El clero busca recuperar creyentes apoyando a grupos anti-libros de texto

 

Rogelio Hernández López

Miradas de Reportero

Las y los reporteros de política de México tendrán que reponer entre sus fuentes permanentes de información al clero en este tiempo electoral.

Como no lo había hecho en los casi cinco años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la cúpula de la iglesia católica decidió convocar a sus feligreses a las movilizaciones y hasta quema de libros de texto gratuito que organiza su adherente Frente Nacional por la Familia (FNF), vinculado al Partido Acción Nacional.

El contexto de esta y otras posiciones políticas del clero muestra que quiere revertir la pérdida del 20 por ciento de sus fieles y el deterioro de sus vínculos con buena parte de sus creyentes pese a que el 80 por ciento de ellos desaprueba que participe en política electoral.

Pérdida

Aunque la mayoría de la población mexicana sigue reconociéndose de religión católica, en 2016 esta iglesia seguía perdiendo creyentes en forma sostenida y aumentaba el deterioro de sus vínculos con ellos, como lo confirmó ese año la Encuesta Nacional sobre Creencias y Prácticas Religiosas en México. http://asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Varios/ENCREER.pdf

Aquella encuesta mostró cuatro tendencias: “Decrecimiento de la población católica; Crecimiento de denominaciones cristianas evangélicas y bíblicas y Crecimiento de personas “sin religión”. Y un desdibujamiento de su perfil por disentir con posiciones excesivamente conservadoras.

Esas tendencias se han ido pronunciando desde 1950, cuando la población que se reconocía como católica era del 98.2 por ciento del total nacional pero fue disminuyendo en forma sostenida.

 Así para el año 2020 esta proporción había disminuido al 77,8 por ciento del total de la población. Es decir perdió el 20 por ciento de su feligresía, equivalente a unos 19 millones de personas. 

En contraparte, para ese 2020 los seguidores de las iglesias cristiana (Protestantismo) ya significaban el 11.2 por ciento de la población, y quienes se dijeron sin religión y no creyentes alcanzaron casi el 10 por ciento del total, siempre con datos del INEGI, así como los trabajos sobre el Panorama de las Religiones en México de la Secretaría de Gobernación. (ver cuadro). 

Desdibujamiento

En la Encuesta Nacional sobre Creencias y Prácticas Religiosas en México se confirma también que siguió la tendencia de deterioro de los vínculos de la iglesia católica con sus fieles y la modificación del perfil de los católicos:

“Los católicos cada vez se apartan más de la normatividad institucional, prefiriendo identificarse como católicos “por tradición” y “a su manera”.

“Los católicos “por tradición” se manifiestan a la vez ritualistas e incluyentes de otras matrices religiosas y crecientemente autónomos en sus posicionamientos respecto a las orientaciones de la jerarquía eclesiástica.

“Los que más se identifican como “creyentes a mi manera”, tienden a la disidencia con respecto a los posicionamientos conservadores de su jerarquía en temas de educación sexual y de género en las escuelas, aborto o matrimonios del mismo sexo.”

 La Encuesta muestra otros indicios del alejamiento popular a las posiciones políticas del clero.

Tres de cada cuatro creyentes se oponen a que las religiones participen abiertamente en política electoral; 80 por ciento en contra de que se usen símbolos religiosos para lo electoral. En cambio, casi el 80 por ciento acepta que se enseñe sexualidad en las escuelas públicas y que los libros escolares tengan contenidos de géneros sexuales. (Ver cuadro) 

Y aun así

No obstante este contexto de pérdida y alejamiento de la feligresía por las posiciones de la curia, el Episcopado optó por, otra vez, disentir públicamente del gobierno federal, como lo hizo en noviembre de 2022 con el llamado Plan B electoral, ahora más disimuladamente pero apoyando los llamados que han hecho el PAN y la confederación de grupos vinculados a la iglesia católica del Frente Nacional por la Familia que siguen convocando a movilizaciones contra los libros de texto gratuitos en al menos 6 ciudades para el 20 de agosto y hasta quema masiva el 10 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México.

Las constancias de ello se encuentran desde el 28 de mayo en la revista digital Desde la Fe (sitio oficial del Episcopado) y hasta el 15 de agosto en varios medios periodísticos:

Mayo 28. Israel Sánchez Martínez, encargado del despacho de la Presidencia de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), fue entrevistado para la revista Desde la Fe y declaró, desde entonces su animadversión a los libros de la Secretaría de Educación Pública que todavía no se conocían; “no deben imprimirse y distribuirse los libros de texto gratuitos para primaria y secundarias” y expuso seis razones. https://desdelafe.mx/familia/razones-libros-texto-gratuitos/

Agosto 1. La Conferencia del Episcopado Mexicano emitió un pronunciamiento oficial y virtualmente demandó que se suspendiera la distribución de los libros: “La gestión educativa exige respetar la legalidad e involucrar fuertemente a la sociedad, a los académicos, a los sindicatos, a las organizaciones de padres de familia, entre otras. Las decisiones educativas, por lo general conllevan múltiples implicaciones humanas, culturales, sociales, políticas, históricas, éticas, científicas y cívicas”. https://desdelafe.mx/noticias/iglesia-en-mexico/obispos-mexico-sobre-nuevos-libros-texto/ 

Agosto 2. El presidente de Acción Nacional (PAN) tomó la bandera y dio línea a los organismos civiles vinculados a la iglesia católica: Este es “un llamado a los padres de familia, es a que si les dan estos libros de texto, ya sea que los destruyan en su totalidad o que las hojas o partes que no coincidan con la educación de sus hijos simplemente sean retiradas”,

Agosto 4. Mario Ángel Flores Ramos, exrector de la Universidad Pontificia de México y director del Observatorio Nacional de la Conferencia del Episcopado Mexicano se radicalizó más. Dijo: “El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha entregado el control de la educación en México a un grupo de marxistas (…) esto es irresponsable porque que la educación es un asunto delicado y trascendental para la sociedad”.

Agosto 6. Rafael Loera Vázquez, presidente del Frente Nacional por la Familia en Baja California Sur, convocó a los padres de familia a que “en el primer día de clases, protesten por los contenidos de los libros de texto y no solo eso, sino también los quemen, los tiren o los destruyan”.

Agosto 13. Tres diarios reportan que el Obispado de Aguascalientes emitió un memorándum a sus sacerdotes para que convoquen a su feligresía a una marcha en contra de los nuevos libros de texto el 20 de agosto. Días después el vocero de esa Diócesis, Rogelio Pedroza, precisó que la iglesia como tal no marcharía pero confesó: “estamos colaborando con la difusión”.

Agosto 15. Hiram Pérez Carrillo, integrante del Frente Nacional por la Familia de Quintana Roo, anunció que planean prenderles fuego a los libros de texto en cada una de las plazas públicas de los diferentes municipios, un día después de que los ejemplares sean entregados.

Agosto 15. El cardenal y arzobispo de Guadalajara, José Francisco Robles, insiste públicamente en que los libros de la SEP son “ adoctrinamiento ideológico”.

En redes sociales circula la convocatoria para una “gran quema de libros de texto 2023-2024 de educación básica, el 10 de septiembre de este año, en el Zócalo de la Ciudad de México”. 

El FNF

Las investigadoras de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Blanca Imelda Pedroza Gallegos, María Eugenia Patiño López y Pilar Velázquez Lacoste, son autoras de una investigación difundida en septiembre de 2021 sobre el origen y filiaciones del Frente Nacional por la Familia (FNF) en México.

Aseguran que aunque no es propiamente un movimiento religioso si son parte “del movimiento conservador en América Latina, que utiliza los mecanismos del juego democrático para movilizar posiciones alineadas a la de las iglesias católica y cristianas, pero desde un activismo civil o laico…

“Pero no solo se trata de personas que guardan afinidad y relaciones con la organización ultrasecreta El Yunque o son militantes del Partido Acción Nacional (PAN), también pueden ostentar una gran base simpatizante. La identidad y militancia religiosa de buena parte de sus partidarios, sus vínculos con jerarcas y líderes de las iglesias católica y evangélica y, especialmente, la afinidad de sus posturas con la doctrina de estas iglesias permite afirmar que se trata de un actor social con fundamento religioso. 

“ (…) el objetivo principal del FNF es incidir en las leyes y en las políticas públicas, en la educación impartida por el Estado e incluso pretende incidir en la propia Constitución a través del cabildeo que practica con bastante éxito entre candidatos y servidores públicos en puestos de elección a los que invita a aliarse y a apoyar en una serie de temas que les son prioritarios, contribuyendo con tales acciones a un retroceso en el proceso democrático”. 

https://www.revistaculturayreligion.cl/index.php/revistaculturayreligion/article/view/1036/715 

Pocas personas pueden refutar el entreveramiento de militancias en el Partido Acción Nacional, en el Frente Nacional por la Familia, en el yunque y otros organismos similares del conservadurismo y, de todos ellos, con sectores de la iglesia católica, específicamente con el Episcopado Mexicano. Los libros gratuitos para primaria y secundaria les dieron una justificación para movilizarse y encontrarán otras con su aspiración de recuperar los seguidores perdidos.

