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jueves, 27 de julio de 2017

Chazzarini, el Secretario Osterizer

▪ Duarte dejó al Estado en ruinas
▪ Miguel Ángel lo lleva a las cavernas
▪ MAYL tiene más dinero que JDO

Una de las ofertas de la actual administración fue precisamente que habría orden en las finanzas y que los recursos se ejercerían no sólo con transparencia, sino con base en un modelo de evaluación de resultados, similar al que se aplica desde hace una década en el gobierno federal.

Pero si el gobierno anterior dejó al estado de Veracruz en la ruina, la actual administración estatal se ha propuesto llevarlo a las cavernas. Contra todo principio de planeación y ejercicio financiero, se decidió prescindir de un presupuesto formal –tal como lo debió haber aprobado el Congreso- en el que se establezcan metas y objetivos perfectamente definidos. Esta prerrogativa corresponde hoy sólo al Gobernador del Estado.

Y en este criterio unipersonal de ejercer el presupuesto, se ha echado por la borda todos los compromisos establecidos en el Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) 2016-2018, con lo que el gobierno ha violado flagrantemente la Ley de Planeación, aprobada ya en esta administración. En su artículo cuarto bis, se establece que para los efectos de esta ley, se entenderá por Plan Estatal de Desarrollo el documento en el que se plasman objetivos, metas, estrategias y prioridades de ejecución del desarrollo integral del Estado.

A ocho meses de su inicio, nadie sabe si estos objetivos, metas, estrategias y prioridades forman parte de las tareas del gobierno y cuánto presupuesto se ha asignado para su cumplimiento. Hasta ahora lo único que se conoce son los informes simples del ejercicio del gasto, pero ninguna de las cuestiones que plantea la ley y el PVD. Lo anterior lo denunció el propio presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso Local, el diputado perredista Sergio Rodríguez, lo que le costó la presidencia de esa Comisión.

El Plan Veracruzano de Desarrollo ha sido un instrumento de política pública ineficaz. No es vinculante, por tanto su cumplimiento no es obligatorio; tampoco hay sanción si no se cumple con lo que ahí se establece. Hasta hoy, sólo ha servido al lucimiento político del gobernante. Es el traje invisible del monarca.

En noviembre pasado, siendo aún gobernador electo, Miguel Ángel Yunes presentó el Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018. Sin embargo hasta ahora, no ha quedado en claro si las obras y acciones que se proponen tienen correspondencia con las capacidades financieras y presupuestales del Estado, de lo contrario, se convertirá en una falsa promesa que ya ha sido olvidada.

Y no se tenía que inventar el hilo negro. Desde hace más de una década se introdujeron cambios sustantivos en el gobierno federal; se establecieron obligaciones para evaluar los resultados de los programas sociales y los logros obtenidos por las entidades federativas y los municipios con recursos federales. El modelo de Presupuesto Basado en Resultados (PBR) se ha convertido en la esencia de la Administración Pública Federal.

El PBR está alineado al Plan Nacional de Desarrollo, de tal manera que programa o acción que no se inscriba en alguna de sus tres estrategias transversales para alcanzar las cinco metas nacionales, está destinado a desaparecer. Para lograr esto, se introdujo además, una metodología única para la elaboración de una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) a partir de una Metodología del Marco Lógico (MML). Acá, todo se reduce al ruido ensordecedor de la “licuadora”.

En sólo ocho meses ya llevamos dos secretarios de Finanzas, el desorden administrativo continúa, y la deuda sigue creciendo, lo que viene a confirmar que el ejercicio financiero es igual o peor que con su antecesor, es decir, aplicado de manera discrecional sin el mínimo orden ni pulcritud.

En este contexto se inscribe el nombramiento de Guillermo Moreno Chazzarini como nuevo Secretario de Finanzas, a quien a partir de hoy lo identificaremos como el Secretario Osterizer, porque será el encargado –a falta de un Presupuesto de Egresos autorizado por el Congreso-, de ejercer el presupuesto como lo ordene el Gobernador, reactivando la famosa licuadora, generando una sola bolsa de recursos federales y estatales para cubrir las necesidades al libre albedrío.

Hoy el gobierno estatal ejerce un presupuesto base cero. Pero no aquél que consiste en identificar paquetes de decisión y clasificarlos según su orden de importancia, mediante un análisis de costo beneficio. En nuestro estado, este presupuesto base cero se refiere sólo al discurso oficial de que “no hay dinero”, no obstante que el actual gobierno, el auto llamado "gobierno del cambio" recibe el 23% más de participaciones federales que el gobierno anterior. Es decir, Miguel Ángel Yunes tiene más dinero que Duarte, bueno, quise decir más presupuesto.

