarios de la comunicación y las necesidades informativas de la sociedad.
Hay un momento en que también existe bronca entre la publicidad comercial que contratan y pagan las corporaciones privadas y el manejo público de la información de interés general. De modo que igualmente sería saludable que los medios alcanzaran independencia respecto de los anuncios y los anunciantes mercantiles. Los medios y los periodistas podrían mostrar así, sin ambages ni sutilezas, sin ocultamientos vergonzantes, sus compromisos, sus preferencias e inclinaciones ideológicas (como EL PAÍS con el PSOE, como THE WASHINGTON TIMES con el “Tea Party”, como EL CLARÍN contra la señora Fernández de Kirchner).
Lo malo es que, con la mitad de la población mexicana en pobreza, parece que la información de calidad debe considerarse necesariamente un bien suntuario y esto puede llevar al falso silogismo, a la conclusión absurda de que la buena prensa sólo es posible en las naciones desarrolladas cuyos habitantes se dan el lujo, como en Inglaterra, de pagar impuestos por cada televisor, o de cubrir 1.20 de dólar diario por el ejemplar de un periódico en Singapur. Y también cabe una pregunta: ¿hasta cuándo la información periodística de calidad, que es gratuita en la internet, lo seguirá siendo sin depender de la “publicidad oficial”?
2.- Las buenas prácticas cívicas, la construcción de la ciudadanía, pasa necesariamente por la información pública confiable. Es un hecho que no se objeta el que la población bien informada deriva en mejores comicios y, por ende, en gobiernos menos ineficientes; también lo es que la buena prensa acota las injusticias, combate los privilegios y propicia el cumplimiento de las normas generales de aplicación universal.
En el otro extremo del espectro, tan nocivo o más que los ‘oficialismos’, se encuentra la prensa para la que todo es malo, para la que nada ni nadie funciona; la que entiende que todo es, por definición, fallido y criticable, la que interpreta ≪objetividad≫ como desconocer cualquier aporte o asunto positivo; la prensa “golpeadora” que confunde el principio del pensamiento crítico con la denostación y el rechazo de todo cuanto no le es afín; la que usa el peor ángulo de la foto, el pequeño resquicio que le sirve, como pequeña rama de leña húmeda, para dar por caído --y a veces podrido-- todo el bosque.
3.- El sistema legal debería garantizar a plenitud el acceso de todos los medios y de todos los comunicadores a la información pública, con la excepción de aquélla cuya divulgación causara más daño que beneficios a la sociedad, mediante reglas claras, precisas y superiores a la decisión de un partido político, un gobierno o incluso un funcionario público (o una mezcla coaligada de todos). Salvo los asuntos que son, estrictamente, de seguridad nacional (y aún éste es un concepto relativo), parece que en la actualidad no queda mucho espacio para los “secretos de Estado”. Y, en la misma sintonía, los medios y los comunicadores debieran divulgarla con responsabilidad y oportunidad. Y todos los instrumentos de la ley y todas las instituciones deberían garantizar a los informadores las condiciones apropiadas para el ejercicio libre y pleno de su deber informativo, así como su integridad personal.
4.- El sistema legal tendría que proteger a los ciudadanos --hoy no lo hace-- con acciones concretas de derecho positivo, viables, trascendentes y efectivas más allá del ánimo discursivo, de la manipulación, el ocultamiento, el sesgo o la demora informativa, en virtud de que las noticias y el análisis de éstas son, necesariamente, de interés público. La gente tiene el derecho supremo e inexcusable de estar bien informada, es decir, ampliamente, oportunamente, claramente, verazmente sabida de lo que ocurre, de las cosas que le atañen directa o indirectamente.
5.- Nuestro sistema de derecho debería disponer de herramientas --hoy no se cuenta con ellas-- para identificar los abusos en el ejercicio de la libertad de expresión que actúen en demérito de la sociedad en general y de los ciudadanos en particular, entendiendo por abuso las omisiones informativas deliberadas, las informaciones falsas, las publicaciones de notorio propósito perverso, o aquéllas hechas para beneficiar al medio o al periodista que las divulga.