Verifiquemos si aumentó la inseguridad o es falsedad de la oposición

Rogelio Hernández López

Miradas de Reportero

Rogelio Hernández López

Verificar la información, es el procedimiento ético más recomendable para cualquier profesión, especialmente para el periodismo de responsabilidad social. Así lo reiteramos a varios colegas periodistas que se negaron a creer como cierto el clima mediático que se construyó el mes de julio sobre un aumento de la violencia delincuencial y de la inseguridad en México durante el gobierno federal actual.

El procedimiento reporteril que se recordó, para verificar, fue el de buscar fuentes de información alternas a la Presidencia de la Republica y de la oposición partidista que le acusa de incapacidad para reducir la violencia y hasta de complicidad con la delincuencia organizada. El resultado fue encontrar tres estudios que refutan esos dichos y que muestran progresos en la pacificación:

UNO. Después de un fuerte deterioro de 2015 a 2019… la paz en México ha mejorado en los últimos tres años un 3.6 por ciento. / Los homicidios se redujeron a una tasa nacional de 7.9 por ciento en 2022, la mayor caída desde 2015. Esto equivale a 87 homicidios diarios que ocurren en promedio, cuando en 2019 eran más de cien al día.(Fuente: Índice de Paz México 2023 elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz).

DOS. En consonancia otro registro sistemático de homicidios en México indica que en 2019 se registraron 100 diarios en promedio; en 2020 fueron 101 en promedio; en 2021 fueron 98; en 2022 promediaron 88:  Y para agosto de 2023 el promedio diario ha seguido reduciéndose hasta 83. (Fuente: Homicidios en México. Cifras diarias e históricas. jueves, 10 de agosto de 2023 TResearch International)

TRES. Y en lo general, la percepción ciudadana de inseguridad pasó de 88 por ciento a 62 por ciento, entre el segundo trimestre del 2019 y el primer trimestre de 2023. (Fuente: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del el Instituto Nacional de Estadística y Geografía del 25 de abril de 2023).

Conclusión: Aunque siguen altos los índices de violencia, sí han disminuido paulatinamente en los años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y eso ha mejorado un tanto el ambiente de paz. Decir que han aumentado es falso y denota mezquindad intencional.  

Dichos opositores

Todo reportero de los asuntos públicos sabe bien que las y los políticos acomodan sus palabras para ganar capacidad negociadora o para debilitar las fortalezas del adversario. Pero desde que comenzó la actual administración federal en los partidos y medios de comunicación afines se exageran las supuestas percepciones y se convierten en dichos sin evidencias o pruebas, es decir mentiras deliberadas.

Por ejemplo el 10 de julio de 2023,  el clima mediático para crear la percepción de que aumentaba la violencia y la inseguridad fue espoleado en la Sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y sobre estimulado al día siguiente por la mayoría de los grandes medios de prensa de la capital del país. La acusaciones opositoras fueron a propósito de bloqueos en la Autopista del Sol, a la altura de Chilpancingo, Guerrero:

 La senadora panista Kenia López Rabadán señaló: “el país está ensangrentado… es la muestra clara del pacto de impunidad que Morena tiene. Abraza a los delincuentes y le da la espalda a los guerrerenses y a todo México…” 

Marcelino Castañeda Navarrete, del PRD dijo: “es la muestra más clara de la incapacidad de ingobernabilidad de los estados donde gobierna Morena…”

Alejandro Moreno, dirigente del PRI afirmó: “representan la ausencia del Estado, así como una mala estrategia de seguridad por parte del gobierno federal… hoy no tiene responsabilidad, no tiene capacidad, (si) una pésima estrategia a nivel nacional en el tema de seguridad…”

Carolina Viggiano Austria aseguró que “lo sucedido en Chilpancingo es a causa de que Morena tiene una alianza con la delincuencia organizada y ahora tienen que pagar y todos, en todo el territorio nos vemos afectados”. 

Y durante casi todo julio, los medios de prensa de corporaciones colmaron sus espacios con noticias de nota roja, como si fuese lo único trascendente de lo cotidiano del país. Solo algunos reprodujeron y en espacios reducidos los datos duros que se ofrecían desde el gobierno federal en relación con asuntos de seguridad pública.

Contrastes del Índice de Paz 

Los homicidios son solo uno de los indicadores de los linderos de la paz. Todos los demás elementos los registran y evalúan distintas entidades y organizaciones tanto nacionales como internacionales. Y la metodología base que utilizan se basa en los criterios: “la ausencia de violencia o de miedo a la violencia.”

Uno de estos organismos con más reconocimiento en este aspecto es el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), “un grupo independiente de expertos, no partidista y sin fines de lucro” que tiene su sede en Sídney, Australia y oficinas en Nueva York, La Haya, Ciudad de México, Bruselas y Harare.

El Índice de Paz México 2023 del IEP, informa que “utiliza datos económicos, de gobernabilidad, sociales y de actitud a nivel estatal provenientes principalmente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, incluida la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública y otras encuestas. También utiliza datos del Banco Mundial, Artículo 19 e IDD-Mex para construir un panorama de la resiliencia social en México”.

De ese informe (https://www.indicedepazmexico.org/) se transcribe gran parte de lo que considera sus principales hallazgos:

• En 2022, la paz en México mejoró en un 0.9 %. Este fue el tercer año consecutivo de mejora luego de un fuerte deterioro en la paz de 2015 a 2019… en los últimos tres años (2020, 2021 y 2022) la mejora fue de 3.6 por ciento.

• La mejora en 2022 fue impulsada por una reducción considerable en los homicidios, con una caída de la tasa nacional de 7.9 %, la mayor caída desde 2015.

• Veinticuatro estados en 2022 registraron mejoras en los homicidios, frente a ocho que registraron deterioros. Cada año desde 2020, más estados han registrado mejoras anuales en los homicidios en lugar de deterioros, una inversión en la tendencia de los cuatro años anteriores.

• A pesar de estas mejoras, la tasa de homicidios sigue siendo alta, con 24.5 muertes por cada 100,000 habitantes, lo que se traduce en unas 32,000 víctimas. Esto equivale a aproximadamente 87 homicidios por día.

• Los homicidios se han concentrado cada vez más en ciertas partes de México, con más de la mitad de todos los casos de 2022 en sólo siete estados: Guanajuato, Baja California, Estado de México, Michoacán, Jalisco, Chihuahua y Sonora.

• Diecisiete de los 32 estados de México mejoraron en términos de paz, mientras que 15 estados se deterioraron.

• Desde 2015, Yucatán y Tlaxcala se han clasificado constantemente como los estados más pacíficos del país. Chiapas, Nayarit y Tamaulipas también se ubicaron entre los cinco estados más pacíficos en 2022.

TENDENCIAS • La paz en México se ha deteriorado en un 14.8 % en los últimos ocho años. Sin embargo, en los últimos tres años, la paz en el país ha mejorado un 3.6 %.

• En la última década, México se ha convertido en un lugar mucho más peligroso para los activistas sociales. Un informe de 2022 clasificó a México como el lugar más mortífero del mundo para ser activista ambiental, con 54 activistas asesinados el año anterior.

• México también se ubicó como el segundo lugar más mortífero del mundo para ser periodista en 2022, sólo detrás de Ucrania. Trece periodistas fueron asesinados en el país el año pasado.

• La violencia contra los policías también sigue siendo una preocupación en todo México. En 2022, un total de 403 policías fueron asesinados.

• La tasa de la delincuencia organizada ha aumentado en un 64.2 % desde 2015. El deterioro en la tasa de la delincuencia organizada fue impulsado por un aumento del 149 % en la tasa de delitos de narcomenudeo.

• Entre 2019 y 2022, el número de incautaciones de fentanilo en la frontera entre México y Estados Unidos aumentó en un 300 %. Además, el volumen total de fentanilo incautado en todos los puntos de entrada a EE. UU. fue más de 200 veces mayor en 2022 que en 2015.

VALOR ECONÓMICO DE LA PAZ. • Por tercer año consecutivo, el impacto económico de la violencia mejoró tras disminuir en un 5.5 % o 271 mil millones de pesos respecto al año anterior.

• La cantidad de dinero gastado por las empresas para protegerse contra el crimen se redujo en un 51 % o 76 mil millones de pesos entre 2019 y 2021.

• El impacto económico de la violencia en México fue de 4.6 billones de pesos (USD 230 mil millones) en 2022, lo que equivale al 18.3 % del PIB nacional.

• El gasto en contención de la violencia en México representa aproximadamente el 11 % del gasto total del gobierno, casi tanto como el 13 % gastado en salud o el 14 % gastado en educación.

