Las grandes obras de Andrés Manuel siguen avanzando

Felipe Mendiola Parra

Más claro ni el agua

Contra todos los pronósticos de los llamados conservadores, la obra del aeropuerto Felipe Ángeles se cumplió en tiempo y forma, entonces la lógica deja en claro que lo mismo va a suceder con la refinería Dos Bocas, el Tren Maya y el Corredor del Istmo de Tehuantepec.

Desde su anuncio hasta la inauguración, los que no están de acuerdo con la política del presidente Andrés Manuel López Obrador, le buscaron todos los defectos, los errores, las posibles deficiencias y finalmente ahí está funcionando el aeropuerto, donde los verdaderos conocedores, los pilotos, sobre todo, han opinado con autoridad la calidad adecuada de esta magna obra.

Podría ser coincidencia, pero al otro día de la inauguración de la terminal aérea, hubo un paro nacional del auto transporte, aunque dicen que en política no existen las coincidencias y felizmente el asunto fue superado, pronto será olvidado pero el aeropuerto no, porque ahí está, como la puerta de Alcalá.

Ese mismo día se habló con insistencia de la señora que vendió las tlayudas, como si ese tema fuera importante como para convertirlo en una noticia, pero tampoco tuvo eco negativo, tal vez se logró dividir la opinión y pude ver que muchas personas estuvieron de acuerdo con la señora vendedora.

Andrés Manuel nada contra corriente y perfectamente lo sabe, cada día el esfuerzo es mayor, pero como una locomotora, en este momento ya nada lo detiene.

Desde hace muchos sexenios no se habían podido ver obras gigantes como estas que están contempladas en el gobierno de la Cuarta Transformación, pero esas será el legado de este equipo de trabajo con una forma distinta de ver las cosas, de aplicar el presupuesto y de seguir combatiendo la corrupción.

El otro y próximo impacto que beneficiará la economía del sureste será el Tren Maya, para lo que se están construyendo 1, 500 kilómetros de vía y donde desde ahora se han generado miles de empleos en su construcción.

Esta obra con su efecto e importancia revertirá el rezago económico que han vivido las familias de esa importante región del sureste del país.

También cuando se dio a conocer en 2018, los opositores se dedicaron a buscar todo lo que pudiera frenarla, sobre todo señalando el posible daño al medio ambiente y a la afectación que traería como consecuencia el deterioro al hábitat de la flora y fauna, pero sobre todo de las comunidades indígenas, lo cual se ha ido resolviendo conforme avanzan esos trabajos.

Criticar es fácil, pero desde hace muchos años no habíamos visto este tipo de iniciativas y hoy somos testigos de esa transformación que seguramente, colocará a México en otro nivel de desarrollo.

Más claro ni el agua.

La reforma electoral que viene

Emilio Cárdenas Escobosa 

De Interés Público

En la historia reciente del país nunca se había vivido una relación tan tensa entre el presidente de la República y el Instituto Nacional Electoral (INE), cuya cereza en el pastel se dará seguramente en el momento en que Andrés Manuel López Obrador mande al Congreso su propuesta de reforma electoral. 

Desde hace varios meses, el Primer Mandatario anunció que ésta será, junto con la reforma eléctrica y la de la Guardia Nacional, las que consoliden su proceso de transformación del país. 

El argumento central esgrimido por López Obrador para justificar la reforma electoral es disminuir los gastos excesivos del Instituto Nacional Electoral, que las elecciones no cuesten tanto dinero y al mismo tiempo sean democráticas y libres para evitar los fraudes en los comicios. 

El mandatario federal defiende su propuesta argumentando que busca dar autonomía total a las autoridades y procesos electorales y asegurar que quienes coordinen los procesos sean personas de inobjetable honestidad, rectos y auténticos demócratas; así como reducir costos, pues actualmente el gasto electoral ronda los 20 mil millones de pesos. Una suma exorbitante que, desde luego, debe disminuirse en cuanto al gasto operacional del INE, pero especialmente en cuanto a las prerrogativas que reciben los partidos políticos. Durante 2022, los partidos en su conjunto recibirán un monto de 5 mil 822 millones de pesos. 

A través de la filtración de un borrador, se dio a conocer que con la reforma electoral se pretende desaparecer todos los órganos electorales locales del país y los tribunales estatales en la materia, a fin de que todas sus funciones estén centralizadas en el INE o en el Tribunal Electoral del Poder Judicial, respectivamente; así como hacer una renovación de la mayoría de los consejeros del instituto y de los magistrados del Tribunal Electoral, y ajustar el número de sus integrantes. 

Además, se busca reducir el número de diputados de representación proporcional en la Cámara que pasarían de 500 a 400, así como de senadores, de 128 a 96. 

De igual manera, se plantea el reconocimiento del derecho al voto a las personas en prisión procesadas que aún no han recibido una sentencia, el acceso a un cargo público a quienes tienen doble nacionalidad y que se impulse el sistema de voto electrónico. 

