PLANA MAYOR
Gaudencio García Rivera
Pareciera fuera de los altos círculos del Poder Judicial del estado que el rol que ha asumido el titular Alberto Sosa Hernández para eficientar, modernizar y combatir con mano firme la corrupción y opacidad que se registra con los representantes de la administración de justicia, va en serio y más allá de los prestigios y honras de la cofradía del Consejo de la Judicatura. Sosa no es ingenuo porque conoce como la palma de su mano los drenajes del Poder Judicial.
A seis meses de haber sido elegido como presidente del Tribunal Superior de Justicia, casi a la par de que asumió el poder el gobernador Javier Duarte, Sosa y los togados han caminado a paso de tortuga porque nos adeudan la reforma integral del Poder Judicial para evitar que éste continué supeditado a las decisiones verticales del Poder Ejecutivo –como ocurre actualmente- para elegir las vacantes de los nuevos magistrados y del Contralor Interno que es impuesto por el gobernador en turno, incrementar el presupuesto anual para mejorar salarios a secretarias y oficiales de los juzgados y, realizar una profilaxis de los proyectistas que operan en la salas de los magistrados.
En este camino, a veces sinuoso, hay la percepción de que los notables del Consejo de la Judicatura, del que don Alberto es el presidente, actúan en forma anodina pues es recurrente que los delincuentes que cometen delitos del fuero común los jueces los dejen en libertad al no acreditar el presunto delito. El Poder Judicial se cura en salud. Lo hizo en el sexenio saliente de la fidelidad su antecesor Reynaldo Madruga Picazzo –“El mandilón” de los togados, como él se solía calificar porque su salario lo cobraba puntualmente su cónyuge -, le echa la culpa a los Ministerios Públicos por no integrar debidamente las averiguaciones previas.
Los administradores de justicia no han estado a las circunstancias de los reclamos airados de los veracruzanos ni de sus pares. Tienen varios resquicios que resolver para evitar que en el presente y futuro la impartición de la justicia se partidice y se pisotee la carrera de servicio judicial. Su tutor continúa siendo el Poder Ejecutivo, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el falaz contubernio del Poder Legislativo.
Fue una afrenta que en los últimos meses del régimen fidelista se impusieran cuatro magistrados, identificados plenamente con las siglas del PRI, avalados por los diputados priistas y de la mayoría oposicitora de la LXI Legislatura local, sin que ninguno de los togados pusieran freno al poder metaconstitucional del gobernador saliente, con la excepción de la valiente magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros que recriminó el trapecismo de los priistas Ignacio González Rebolledo, Fernando Charlestón Salinas, Edel Álvarez Peña y Gladys Pérez Maldonado.
Sosa tiene todo el derecho defender al poder que representa y deslindarse de los yerros de la procuración de justicia, pero desde que llegó al poder del Tribunal Superior de Justicia ha evidenciado la independencia, soberanía y autonomía del Poder Judicial porque parece un empleado más al servicio del Poder Ejecutivo sin ningún rubor, en lugar de ser un auténtico contrapeso como lo establece la Constitución Política del estado.
El Ministerio Público por conducto del encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia, a cargo de Reynaldo Escobar Pérez, sostuvo, por cierto, un conciliábulo con el gobernador Javier Duarte este miércoles 11 en la Academia Regional de la Policía con todos los agentes del Ministerio Público para realizar un diagnóstico del trabajo que desarrollan y resolver los problemas sustantivos que impiden la eficiencia, prontitud y certeza para la integración de las averiguaciones previas.
Los representantes del Ministerio Público urgen que la Procuraduría General de Justicia los dote de mejores herramientas legales para perfeccionar las averiguaciones previas –con ésta se estaría impidiendo que los presuntos delincuentes obtengan su libertad cuando el juez correspondiente conozca su caso por falta de pruebas-, que la autoridad proteja a los testigos y a los propios Ministerios Públicos de las amenazas que los presuntos delincuentes, por terceros, recriminan para impedir que sean consignados.
La procuración de justicia, junto con Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social y Tránsito y Transporte, ha sido tradicionalmente el talón de Aquiles del gobierno del estado. El presupuesto asignado a este rubro es insuficiente, a tal grado que el reclamo generalizado de los agentes del Ministerio Público of de record es que en la altas esferas de la PGJE están actuando con mezquindad para dotarlos de papelería, tóner, computadoras y ventiladores y gasolina para desempeñar con eficiencia su trabajo, con la sugerencia abyecta de que lo pongan de su bolsillo, so pena de cesarlos. Hay un desaseo.
Otra perla que enfrentan los Ministerios Públicos, es la constante intimidación y zozobra que siembra el crimen organizado en diferentes distritos judiciales del estado, cuando son consignados por secuestro o extorsión, pues la mayoría de las veces se quedan en estado de indefensión sin que el titular de la PGJE disponga de la protección física del MP y de su familia. Ojalá que los reclamos de quienes representan la procuración de justicia hayan sido incluidos en la agenda del Plan Veracruzano de Desarrollo para blindar a la población de la delincuencia organizada. Comentarios a gau41@hotmail.com o gaude55@yahoo.com.mx