Como se puede apreciar, en asuntos de seguridad pública y paz es posible encontrar fuentes alternas de información para aplicar lo que algunos consideramos la segunda ley de todo periodista profesional: Verificar. Y, en este caso, reconfirmar que la oposición política y medios de prensa distorsionan adrede la realidad. Mirada de reportero.

Los más rojos de las izquierdas llegaron a Bellas Artes a defender sus aportes

Rogelio Hernández López

Miradas de Reportero

La sala Manuel M Ponce del Palacio de Bellas Artes estaba casi atiborrada ese viernes 26 de mayo. Terminaba la presentación del Diccionario biográfico de la izquierda mexicana del siglo XX cuando en las bocinas retumbó una pregunta: ¿Hay comunistas en esta sala? Y fueron muchas las manos que se levantaron.

Al frente, en el proscenio, dominaba las miradas una montaña de rosas rojas con la forma del símbolo de las y los comunistas; la hoz cruzada por un martillo. Escudados por ese distintivo colocaron a Rodolfo Echeverría Martínez El Chicali; al historiador ruso Víctor Jeifets; a la historiadora japonesa Michiko Tanaka; al historiador Enrique Semo auxiliado por su esposa Margarita Arévalo, Alejandro Encinas Rodríguez y Arturo Martínez Nateras.

Lo ves Chicali –espetó Martínez Nateras señalando hacia las manos alzadas- Si hay rojos. La mayoría aquí somos rojos. Sí hay organismos. Aquí está Pavel a nombre del Partido Comunista de México, está Salomé representante del Movimiento Comunista Mexicano...

El de Chicali y Arturo fue el segundo mini debate de la tarde, porque Echeverría Martínez había dicho que no hay nada de organismos socialistas que influyan en la política actual. “No hay nada más que esa entelequia que se llama MORENA, han desaparecido los conceptos como lucha de clases, la lucha por el poder, la revolución...”  

Las y los concurrentes sentados y los que ocupaban parte de los pasillos escuchaban atentos, en silencio respetuoso y hasta sonrientes. El Chicali ganó el aplauso más prolongado de las seis intervenciones. 

Es que buena parte de los asistentes a la Sala Manuel M Ponce sabían que sus perfiles están dentro del diccionario, por eso acudieron. El libro Rojos, Diccionario biográfico de la izquierda mexicana del siglo XX incorporó 5 mil 282 semblanzas, la mayor parte de luchadores sociales y militantes de las izquierdas socialistas y comunistas.

Pero las y los rojos también fueron porque el libro es noticia: novedoso por ser la primera obra gigante en su tipo al perfilar a tante gente de la corriente de pensamiento de izquierda y también trascendente porque pronto aumentará el interés público por él, en víspera de los comicios federales que serán una especie de referéndum para la continuación o no de un régimen en México con orientación de izquierda social.

AMLO es de izquierda

El otro tema que tocaron todos los presentadores y que reestimuló un viejo debate fue sobre la definición de izquierda y qué personas caben en ella.

Alejandro Encinas, comunista reconocido en el gabinete presidencial como subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación resaltó un texto que se encuentra en las primeras páginas del monumental diccionario: la reivindicación que hizo de sí mismo, como persona de izquierda, el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su cuarto informe de gobierno:

“Ser de izquierda es anclarnos en nuestros ideales y principios, no desdibujarnos, no zigzaguear. Si somos auténticos, si hablamos con la verdad y nos pronunciamos por los pobres y por la justicia, mantendremos identidad, y ello puede significar simpatía, no sólo de los de abajo, sino también de la gente lúcida y humana de clase media y alta, y con eso basta para enfrentar a las fuerzas conservadoras, a los reaccionarios.”

Dentro de las semblanzas se cita 85 veces a López Obrador y, en casi todas se refrenda ese perfil de político de izquierda que se incluye en la enciclopedia, con datos de su larga trayectoria de luchador social.

Esa definición tan amplia de izquierda permitió a los autores del diccionario incluir muchos perfiles que son ubicados novedosamente dentro de la izquierda: empresarios, intelectuales, escritores, artistas del espectáculo, periodistas, científicos.

El diccionario

Ese libro, hasta ahora solo está impreso en mil ejemplares. Ocupa 1,114 páginas. Se hacen gestiones sobre posibles patrocinios para hacerlo enciclopedia digital y ampliarlo. Es un libro vivo porque se corregirá, se ampliará, mejorará, coincidieron los presentadores. 

Antes de este libro ha habido aproximaciones tanto de historiadores, como de ediciones de movimientos socialistas, pero lo más similar, en forma de diccionario es Quién es quién en la política mexicana del periodista Humberto Musacchio, editado en 2002 que incluye alrededor de 3 mil 500 personajes en 432 páginas (en tipografía de 7 puntos) pero refleja personas de todas las corrientes políticas que han sido o eran gobernantes o aspiraban a serlo.

El coordinador de este diccionario de la izquierda es el ingeniero mecánico electricista, Arturo Martínez Nateras quien fuera líder estudiantil desde 1965, cofundador de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos (CNED), preso político de 1968 a 1971, Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista Mexicano hasta 1978.

En la presentación, reporta Arturo, que desde el año 2000 Marcos Leonel Posadas y él comenzaron a planear el diccionario; que en 20 años de investigación de ellos y un grupo multidisciplinario lograron publicar tres libros también relacionados con la izquierda: la cronología en 2014, de los Movimientos sociales en 2016 y el de Artes y humanidades en 2019. El cuarto producto este: Rojos, el diccionario biográfico que se presentó este viernes en Bellas Artes. Todos son como la enciclopedia de las izquierdas mexicanas.

Martínez Nateras repitió lo que anotó en el Diccionario que, su propósito central es no permitir la pérdida de la memoria de todas las personas que han aportado a los cambios esenciales de México. Escribió:

“Rojos es la biografía colectiva de una corriente ideológica y política de gran arraigo en la sociedad mexicana. Nosotros, desde la izquierda, libramos miles de combates contra la <<dictadura perfecta>>, tuvimos en jaque al sistema, pagamos altas cuotas de vidas de años cárcel de persecuciones y ejecuciones, sobrevivimos a la guerra de exterminio y nos quedamos en la orilla del poder, como bien describió Jorge Castañeda.”

El libro contiene mayoritariamente las semblanzas de personas de los movimientos sociales, de militantes y dirigentes de partidos, que han formado y son parte de las corrientes de pensamientos socialistas, comunistas, trostkistas, lombardistas y otros; y se recuperaron los perfiles de cientos de mujeres y hombres que no han sido reconocidos públicamente.

Mucho de todo esto fue resultado, asegura Arturo, de autobiografías que en todos los casos “respetamos su contenido. Por nuestra parte elaboramos y encargamos las semblanzas de los imprescindibles… No excluimos a nadie caprichosamente. Todos los que están son y los que son y no están es debido a la imposibilidad de obtener datos comprobables.” 

Incluye también cuatro capítulos especiales: de 762 mujeres rebeldes y transgresoras; de Mexicanos en la Internacional Comunista; de presos políticos; de los movimientos sociales y políticos en la llamada Guerra Fría y un apartado con las víctimas de las masacres, como de los Copreros (1952), los de Ciudad Madera, del 68, del 10 de junio, Aguas Blancas, Acteal, El Charco, hasta la Noche de Iguala, entre otros.

Agrega que para sus investigaciones, además de entrevistas personales se tomaron “en cuenta obras fundamentales como Los milenios de México, de Humberto Musacchio; Los bolcheviques, de Paco Ignacio Taibo II; La rojería, de Óscar de Pablo, El diccionario enciclopédico del estado de Guerrero, coordinado por Hermilo Castorena Noriega; textos de Carlos Illiades Aguiar, Veronica Oikión Solano; testimonios comunistas de Arnoldo Martínez Verdugo, Enrique Semo Calev y Eduardo Ibarra Aguirre; el Diccionario de escritores mexicanos de la UNAM, de Aurora Ocampo; las aportaciones de Natura Olivé; el diccionario biográfico Latinoamérica en la Internacional Comunista, de Lazar y Víctor Jeifets; un ensayo valioso sobre los comunistas presos en las Islas Marías, de Javier Mac Gregor Campuzano, entre muchos otros”. 

Identificación

Al final de la presentación, casi todas y todos se trasladaron al pasillo para brindar y más por su tercera razón para acudir a Bellas Artes: para reencontrarse con decenas de sus camaradas y amigos, después de muchos años.

Entre ellos se tomaban fotos, se informaban que siguen participando en frentes y movimientos sociales, en la academia, en pequeños destacamentos políticos y hasta en Morena. Muchos repetían la reivindicación que hizo el Chicali en el estrado: “el Rojo nos pertenece a los luchadores por el socialismo” y también la esperanza con la que remató Encinas su mensaje “la siguiente estación realmente democrática de México (podría ser) un gobierno socialista.” Son las y los más tozudos de la política mexicana. Mirada de reportero.