A Veracruz y a los veracruzanos nos urge un sistema de planeación que permita ejercer su millonario presupuesto con base en resultados y no a la decisión unipersonal del Gobernador. Así, no sólo se está aplazando la salida a la crisis, se está agudizando.

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domingo, 19 de febrero de 2017

En juego el futuro de Veracruz

Hèctor Yunes Landa
Senador de la República

Senador Hèctor Yunes Landa
Los veracruzanos no podemos aspirar a que cambien las condiciones que imperan en nuestro estado, si desde la cúpula gubernamental continúan aplicándose las mismas acciones que tanto se cuestionaron de la pasada administración estatal.

En mi natal Soledad de Doblado se suele decir cuando una persona señala a otra constantemente: ten cuidado de no ser lo que tanto criticas.

Lo anterior viene a colación porque el Congreso del Estado de Veracruz recibió por parte del nuevo gobernador la iniciativa para reestructurar la deuda pública del estado.

Pese a que se trata de un proyecto financiero de la mayor importancia, porque está en juego el futuro de Veracruz, la iniciativa adolece -en forma y fondo- de uno de los principios más importantes en materia financiera: la transparencia.

Se pretende contratar más deuda para pagar la existente y ampliar el periodo de pago a medio siglo, sin informar con qué bancos o instituciones crediticias, a que tasas de interés, el número de operaciones, ni el nombre y honorarios de los asesores financieros que intervendrían en dichas operaciones financieras.

En el pasado, se criticó duramente las cantidades millonarias que los asesores financieros cobraron, pero ahora, ni siquiera se informa quiénes intervendrían y cuánto cobrarían, aunque es de dominio público que los honorarios corresponderían a un porcentaje del total de la suma, en este caso, sobre 46 mil millones de pesos.

En la iniciativa, además, se pretende dar todas las comodidades y libertad de decisión a los bancos o instituciones crediticias, por lo que el gobierno y los Veracruzanos quedaríamos a merced de lo que dispongan.

Considero que no es sano, ni contribuirá en lo absoluto a que Veracruz cambie, el trato que el nuevo gobernador da a los presidentes municipales que afanosamente buscan reunirse con quienes administran los recursos financieros del estado, para conocer el calendario de pago y destino de las participaciones federales que la Secretaría de Finanzas y Planeación debe depositarles a los Ayuntamientos veracruzanos.

Como respuesta a la justa petición de los presidentes municipales,el titular del ejecutivo estatal fue que eran unos desvergonzados. Al respecto, hay que recordarle que tiene la obligación de conformidad al artículo 115 Constitucional,deadoptar la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base al municipio libre; aunado a que el citado artículo en su fracción IV, inciso c, faculta a los municipios a administrar libremente los recursos provenientes de las participaciones federales.

De igual manera, el artículo 71 de nuestra Constitución Política Local, en su fracción II, se establece que “Las participaciones federales serán cubiertas a los municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por el Congreso del Estado;”.

De ahí la obligación del gobierno estatal de entregar dichas participaciones tal como hace meses diversos ediles del PAN y PRD lo exigían a grado tal de tomar el Palacio de Gobierno y que ahora en sospechosa actitud callan.

Por otra parte, a diferencia de lo expresado por el gobernador del Estado, la titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación está obligada, de conformidad al artículo 12, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a asesorar a los Municipios del Estado, cuando estos lo soliciten. La SEFIPLAN no puede dedicarse a ser una gestora. Tiene la obligación de concertar, dialogar y emprender políticas públicas que resuelva los problemas.

No puede haber asunto más importante que atender las responsabilidades constitucionales y fortalecer a las instituciones, en este caso municipales, que son el gobierno directo de 8 millones de veracruzanos.

El centralismo que pretende instaurar el gobernador de Veracruz viola el espíritu del pacto federal, aspecto que la Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM) tendrá que tomar en cuenta para que se respete a la autoridad municipal.

A más de dos meses del nuevo gobierno de Veracruz, desafortunadamente se ha dejado además de estridencias, visos de intolerancia, falta de transparencia y rendición de cuentas.

Por el bien de Veracruz, las autoridades estatales están a tiempo de cambiar el rumbo. No vaya a ser que la historia se repita en detrimento de nuestro estado.

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