6.- Los ciudadanos deberían contar con la real y auténtica protección del Estado frente a los casos de daño moral, falsedad informativa y manejo doloso --en perjuicio de personas-- de la información. En México no existen medios legales eficaces para que, frente a un error, una deficiencia informativa o una calumnia, las empresas de comunicación cumplan con su deber ético de aclarar, corregir y, más aún, disculparse por sus fallos. Es una impunidad campeante que no se ve cómo, a partir de la declaración ligera, la información incompleta, manipulada, falsa o incluso difamatoria, con frecuencia planteada desde el anonimato, puede aportar a la consolidación de la democracia y la vigencia del estado de derecho. ¿Es un exceso pedir que el Estado defienda claramente el derecho al honor y la intimidad cuando estos no se contraponen al interés público? Si son necesarios los mecanismos de protección para los periodistas, también lo son los que protegen a los lectores y al público en general.
7.- La circulación certificada y las audiencias auditadas por instancias absolutamente independientes y mecanismos confiables, recurrentes, transparentes, deberían ser la base efectiva de un tabulador para la compra de publicidad gubernamental, a través de catálogos públicos aptos para la consulta abierta, no sólo en lo relativo a la dimensión de los espacios promocionales sino al costo de éstos. Que sean las audiencias las que decidan cuánto dinero de los impuestos termina en las arcas de las empresas de comunicación.
8.- Se debería acabar con el carácter monopólico de los medios electrónicos. Las recientes subastas de frecuencias de radio y televisión sólo han servido para crecer a las añejas y pudientes corporaciones del ramo que mediante complejas redes de complicidades, amparos legales, suspensiones administrativas, renovación automática de concesiones, oscuras resoluciones de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y acuerdos “económicos” privados entre los actores, reparten el pastel adicional entre los mismos invitados de siempre a la fiesta de siempre. Las frecuencias y espacios disponibles en los medios deberían licitarse, en el futuro, a condición expresa de que no vayan a terminar en las mismas manos, en los mismos poderes fácticos.
9.- Las personas sujetas a proceso deberían ser tratadas como tales por los medios de comunicación, hasta que un tribunal competente las declarara culpables, según el principio constitucional de presunción de inocencia.
10.- Los niños, los interdictos, los incapaces en general, deberían tener protegida a plenitud su identidad y la publicidad de sus imágenes o sus asuntos debería limitarse a lo estrictamente necesario.
11.- Debería prohibirse categóricamente la publicidad engañosa y, muy especialmente, la de “productos milagro” que abusan del dolor humano, de la escasez y la esperanza que hace a personas vulnerables consumir bajo engaños y falsas expectativas. Y esto, aún si los anunciantes fueran los propios dueños de las empresas de comunicación. A propósito: ¿qué hay de los propietarios de medios cuyos intereses se entreveran legal pero inmoralmente con otros ramos mercantiles?
12.- ¿Es un ataque a la libertad de expresión el considerar que, dada su condición modélica, los medios de comunicación masiva deberían evitar la difusión de audios o imágenes que directa o indirectamente promuevan conductas socialmente disfuncionales, estimulen la violencia, induzcan al consumo de sustancias nocivas o contribuyan a la pseudo cultura que hace de los delincuentes, héroes?
13.- ¿Habrá algún día el poder público suficiente para proscribir en forma definitiva la publicidad legal de drogas “blandas” como alcohol y tabaco?, ¿se podrá algún día hacer esto extensivo a la comida chatarra, a pesar de la fuerza económica y política de Bimbo, de Sabritas, de Coca y Pepsi Cola?
14.- ¿Tiene México los medios de comunicación que merece?, ¿Tiene México los medios de comunicación que necesita?
La Botica.- El próximo jueves 13 presentaremos la pastorela. No me he aprendido los 46 diálogos en verso que me tocan. Se lo puedo atribuir al exceso de trabajo y a la falta de tiempo, o al estrés; ahora que ya soy cincuentón, la edad también sería un buen pretexto. Pero no pienso agraviar así de fuerte a la Sala Grande del Teatro del Estado y menos a quien la nombra --Emilio Carballido-- de modo que me queda el recurso de la improvisación que, espero, no resulte muy necesario. Y supongo que el gran talento de mis compañeros de la “Compañía Empírica de Teatro Experimental del DIF Estatal Veracruz” logrará disimular. No garantizo la calidad interpretativa --en mi caso-- pero sí la del resto, que son verdaderos actores, casi casi profesionales. Lo que sí puedo asegurar es que habrá mucha diversión y sería un error perdérsela. A las seis y media de la tarde. Y como todas las cosas buenas de la vida, ¡es gratis! Veré qué puedo hacer en estos tres días, para evitar que el ridículo llegue al extremo.
antonionemi@gmail.com
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