(Nota. Una versión de todo el acto en Bellas Artes se puede ver en https://www.facebook.com/enlaNoticiaGeneral/videos/644320680558245)

Discutamos siete puntos para proteger y mejorar a periodistas vulnerables en 2023

Rogelio Hernández López

Miradas de Reportero

El reportero oaxaqueño Francisco J. Sánchez me incitó públicamente --el 22 de diciembre-- a plantear medidas factibles para mejorar en 2023 la situación de la mayoría de periodistas mexicanos más vulnerables. -- ¿Por dónde empezamos? – inquirió el colega.

Para él y decenas de colegas que sinceramente tienen la misma inquietud y disposición, humildemente les propongo pensar en lo más necesario para lograr el respeto y la seguridad que no tenemos y que necesita nuestro trabajo cotidiano.

El primer propósito tendría que ser la búsqueda real de coordinación con más acciones y menos declaraciones unitarias de dientes para afuera. La forma es tratar de hacer una agenda principal común, especialmente entre quienes ya son activos con intenciones similares.

Para iniciar esa unidad con una agenda compartida, existen condiciones objetivas, maduras en una tendencia organizativa que han desarrollado cientos de colegas: las redes locales y organismos de ayuda mutua y de autoprotección, ya actuantes en casi todo el país. Se puede consolidar esa tendencia.

Un paso posible para esa maduración podría ser convocarnos a un coloquio nacional de esas redes y organismos locales para establecer una coordinación que respete la autonomía de cada una, una red de redes de autoprotección y periodismo alternativo con una plataforma de consensos.

El registro de necesidades, demandas, intenciones y propósitos de la mayoría de estos organismos permite sintetizar siete grandes elementos para una agenda común; cuatro con exigencias y medidas para el Estado y tres con acciones necesarias para que las y los periodistas nos definamos más como sujetos de acción y no solo objetos de protección, como ha sido hasta ahora en lo general.

Para el Estado 

Tendremos que incidir, de todas las formas posibles que todas las instancias del Estado realmente respeten, protejan y auspicien esta actividad profesional. Las cuatro medidas mínimas son:

1. Contra la impunidad (reformas a los códigos penales y de procedimientos penales para aumentar las penas a quienes agredan a periodistas y para que las fiscalías actúen verdaderamente y se sancionen sus omisiones).
2. Protección preventiva y nacional (incidir para que en 2023 el Congreso de la Unión apruebe una ley general que obligue a todas las entidades federativas a cumplir con su obligación de proteger cautelarmente y para que el Mecanismo federal sea el instrumento central de promoción de políticas públicas de prevención y protección integral que den fortalezas profesionales a quienes ejerzan el periodismo con la responsabilidad social a que está obligado).
3. Abatir la precariedad laboral y profesional (incidir para que el Congreso de la Unión apruebe una adición a la Ley Federal del Trabajo que incorpore un capítulo del trabajo especial de periodista que reconozca al menos 9 derechos para el ejercicio que incluyan pagos y prestaciones profesionales, la libertad de conciencia, protección de las empresas en misiones de riesgo, acceso a la salud, capacitación continua, de sindicalización libre y otros).
4. Impulsar empresas sociales de prensa (incidir para que las dependencias federales y estatales reglamenten esa figura para facilitar el financiamiento y operación de empresas pequeñas no lucrativas de periodistas profesionales que acepten hacer periodismo de responsabilidad social con códigos editoriales o de ética y que reinviertan sus utilidades en capacitación y mejora de inventarios).

Para periodistas

La segunda vía, de gestión simultánea, compete a quienes ejercen el periodismo y asumen la vocación de mejorar personal y profesionalmente y coadyuvar para la mejora de la mayoría de colegas. Esta ruta debería incluir acciones que tengan viabilidad para la autoprotección, autoempleo y para conseguir estima y respeto social:

1. Fortalecer a medios alternativos (Promover investigaciones conjuntas entre medios pequeños con medios públicos y comunitarios con temas y enfoques que no atienden las grandes empresas convencionales. Estimular alianzas permanentes de este tipo de medios con empresas y organizaciones productivas, comerciales y sociales de alcance local o estatal donde se les reconozca como fuentes informativas permanentes y ellas patrocinen investigaciones y otros trabajos periodísticos).
2. Rescatar la responsabilidad social (promover cursos, coloquios, talleres, mejoras de planes de estudios y otras acciones vinculadas a universidades para que el ejercicio cotidiano del periodismo rescate las bases de métodos y técnicas profesionales para informar con criterios de cercanía a las comunidades, respeto a los derechos humanos, a la paz y para eludir los mensajes y campañas de odio así como la degradación informativa en redes sociales).
3. Estimular la coordinación gremial y profesional (promover la inserción de medidas comunes de autoprotección, de incidencia ante el Estado, de capacitación continua y de ayuda mutua y solidaridad en las agendas de todo tipo de organizaciones de periodistas que lo acepten, incluso con las que existen y no tienen la mínima práctica de la solidaridad, como grupos por fuentes informativas, decenas de asociaciones convencionales en los estados, colegios; también clubes, federaciones y otras). 

Al referir que esta agenda es deseable y posible para periodistas vulnerables se entiende que es para la mayor parte de mujeres y hombres que laboran diariamente en la precariedad, el subempleo, el riesgo y la desestima social, es decir los más vulnerables y susceptibles de agresiones de todo tipo. De las 44 mil 364 personas que trabajan como periodistas, según el INEGI, solo una proporción muy baja ha logrado encumbrarse y es domeñada por ese individualismo que lindera con la fatuidad que obstruye la conciencia gremial o espíritu de cuerpo.

Este veterano reportero pone toda su disposición a las y los colegas que se interesen en platicar, discutir y enriquecer esta posible agenda común y para considerar su participación en la convocatoria y organización del coloquio nacional de redes y organismos de periodismo alternativo. El contacto es: rogeliohl111@gmail.com

Dos propuestas para la red mayor de medios públicos: promover el turismo o democratizar la información

Rogelio Hernández López

Miradas de Reportero

Será muy interesante la elección del Consejo Directivo de la Red México los días 23, 24 y 25 de noviembre en San Luis Potosí. Contenderán dos planillas bastante contrastantes por los orígenes de sus candidatos y por lo que quieren hacer en los siguientes dos años.

Ya es muy numerosa esta red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México. Por su cuantía debiera sentirse más su presencia como instrumentos mediáticos públicos frente a la poderosa industria de la comunicación privada que se enfoca a lo comercial.

Esa fue la coincidencia mayor en una charla al respecto de esta elección con Francisco Vidal Bonifaz y Gerardo Albarrán de Alba, dos de los periodistas más conocedores de los medios y el periodismo en México. 

Por eso, la ciudadanía interesada en contar con suficientes opciones de información debería saber lo que ocurrirá el fin de semana para el futuro inmediato de los medios públicos.

Alcances de La Red

La Red México es una asociación civil creada para la coordinación amplia de medios públicos que integra también a la red de medios electrónicos adscritos al gobierno federal conocida como SPR (Sistema Público de Radiodifusión de Estado Mexicano) que dirige Jenaro Villamil.

De la Red México pocas personas conocen su tamaño. Según su sitio Web se constituyó como asociación civil en 2005. Para 2022 ya cuenta con 83 afiliados en 31 entidades de la República, de los cuales 29 son sistemas estatales, otra cantidad igual de universidades públicas y 8 son socios adherentes. También aquí se acuerpan medios sociales con presupuestos públicos. 

Se afirma que todas las frecuencias de radio y televisión de estos sistemas suman más de 600 y que su cobertura alcanza lo largo y ancho del territorio mexicano. Aseguran que “su penetración regional es tan amplia que en conjunto cubren una audiencia de millones de televidentes y radioescuchas”. 

Varios especialistas coinciden en que el reto mayor para la Red México de medios públicos es convertir su número en presencia realmente competitiva con los medios privados que no priorizan la responsabilidad de servicio a la población y tienen como fin el lucro. 

Para la inminente Asamblea General Ordinaria de la Red México que se realizará el fin de semana en San Luis Potosí circulan las propuestas de únicamente de dos planillas. Para las decisiones cada uno de los miembros tiene solo un voto sin importar su tamaño e influencia, por ejemplo Canal 11, que tiene alcance nacional, tiene un voto al igual que una radio universitaria de poca cobertura.

Opción: promover el turismo

Para la elección se presenta, por un lado la planilla de nombre Innova 24 que propone como Misión: “Fortalecer la producción de proyectos en conjunto que nos permita trascender como medios y como RED, para ser el principal promotor turístico de las cualidades de nuestro país en otras latitudes, por medio de contenidos de alto impacto y calidad.”