Siempre que se habla reformas electorales o que se han llevado a cabo adecuaciones al marco normativo tras procesos electorales federales se cuestiona que estos cambios han tenido su base en   propuestas formuladas por los institutos políticos, por lo que se les considera reformas orientadas a beneficiar a los propios partidos políticos y que surgen de acuerdos cupulares entre las diferentes fuerzas políticas en donde, además, se reparten las propuestas que toca hacer a cada partido de los consejeros electorales. Con ello, se arraiga la percepción de que existe una conformación sesgada y a modo de los órganos electorales. Ello siempre ha ocurrido así y en esta reforma electoral no será la excepción. 

No obstante, muchos se preguntan cuál es en realidad el propósito, más allá del ahorro de recursos en la organización de las elecciones. No hay que ir muy lejos por la respuesta: de lo que se trata es de cambiar a los actuales consejeros del INE, destacadamente el presidente Lorenzo Córdova y el consejero Ciro Murayama, que sostienen una fuerte confrontación con el presidente de la República, y de paso aprovechar el viaje para poner gente a modo. 

Ex consejeros electorales y analistas advirtieron de los riesgos que podría traer una eventual aprobación de una reforma que afecte el equilibrio del sistema electoral. De acuerdo a expertos en la materia ninguna reforma electoral debe buscar vulnerar o implicar un retroceso del sistema nacional de elecciones o caer en la tentación de “fusionar” al Instituto Nacional Electoral (INE) con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), como se ha comentado que se pretende también. 

No obstante, si en verdad se quiere llevar a cabo una reforma de fondo, que realmente le sirva al país, sería obligado revisar temas tales como establecer la segunda vuelta electoral, erradicar las prácticas de compra de votos que persisten; el poner un freno definitivo a la participación de la delincuencia organizada en las campañas y brindar plena seguridad a candidatos y ciudadanos y que se erradique el amedrentamiento de grupos delincuenciales; el que se ponga un alto al clientelismo corporativista desde los gobiernos y que se revise la forma de sancionar en verdad el uso de programas sociales con fines electorales; que se ponga un alto al encarcelamiento de adversarios políticos a través del uso faccioso de la fiscalías estatales, como se ha visto recurrentemente en las elecciones más recientes y en donde Veracruz ha dado la nota. 

De lo que se trata es frenar la intervención gubernamental en las elecciones a través del uso de recursos públicos que ha sido la constante, donde se obliga a empleados públicos, so pena de ser despedidos, a trabajar en labores de promoción (tal y como hemos visto en la recolección de firmas para la consulta de revocación de mandato), a asistir a eventos de campaña, a entre otras formas de utilización el aparato de gobierno en favor del partido en el poder.  

Todas estas prácticas presentes en nuestro país y que no son nuevas, desde luego, pero que hoy utilizan alegremente los gobiernos de la Cuarta Transformación, hacen nugatorios los principios de equidad e imparcialidad de la competencia electoral y con ello dañan la calidad de nuestra democracia. 

Una genuina reforma electoral deberá sin duda abordar todos los temas citados y trascender visiones de coyuntura y orientadas, dígase lo que se diga, a tener el control de las instituciones electorales. 

Ya veremos cómo se pone la cosa en la Cámara de Diputados donde la oposición se alista para defender al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ante una eventual iniciativa de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador que acote las funciones de ambos organismos autónomos en la arena política nacional. 

Para ello, el frente opositor busca el desahogo de las 142 iniciativas en la materia que se han presentado desde 2018 a la fecha y evitar que la iniciativa presidencial que se avecina las desplace de inmediato, así como a un par de propuestas que las bancadas del PRI y del PAN arman por separado. 

Lo que busca la oposición es presionar a la bancada morenista y a sus aliados para que la reforma político-electoral del presidente no pase en sus términos y se incluyan los puntos de vista de todos los grupos parlamentarios. 

Será sin duda, la de la reforma electoral, una discusión fuerte que se desarrollará teniendo como telón de fondo la enorme polarización que vive el país. Por el bien de México esperemos que haya altura de miras en los adversarios en este sensible tema que es fundamental para el futuro de todos. 

jecesco@hotmail.com

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La Casa Gris y su daño al discurso presidencial

Emilio Cárdenas Escobosa 

De Interés Público 

El tema que ha marcado la agenda pública del país en las últimas tres semanas y que tiene fuera de sí al presidente de México es la investigación hecha pública por el periodista Carlos Loret de Mola sobre el hijo mayor de Andrés Manuel López Obrador y sus propiedades en Estados Unidos. 

 

Las revelaciones sobre las casas en Houston, Texas, donde vivió y vive el primogénito del Primer Mandatario, el exhibir el estilo glamoroso de la pareja, donde el lujo y la buena vida, vida de ricos, plantea un dramático contraste con la forma de vida de millones de mexicanos y sobre todo con el discurso de AMLO que pregona la frugalidad, una vida austera, una personalidad pública humilde y que cuestiona acremente a los clasemedieros aspiracionistas y a todo ese conglomerado que etiqueta en el bando de los conservadores. 