Resaltan las entidades de los medios que dirigen los aspirantes: Hidalgo, Jalisco, Nuevo León y Guanajuato.

Se proponen como presidente para el bienio 2022-2024 a Ignacio Cárdenas Roldán, director general del Sistema Universitario de Medios de la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo; para vicepresidente de televisión a Alejandro Tavares López, director general del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión; para vicepresidente de Radio a Antonio Calderón Adel, director de radio de la Universidad de Monterrey; y como tesorero se propone a Juan Aguilera Cid, director general de la Unidad de Televisión de Guanajuato. 

Resumen su propuesta de desarrollo en 13 áreas: “1. Planes de ingresos eficaces; 2. Las universidades como el potente motor del crecimiento de nuestro país; 3. Los mejores noticieros en la RED; 4. Nuestro día a día en orden (legal); 5. Alianzas que nos impulsan; 6. Radio y Televisión Pública en todos lados; 7. La semana: REDesarrollo (capacitación); 8. La alegría de México en todo el mundo (promoción de festividades); 9. La televisión es salón de clases; 10. Una RED vs. Fake news; 11. Excelencia México (promoción de becas y premios); 12. A un solo clic (red intranet); y 13. Buzón legal.

Opción: democratizar la información.

La planilla Fortalecer y Transformar destaca como criterios de actuación: “Resignificar la cooperación (entre agremiados), Empatizar con las condiciones de cada agremiado; y Democratizar el acceso de la Información. La misión principal que proponen es” Consolidar a la Red México como la mejor aliada de los medios públicos del país, como una catalizadora de proyectos, ideas y gestión al servicio de la población mexicana.”

También en este caso contrastan los sistemas de medios y las entidades de actuación de las cuatro personas que se proponen para dirigir el Consejo Directivo: Puebla, Ciudad de México, Chiapas y Tabasco.

Como presidente se postula a Fernando Luis Sánchez Mejorada, director del Sistema Estatal de Telecomunicaciones en Puebla; como vicepresidente de Televisión a Alonso Millán Zepeda, director del Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México; para la vicepresidencia de Radio a Yesenia Guadalupe Castañeda Fernández, directora del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía y como tesorero a José del Carmen Chablé Ruiz, director de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco. 

Sus cinco ejes de trabajo que proponen para el bienio son: Cooperación para facilitar el desarrollo institucional y jurídico así como el trabajo colectivo y las buenas prácticas en favor de las audiencias; Profesionalización para detectar necesidades de los miembros con la intención de crear un plan de formación continua;  Innovación para encontrar soluciones al momento de comunicar y acentuar el papel crítico de la información y la creación de opinión pública; Marco Jurídico para la actualización de leyes que permitan consolidar los fines sociales de los medios públicos y, Asambleas para redefinirlas como las instancias para discusión y tomas de decisión colectivas, transparencia y rendición de cuentas.

En la charla con los periodistas Francisco Vidal y Gerardo Albarrán resaltó varias veces que la comunicación social requiere, la práctica cotidiana,  de contrapesos a los medios privados que privilegian la ganancia comercial con medios públicos coordinados y capaces de atender su responsabilidad social Veremos qué opción deciden los representantes de una Red de los, aun pocos, medios públicos. 

Por asesinatos de periodistas, la Presidencia rebasa a la FGR y dos leyes

Rogelio Hernández López/Miradas de Reportero

No me reprendió el doctor Moisés Moreno Hernández (Presidente de la Sección de Derecho Penal de la Academia Mexicana de Ciencias Penales) cuando le dije que era alegal la decisión presidencial, desde enero de 2022, para que se formaran grupos interdisciplinarios de seguridad pública para investigar asesinatos de periodistas en diversas entidades.

-- Las investigaciones, las detenciones y consignaciones que han logrado esos grupos son muchas y en muy poco tiempo, como no ocurría antes. – afirmé un tanto gustoso aquella mañana del 16 de junio -- Eso es procurar justicia para mis colegas y debiera hacerlo siempre la ineficaz Fiscalía General de la República (FGR), aunque sea alegal—reiteré.

Pero estaba muy equivocado. El presidente si tiene facultades legales para ordenar la integración de esos grupos mixtos de investigación por la Ley General Del Sistema Nacional De Seguridad Pública. Y por eso repitió esa orden este 29 de junio tras el asesinato del periodista de Tamaulipas, Antonio de la Cruz y además esta vez sí logró que se involucrara la FGR.

https://www.animalpolitico.com/2022/06/antonio-de-la-cruz-duodecimo-periodista-asesinado-en-el-sexenio-de-amlo/

El abogado y el colega Fred Álvarez me citaron para invitarme a ser ponente con el tema: el derecho penal y los agravios a periodistas dentro del Seminario Internacional de Derecho Penal sobre: “Abuso y límites del poder penal en Estados democráticos de Derecho (con especial referencia a México)”. En caso de que mantengan la invitación les ofreceré disculpas por la ignorancia

Pero, en todo caso, documentaré que la sucesión de acciones u omisiones oficiales recientes, relacionadas con los crímenes contra periodistas en 2022, indican que son, al menos dos leyes las que tienen que actualizarse:

-- El Código Nacional de Procedimientos Penales para que los delitos contra periodistas sean considerados graves para obligar a la FGR a que atraiga todos estos casos (en este año de 12 asesinatos solo ha atraído 4) y así la Presidencia no tenga que hacerle la chamba y rebasarla.

-- Ajustar la definición de periodista en la actual Ley (federal) de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas y en la ley general que se prepara, porque su amplitud y ambigüedad obliga teóricamente a proteger a toda persona usuaria de la libertad de expresión, pero, en los hechos, las fiscalías solamente deciden perseguir esos delitos cuando suponen que las víctimas no estaban ejerciendo el periodismo en el momento de la agresión.

Si hay derecho para estos grupos

Primera corrección. El 27 de mayo de 2019 se promulgó la Ley General Del Sistema Nacional De Seguridad Pública, que en el segundo párrafo de su artículo 4 autoriza al gobierno federal a conducir ese sistema para “La coordinación, en un marco de respeto a las atribuciones entre las instancias de la Federación, las entidades federativas y los Municipios”.

Y en índice X del artículo 7 de esta ley general se establece que deberán coordinarse para “Realizar acciones y operativos conjuntos las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, las entidades federativas y los Municipios.”

Esa es la base legal para la formación de los grupos especiales de alto nivel y eventuales que la federación formó desde el 12 de enero cuando ocurrió en Veracruz el asesinato de José Luis Gamboa Arenas, al igual que los equipos compuestos para acudir a Baja California por los crímenes contra Margarito Martínez Esquivel el 17 de enero y el de Lourdes Maldonado López, el 23 de enero y así en doce casos.

En cada ocasión, tanto Rosa Icela Rodríguez la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) como el subsecretario Ricardo Mejía Berdeja informaron tener instrucciones del Presidente de la República para, en cada caso se integrasen grupos interdisciplinarios con representantes de esa secretaría, del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de la Secretaría de Marina (Semar), de la Guardia Nacional (GN), de la Coordinación Nacional Antisecuestros (CONASE), de las secretarías de seguridad y fiscalías estatales.

En las doce intervenciones de estos grupos especiales resalta la ausencia de la Fiscalía Especial para Delitos contra la Libertad de Expresión de la FGR en ocho casos.

Bajó el índice de impunidad

Con motivo del crimen contra Antonio de la Cruz en Chihuahua, durante la conferencia de prensa presidencial del 30 de junio de 2022 el subsecretario Ricardo Mejía Berdeja informó los rápidos avances logrados por los grupos federales interdisciplinarios en 10 de los 12 asesinatos de periodistas.

“De diez casos –aseguró-- hay 26 detenidos o buscados con órdenes de aprehensión; 19 de los detenidos ya están vinculados a proceso penal, bien como autores materiales copartícipes o autores intelectuales”.

“De José Luis Gamboa (asesinado el 12 de Enero) hay un detenido ya vinculado a proceso y está pendiente ejecutar otra orden de aprehensión.

“Del caso de Margarito Esquivel (enero 17) hay tres detenidos vinculados a proceso y siguen las investigaciones complementarias como los juicios,

“En el caso de María de Lourdes Maldonado (enero 23) también tres presos y vinculados a proceso. Igual siguen las investigaciones y los juicios.

“En el caso de Heber López (Febrero 10) en Oaxaca, dos detenidos y vinculados a proceso.

“En el caso de Juan Carlos Muñiz, en Fresnillo (4 de marzo) Hay un detenido y vinculado a proceso.

“Del caso de Armando Linares, en Zitácuaro (marzo 15) están identificados y con órdenes de aprehensión los presuntos autores materiales.

“El caso de Luis Enrique Ramírez, en Culiacán (mayo 5), también hay ordenes de aprehensión y despliegue de búsqueda contra los autores materiales ya identificados.

“De las periodistas de Cosoleacaque, Yessenia y Sheila, (mayo 10) ya hay cinco detenidos.”

El subsecretario informó también que habían descartado incorporar a los informes de periodistas asesinados a dos personas porque, según él, no lo eran:

“A Roberto Toledo de Zitácuaro, porque era abogado y eventualmente hacía comentarios en un programa de radio” y a Jorge Camero, de Empalme, porque había sido secretario particular del alcalde”, aunque había reactivado su sitio web con información periodística.

Esa decisión de quitar su carácter de periodistas, porque en el momento del agravio no ejercían, es contraria a la ley federal de protección que define como periodista a todo usuario de la libertad de expresión. Ambos cumplían con la definición de esa ley.

Limitaciones legales de la FGR

Segunda Corrección. La Fiscalía General de la República (FGR) y su fiscalía especializada en delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) cuentan con una base extraordinaria para perseguir delitos contra periodistas, pero su apatía también se explica en que tiene dos severas limitaciones legales.

Por años, todos los organismos nacionales e internacionales defensores de la libertad de expresión han acusado de ineficacia a la FGR y han requerido que atraiga todos los casos de periodistas. Pero de los 12 ocurridos en 2022 sólo ha participado en 4 investigaciones. Pero es peor cuando se revisan los informes oficiales de la FEADLE.

En los cuatro años de este sexenio apenas tiene registrados siete asesinatos de periodistas y otras tantas atracciones (Ver cuadro). En contraste, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob registra 59 crímenes desde enero de 2019 a la fecha.

Ese registro y decisiones tan bajas en la FGR-FEADLE es porque solo siete victimas cumplen con el criterio de que “derivan de la actividad periodística”.

La base extraordinaria para perseguir delitos contra periodistas se encuentra en el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que le concede “la facultad de atracción de los delitos del fuero común cometidos contra algún periodista, persona o instalación, que dolosamente afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta…”

Pero allí mismo tiene la limitante que deriva en apatía, porque solo “podrá ejercer la facultad de atracción para conocerlos y perseguirlos (estos delitos) …cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que el sujeto pasivo del delito ejerza la labor periodística, entendiéndose ésta como la que lleve a cabo una persona física o moral que se dedique a través de un medio de comunicación a tareas de información o de creación de opinión

b) Que el delito de que se trate se haya cometido en razón del ejercicio del derecho a la información o de libertad de prensa o con motivo de cualquiera de éstos, en agravio de las personas referidas en la fracción anterior;

c) Que dicho ilícito sea de competencia federal o del orden común, cuando sean conductas conexas con delitos federales.

III. Se trate de delitos graves así calificados por este Código y legislación aplicable para prisión preventiva oficiosa;

En ese entorno, lo que habría que agregar en el Código Penal Federal, en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en la Ley Orgánica de la FGR la consideración de que sean delitos graves los “cometidos (por cualquier persona física, moral o servidores públicos) contra algún periodista, persona o instalación, que dolosamente afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta…”

En el caso de Antonio de la Cruz, en Chihuahua la FGR decidió intervenir, por medio de sus fiscalías de Derechos Humanos y de Delitos contra la Libertad de Expresión porque se presumía que el periodista había sido crítico del gobierno estatal y gobiernos municipales. Y no se sabe cuáles fueron sus criterios para intervenir en otros 3 asesinatos de 2022, los de Heber López, Freddy López Arévalo y Lourdes Maldonado.

Precisar la definición

En la práctica, las autoridades federales de seguridad, la fiscalía general, las fiscalías estatales y hasta los organismos civiles a la hora de identificar agravios contra periodistas discriminan a quienes, a su juicio, no realizan actividades periodísticas en el momento del agravio.

Eso contradice la definición de periodista que han validado organismos internacionales, la ley federal de protección y hasta la Suprema Corte de Justicia.

Por eso debería ajustarse esa definición con más precisiones en todas las leyes para enfocar bien a los sujetos de protección, como son los profesionales del periodismo sin desestimar a otros usuarios de la libertad de expresión.

Un avance hacia una definición más precisa, no refutado por la Corte federal, se dio el 8 de junio de 2020 cuando el Diario Oficial de la Federación publicó la Ley del Secreto Profesional y Cláusula de Conciencia para el Ejercicio Periodístico de la Ciudad de México.

Allí se reconoce a las y los periodistas como profesionales de una actividad de interés social y los separa conceptualmente de las empresas y de los colaboradores periodísticos (artículo 1, fracciones III y IV). Esta es su definición:

IV. Persona periodista: toda persona que hace del ejercicio de las libertades de expresión y/o información su actividad, de manera permanente. Las personas físicas, cuyo trabajo consiste en buscar, recibir, recabar, almacenar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen, que acredite experiencia o estudios o en su caso título para ejercer el periodismo.

En resumen, es loable que el poder ejecutivo federal muestre voluntad política, como nunca, para atender rápidamente los asesinatos de periodistas con esos grupos extraordinarios de seguridad pública. Pero esas acciones, que rebasan a la FGR y varias leyes, son insuficientes para abatir la impunidad y evitar crímenes. Es indispensable que la FGR amplíe sus facultades para intervenir y atraer los casos de todo tipo de agravios contra el periodismo. Y para una mejor protección de los periodistas la Ley General de Protección que se prepara tiene que definirlos mejor frente a las empresas, de los colaboradores periodísticos y otros usuarios de la libertad de expresión.

Porqué deberían ir más periodistas a los diálogos por otra ley de protección

Rogelio Hernández López

Miradas de Reportero

- ¿Cuáles son las perspectivas de las mesas de diálogo regionales convocadas por la Secretaría de Gobernación en torno a la protección de periodistas en el país? -- preguntó atinadamente el joven reportero mexicano Samuel Cortés Hamdam del equipo de profesionales de Sputnik, la agencia rusa de alcance internacional.

La inquietud del reportero contenía la intención de no reiterar quejas muy sabidas sino, más bien, encontrar soluciones a la inseguridad crónica y otros males que afectan a las y los periodistas mexicanos. Él identificó muy bien que esos diálogos pueden iniciar un giro radical en el modelo actual de protección.

La conversación con Samuel Cortés Hamdam duró casi una hora. Pero su texto publicado el 3 de febrero, mostró alejamiento de aquella intención inicial. Esto porque él respetó la mayor parte de mis opiniones y yo lo sobre informé con demasiados subtemas. Le ofrezco disculpas.

Retomo aquí la intención inicial del joven reportero que probablemente reflejé lo que piensen colegas en todo el país y podrían estimular a que más periodistas lleguen a los seis foros pendientes y hagan sentir su visión, sus muchas preocupaciones y otras propuestas.

¿Por qué los diálogos?

Alejandro Encinas Rodríguez, veterano político de la izquierda comunista, en su función de Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) convocó a siete diálogos regionales en torno a una nueva ley de protección para personas defensoras de los derechos humanos y periodistas. El primero de estos foros ocurrió en la Ciudad de México.

La realización de esos foros, a mi juicio, tiene dos propósitos de la mayor importancia:

Primero el reconocimiento y aceptación de que el mecanismo federal de protección está muy rebasado. Aumenta el caudal de amenazas, agresiones y asesinatos contra estas dos actividades. Los gobiernos estatales y municipales se han mostrado más que insuficientes, omisos y algunos irresponsables para cumplir con su obligación de proteger. También porque los delitos no son investigados e impera la alta impunidad.

Este desborde muestra la necesidad de otro andamiaje legal que posibilite un golpe de timón desde el sector central del gobierno de la federación.

La otra razón es esencialmente política. Convocar a estos diálogos es para propiciar más participación de las personas defensoras y los periodistas y otros sectores de población para estimular una atmósfera protectora, para conseguir un consenso social más amplio, más respaldo de la sociedad para que una nueva ley sea más legitimada.

Un mayor consenso social y político garantizaría que la nueva ley sea (como lo anunciaron desde la convocatoria) de alcance general y de aplicación obligatoria para los tres niveles de gobierno. Esta debiera ser la razón esencial para que más periodistas participemos en los foros

Una Red nacional de reacción rápida

Otro de los propósitos externados al convocar a esos diálogos es crear un sistema nacional de protección. Entre las propuestas que ya se reiteran entre periodistas se encuentran las siguientes:

Que se tomen en cuenta los diagnósticos que tienen periodistas en municipios, regiones y por estado para que sea realista el mapa de riesgos;

Que un sistema nacional debe establecer una red nacional de alerta temprana y reacción rápida entre las entidades del Estado obligadas a brindar protección;

Que esa red institucional acepte como coadyuvantes a las decenas de redes locales de periodistas que ya existen y que se multiplican paulatinamente. Redes que demuestran prontitud y efectividad para las denuncias y las primeras medidas protectoras, como lo demostraron el 25 de enero en la gran movilización de periodistas en 62 ciudades.