 

Fue de tal impacto el tiro en la línea de flotación de la nave de la Cuarta Transformación con el trabajo periodístico de Loret de Mola que el presidente no ha logrado salir de este asunto. Lleva tres semanas abordando a diario el tema y, en el extremo, llegó a presentar una diapositiva que pretendía mostrar los ingresos del periodista en 2021, con datos supuestamente hechos llegar de manera anónima a las manos de AMLO, para contrastar esos presuntos ingresos con el salario del presidente. Un hecho duramente cuestionado por comunicadores, analistas y políticos de oposición de todos los colores, y que no se justificaba en manera alguna para sostener su tesis de que Loret es financiado por sus adversarios políticos.  

 

Este hecho de compartir datos de los ingresos de un ciudadano, sean reales o no, el tiempo dedicado a defender a su hijo, a buscar justificar sus fuentes de ingresos, y desde luego a arremeter a diario en contra de Loret y todo el que cuestiones los lujos de su hijo representa una sucesión de actos intimidatorios e inaceptables en una democracia porque representan sin más un abuso de poder. 

 

Por más enojado que esté López Obrador, por las implicaciones que estas revelaciones tienen en términos de la credibilidad de su discurso y del daño a su pretendida autoridad moral para fustigar a los que más tienen, ello no justifica que se deje de lado la mesura y la legalidad que debe normar los actos de un presidente de la República.  

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador está convencido que la información en contra de su hijo mayor es un golpe contra la Cuarta Transformación, movida por periodistas y medios financiados por lo que él llama la mafia del poder, y que cataloga de golpistas. Y como es lógico y ha sido más que evidente advirtió que no se dejará, no se quedará con los brazos cruzados. 

 

Este episodio marca un nuevo capítulo de su tensa relación con los medios y refuerza su convicción de que es “el presidente más atacado en los últimos 100 años”.  

 

Sin embargo esta escalada de la confrontación que involucra ya a instituciones públicas como el INAI a quien AMLO pidió que se hagan públicos datos de los ingresos de Loret; a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, sobre la que recae la sospecha de haber entregado indebidamente información al presidente; al Senado en pleno que tras un álgido y ríspido debate rechazó investigar el posible conflicto de interés que existiría entre los propietarios de la empresa contratista de Pemex Baker Hughes y José Ramón López Beltrán, corporación que habría facilitado una de las casa en la que vivió en Houston el hijo del presidente. 

 

El tono y el rumbo que han tomado las cosas muestran a un Primer Mandatario profundamente molesto y en algo impensable hasta hace un mes, evidencia que por primera vez desde que inició su administración ha perdido la iniciativa de fijar y controlar el debate público. 

 

Su cruzada contra Carlos Loret, Carmen Aristegui, y otros comunicadores que le resultan ya intolerables puede envalentonar sin duda a sus seguidores y a quienes no resisten revelaciones periodísticas. Y ello, en medio de una oleada de violencia contra reporteros y periodistas, la mayoría de los cuales, desde luego, no gozan de la fama y visibilidad de Loret, es sumamente peligroso si algún fanatizado seguidor decide defender a ultranza la causa de la Cuarta Transformación y a su líder moral. 

 

El tema seguramente dará para más, pero lo que va logrando es potenciar la polarización y la toma de posturas radicales de los bandos en disputa y naturaliza la visión maniquea y prepotente para enfrentar a comunicadores en todo el país.  

 

Ya en Veracruz el gobernador Cuitláhuac García dio muestra de ello con su actitud agresiva con una reportera, Sara Landa de Meganoticias, que por preguntarle sobre los grupos de abogados que pugnan por la derogación pendiente del delito de ultrajes a la autoridad -que es la piedra en el zapato del gobierno morenista de la entidad-, se llevó una grosera respuesta del gobernador, quien mostró así que sigue en plan de emular en todo al presidente López Obrador, hasta en su trato con los medios y en la intolerancia cuando lo sacan de su zona de confort. 

 

Como colofón puede decirse que el planteamiento de que periodistas, medios, intelectuales, organizaciones de la sociedad civil y todo mundo deben definirse, dejar de simular y mostrar abiertamente de qué lado están, es insostenible en una sociedad y un país que se precie de ser democrático, en donde la pluralidad de visiones y proyectos políticos y de desarrollo es lo que justamente da riqueza y fortaleza a una nación.  

 

No puede hablarse de traidores a la patria cuando se cita a los adversarios políticos. Es un concepto muy peligroso que inflama los ánimos derogatorios y las ganas de exterminar al de enfrente. El paso de la violencia verbal a la violencia física es muy, pero muy corto, lo sabemos. 

 

La defensa a ultranza de la Cuarta Transformación o la cargada para paralizarla y golpear al presidente por parte de sus críticos en absoluto nos ayudarán a resolver nuestros graves problemas.  

 

Por la salud del país deben enfriarse las cabezas y ya que tenemos a la vuelta de la esquina, el próximo 10 de abril, la consulta para la revocación del mandato, quizá sea esa la oportunidad de que civilizadamente midan sus fuerzas y sus apoyos. 

 

jecesco@hotmail.com 

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