Un sistema realmente preventivo  

Igual se ofreció que la nueva ley tendrá un acentuado carácter preventivo. Desde hace años deambulan propuestas de periodistas que ayudarían a que ese eventual sistema nacional de protección sea verdaderamente preventivo. Por ejemplo:

Que la nueva ley general específique la aplicación de uno o varios programas que reduzcan las vulnerabilidades sociales y profesionales de personas defensoras y periodistas, porque cuando tienen demasiadas debilidades se facilitan los agravios en su contra.

Esto significa facilitarles la adquisición de fortalezas para que se conviertan en sujetos activos para su autoprotección y no solo en objetos de protección cautelar de tipo policiaco. Esto sería verdaderamente preventivo.

Estos programas de Estado para reducción de vulnerabilidades implicarían, muy posiblemente, la promoción de reformas a otras leyes, como las de Atención a Víctimas, del Seguro Social, la Federal del Trabajo, de Educación para capacitación continua como un derecho y hasta los códigos penales y civiles, con sus consecuentes planes y programas de políticas públicas y formas de evaluar su cumplimiento. 

Qué visión, de qué periodistas

El reportero Samuel Cortés Hamdam me inquirió durante la conversación qué tipo de periodistas decidirían participar entre la pluralidad del periodismo mexicano. Existe muchas visiones y corrientes entre periodistas, incluidas las empresas.

Por lo que conozco en 45 años de experiencia en el periodismo político y en la observación de nuestro entorno profesional, calculé que no se interesarían en participar en esos diálogos la mayoría de las personas que se dicen periodistas o que se reconocen así por la ley actual de protección.

Al igual que en la población mexicana existe, en el periodismo una pirámide económico social. En los niveles de arriba están los directivos y periodistas consolidados de los corporativos y medios industrializados de prensa que normalmente son mejor pagados y que (con algunas pocas excepciones) expresan poco o nulo interés por realizar actividades que protejan a sus colegas, a menos que agredan a alguien de empresas de este tipo, que por cierto han sido muy pocos desde 1984.

Cuando se realicen bien las tipologías de agredidos y asesinados comprobaremos que la mayoría no trabajaba en los grandes medios.

La base de la pirámide socio-profesional del periodismo ha ido agrandándose gracias las crisis recurrentes de la prensa mercantil, a las oleadas de despidos, a la creciente pauperización de reporteros y editores empleados.

En consecuencia, los de abajo, especialmente fuera de las grandes ciudades, son esa mayoría que padece al menos 10 grandes vulnerabilidades que facilitan los agravios y los asesinatos.

Y los más perjudicados debieran ser los primeros en asistir a esos foros. Los que por su trabajo cotidiano al reportear o generar información noticiosa que incomoda han sido afectados con amenazas, con agravios, con presiones diversas, con despidos, con malos tratos en sus empleos. Pero también los que comprenden mejor los avatares negativos de la actividad cotidiana de ser periodista.

Estas experiencias y visiones podrían ayudar mucho para ayudar a conformar otra etapa y mejor de un Estado que ha sido rebasado por la violencia general y por los crímenes contra dos actividades indispensables para la paz y la democracia. Todos sabemos que cuando alguna de estas personas es limitada o acallada se hacen vacíos en la información de interés social y la sociedad pierde.

El fiscalizador más agudo de AMLO es el organismo inglés Artículo 19

Rogelio Hernández López

Miradas de Reportero

Sin duda, nadie en México podrá leer un informe sobre la gestión de Andrés Manuel López Obrador tan documentado y tan perspicazmente crítico como el de Artículo 19, la organización civil fundada en Londres que, en uso de su libertad de expresión en México, difundió ampliamente el 23 de marzo.

En 278 páginas el documento enjuicia centralmente palabras y promesas del presidente, amplía su revisión a los temas de libertad de expresión para examinar también las decisiones de gobierno relativas a las instancias defensoras de los derechos humanos e incluso inspecciona hasta a los procedimientos para nombrar funcionarios.

De lo cientos de textos críticos, que son públicos e intencionalmente avispados, por los dos años del gobierno de López Obrador, este reportero no había encontrado una fiscalización más amplia, seria y aguda como el de este organismo. Desde el título se perfila la dureza de este documento: Distorsión: el discurso contra la realidad.

En él se acusa que la forma de gobernar del presidente “desancló el autoritarismo”; que su discurso es muy distinto a los hechos; que sus dichos en las mañaneras son “estigmatizantes contra la prensa”. Incluso agrega que esto significa “un permiso implícito” para agredir a medios y periodistas en todo el país con “efecto cascada”. 

Aseguran que. por esa estigmatización, 2020 fue “el peor año de agresiones contra la prensa” con 692, de las que 49.5 por ciento “fueron perpetradas por agentes del Estado (personas funcionarias públicas, fuerzas de seguridad civil y fuerzas armadas).”

¿Qué es Artículo 19?

En su sitio web se afirma que Artículo 19 se fundó en Reino Unido en 1987 y toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Oficina para México y Centroamérica inició operaciones en 2006.

Se asegura que “es una organización independiente y apartidista que promueve y defiende el avance progresivo de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información de todas las personas, de acuerdo con los más altos estándares internacionales de derechos humanos, contribuyendo así al fortalecimiento de la democracia.”

Según su información de Transparencia en la oficina de México trabajan de planta 32 personas, aparte quienes realizan servicio social. Con datos a junio de 2020 los salarios mensuales que paga al Director van escalando desde los 77 mil a los 120 mil pesos, para subdirectores de 51 mil a 80 mil pesos y los más bajos de 17 mil a 26 mil 500 pesos.

Su presupuesto en 2019 fue de 44 millones, 49 mil 969 pesos y en 2020 (cifras preliminares) fue de 31 millones, 125 mil 611 pesos. Sus fondos provienen, según sus datos públicos, de Gobiernos (Fondos de Agencias de Cooperación Internacional para el Desarrollo y Embajadas); Fundaciones Privadas; Empresas y Donantes Individuales.

El Consejo consultivo de esta oficina en México lo integran Javier Garza Ramos, periodista norteño;  Santiago Corcuera Cabezut, abogado del despacho Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosl; Adrián López Ortiz, periodista sinaloense profesor  del Tecnológico de Monterrey; Gabriela Warkentin, académica de la Universidad Iberoamericana (UIA) y directora de W-Radio; Adela Navarro Bello, periodista premiada por el Comité de Protección a Periodistas de Estados Unidos (CPJ); Renata Avila, abogada y activista guatemalteca; Laritza Diversent, activista cubana y refugiada política; y Michael Reed Hurtado, académico de la Universidad de Yale, Estados Unidos.

El director actual es Leopoldo Maldonado, a quien acompañan en la conducción y en la responsabilidad del Informe 2020 Dulce Ramírez, Verónica Rivera, Chiara Costanzo, Adriana Díaz y Rebecca Finnegan.

El duro informe

La viñeta caricaturizada que inicia la presentación de textos del informe es singularmente ruda, al igual que el título y casi todo el informe:

En el fondo aparece el rostro gigante del presidente López Obrador desfigurado por una enorme bocaza en donde parecen entrar dos tiras de banderines que reclaman verdad y justicia y de la que aparentan salir imágenes de mujeres que asedian guardias con cascos bajo la mirada de un burócrata. Una mujer logra introducirse a la garganta con un cartel que dice “un violador no será gobernador”.

El informe se integró con 9 partes, la mayoría conformadas con el rigor de los ensayos académicos por el manejo de datos, fuentes de información y lenguaje formal. En la mayor parte de subtítulos se percibe la agudeza del enfoque general al comenzar con citas de promesas o dichos del presidente que a juicio de los redactores no ha cumplido o resultan contradictorias. Sus apartados son:

La distorsión; La concentración y clausura de la información; La desigualdad informativa en la pandemia: El permiso para agredir a la prensa; La vocación por censurar internet; El desmantelamiento de la protección de derechos; La disculpa por el pasado y la negación del presente.

Y como en otros informes al final de los capítulos agregan recomendaciones en una “Agenda mínima 3.0 en materia de libertad de expresión e información”, una “Nota metodológica” y datos de transparencia sobre su Financiamiento.

Llama la atención de este reportero que esta vez el informe no se enmarcó en sus parámetros de libertad de expresión porque ahora desplegó una especie de fiscalización a los instrumentos o instancias del gobierno federal para la protección de los derechos humanos y también incluyó una revisión a las formas de hacer nombramientos de funcionarios federales, como para mostrar incongruencias de discursos y hechos del presidente López Obrador.

Lo normal en los informes anuales de Artículo 19 sobre México es enfocarse en la situación de los derechos relacionados con la información, la expresión, los agravios a periodistas y medios, como lo confirman sus líneas esenciales de operación que presentan en su sitio web: 

“La exigencia del derecho a la difusión de información y opiniones en todos los medios; la investigación de amenazas y tendencias, la documentación de violaciones a los derechos de libertad de expresión, el acompañamiento a las personas cuyos derechos han sido violados; y la coadyuvancia en el diseño de políticas públicas en su área de acción.”

En el texto de resumen y presentación del documento dicen los autores:

“Durante la pandemia —pero como responsabilidad directa del quehacer gubernamental a distintos niveles—, se consolidaron en el segundo año de la actual administración el miedo, la opacidad, la impunidad y la negación de la atrocidad. La desinformación, proveniente de diversas fuentes (incluso gubernamentales), abonó a una polarización que intoxica el debate público”.

Esta vez Artículo 19 se insertó como protagonista en la polarización política que critica al enfocar con perspicacia la gestión general de López Obrador y al acentuar su papel de fiscalizador ampliando la mirada a todos los derechos humano. Quizá lo hizo involuntariamente por necesidad de su trabajo esencial que desde 2006 nos ha servido a todos los mexicanos para vigilar y ampliar nuestros derechos a estar informados y expresarnos con libertad y seguridad. 

Otros responsables del silenciamiento a cuatro periodistas en Quintana Roo

Miradas de Reportero

Rogelio Hernández López

En apenas once meses ya se acumularon en Quintana Roo cuatro nuevos silencios, de esos que pesan más. Pudieron evitarse. Pero todo se acomodó para la muerte.

Con datos públicos e intercambios recientes se puede hacer un elemental análisis de riesgo que muestra las vulnerabilidades crecientes de nuestros colegas.

Primero, es extremosa la violencia y la corrupción en la entidad, impulsadas por las disputas de los dos grandes corporativos de la delincuencia mayor. Ellos provocaron esa atmósfera de corrupción, muerte y miedo que ya alcanzó a medios y periodistas. Y no parece que habrá frenos pronto.

Hay culpa del Congreso del estado que derogó la segunda mejor ley de protección a periodistas del país.

También del gobierno de Carlos Manuel Joaquín González que no quiso, o no pudo, instalar un mecanismo local de protección y reacción inmediata institucional y eficiente a pesar de peticiones de comunicadores y de la federación. 

Hay responsabilidad, por omisión, de las y los periodistas más organizados y serios que se bifurcaron en dos grandes corrientes por filias convenencieras y que no cesan de confrontarse. Eso aumenta la vulnerabilidad de todas y todos.

El mecanismo de protección federal, tuvo en sus manos a dos victimados, pero no le alcanzaron los recursos humanos ni sus protocolos para protegerlos; tampoco tuvo la fuerza para convencer a los gobiernos del estado y de los municipios de Cancún y Playa del Carmen para que les reforzaran la protección cautelar.

Los colegas mismos desestimaron las medidas mínimas de autoprotección: tres de ellos contribuyeron a una línea editorial de Playa News alejada de los estándares éticos básicos; sabían del entorno, recibieron amenazas, dos con alto riesgo evadieron a quienes les protegían: todos se confiaron y, los cuatro fueron citados a lugares específicos: uno para vender su auto y tres a bares por la noche. Acudieron. Y así, con ese mismo modo de operación, fueron asesinados. 

Hay al menos otros dos colegas en alto riesgo. Deseamos que todo este contexto cambie y ellos atiendan los protocolos básicos de autoprotección y tengan la solidaridad y apoyo del resto de sus colegas que puedan eliminar el encono sectario.

Los cinco silencios

José Guadalupe Chan, reportero y coeditor del semanario Playa News fue asesinado el 29 de junio de 2018. Le habían convocado al Bar La Baticueva.

Rubén Pat Cauich, reportero y propietario del semanario y portal web Playa News fue asesinado en 23 de julio de 2018 por la madrugada, también en un bar (Arre o Psicodelia) de Playa del Carmen. Tenía medidas de protección semi duras del mecanismo federal de protección. Se había solicitado que las reforzarán las autoridades locales.

Javier Enrique Rodríguez Valladares, camarógrafo de Canal 10 y colaborador en otros medios, fue ultimado en una avenida de Cancún el 29 de agosto de 2018. Había acudido a una cita probablemente para la compra venta de su auto. 

Francisco Romero, reportero de policiacas, ex colaborador de Playa News, director reciente del muro de Facebook Ocurrió Aquí de Playa del Carmen y colaborador de Quintana Roo Hoy, fue asesinado a golpes con remate de un balazo en la cabeza. Según la fiscalía el dueño del periódico. Amir Ibrahim Mohamed Alfie le llamó a las 5:05 horas para que acudiera al Bar Gotta. Allí encontraron su cuerpo dos horas después ese 16 de mayo. Tenía medidas de protección muy duras por el alto riesgo que corría, pero volvió a evadir su círculo de protección.

El semanario y portal informativo Playa News también fue acallado desde el mes de julio de 2018.

“…La muerte es el silencio más doloroso que el mismo silencio,” escribió Bertolt Brecht. Hay silencios que pesan más; por ejemplo, los que derivan del acallamiento a periodistas y medios porque impide que los otros se informen, se formen, se liberen, completaría Erich Fromm.

Responsabilidades

Graciela Machuca, reportera quintanarroense, colaboradora de Ricardo Rocha, del diario Por Esto y directora de Mayas sin Fronteras, en su carácter de consejera suplente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación ha estado insistiendo desde hace meses en señalar las malas prácticas y omisiones de los poderes de Quintana Roo. Lo hizo nuevamente el 15 de mayo, horas antes del crimen más reciente.

“La Fiscalía General del estado no da muestras de que trabaja”.

Y advirtió de otro colega en riesgo: “Ya paso un mes de la agresión a balazos que recibió en su domicilio particular, en la ciudad de Chetumal, el reconocido periodista Rubén Vizcaíno Aguilar. Y no ha pasado nada”.

Tampoco se habían tomado medidas suficiente para proteger al periodista Héctor Valdez Hernández, quien debió abandonar Tulum, apenas este 10 de mayo. 

Graciela y todos los periodistas dentro y fuera de la entidad saben que las fiscalías estatales tienen la obligación de investigar atentados y asesinatos y que, cada vez que un crimen no se investiga ni se castiga a los responsables materiales e intelectuales crece la impunidad, y esto es como una invitación a quienes delinquen para que sigan actuando.

“El Congreso del Estado ---señala también Graciela Machuca-- específicamente durante la XV Legislatura, por ignorancia en el tema de los derechos humanos abrogó la Ley de Protección Integral a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que obligaba a las autoridades estatales a generar condiciones para garantizar la Libertad de Expresión y la seguridad de ambos sectores de la población.”

Sobre las omisiones del gobierno del estado agrega la periodista “Por ello, ahora son normales y cada día con más intensidad, diversos agravios hacia personas trabajadoras de medios de comunicación, de parte de servidores públicos de los gobiernos federal, estatal y municipales.

El medio ambiente de miedo que alcanza a los periodistas de Quintana Roo lo reflejó ese mismo 15 de mayo la ex corresponsal de Televisa Ernestina Mac Donald al reaccionar por el cuarto asesinato de colegas allá, en menos de un año:

 “Justo ayer miércoles solicitábamos al gobernador Carlos Joaquín nos sentáramos a dialogar sobre el tema de la seguridad para los que ejercemos el periodismo porque los tenebrosos tentáculos nos están alcanzando a todos, sea en nuestro patrimonio, familia e integridad física”.

De la federación cada vez más se piden mayores definiciones y acciones. El mismo 15 de mayo, a propósito del segundo aniversario del asesinato del reportero sinaloense Javier Valdez, representantes de medios y periodistas en lo individual dirigieron un pronunciamiento al presidente de la República:

“Sabemos que hay disposición de su gobierno para mantener la protección, pero esto no es suficiente. Necesitamos ver acciones concretas a corto plazo.

“Hasta ahora, el Mecanismo de Protección ha sido un órgano reactivo, pero no considera la prevención como una acción fundamental para la protección, ni tampoco cuenta con una visión integral para coordinar  acciones con la propia Fiscalía, instituciones estatales, ni federales, para llevar a cabo una política de protección verdaderamente efectiva. Tampoco los gobiernos locales han asumido su responsabilidad en esta materia.

“Mientras esto sucede, vemos como cada día los ataques a periodistas se mantienen, sobre todo al interior del país… le exigimos:

“1.- Fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas donde se brinde una atención integral a sus beneficiarios.

“2.- Informar cuál será la política que implementará su gobierno para acabar con la impunidad en torno a los ataques a periodistas.

“3.- Abstenerse de utilizar un discurso estigmatizante contra medios y periodistas críticos de su gobierno.”

Y, sí, además de los asesinos intelectuales y materiales de periodistas, otros tenemos distintos niveles de responsabilidad para disminuir nuestras vulnerabilidades y cambiar la atmósfera de altos riesgos para frenar las agresiones y esa vergonzosa estadística de crímenes que aumentan estos silencios que pesan más.

Contacto: rogeliohl111@gmail.com