Rogelio Hernández López
Miradas de Reportero
Esto tienen que verlo las y los colegas preocupados por hacer periodismo con seguridad –se repetía el único reportero invitado a ese inopinado encuentro de ochenta servidores públicos de 30 entidades de la República para seguir desarrollando su red de protección para personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.
El asombro crecía en el reportero, extraño en esa reunión, cuando los asistentes se presentaban ante los demás con su nombre, cargo y estado de origen. Anotaba tan velozmente como podía sin poder disimular una sonrisa:
- 18 personas llegaron de secretarías de seguridad pública o ciudadana;
- 16 de áreas de derechos humanos;
- 10 de fiscalías estatales, varias especializadas en libertad de expresión;
- 10 de institutos, mecanismos o instancias de protección específicas;
- 8 de secretarías generales de gobiernos;
- 3 de ministerios públicos especializados;
- 3 de áreas jurídicas de gobiernos.
De los 80 concurrentes, la mayoría provino de 30 estados, 31 eran mujeres. No se escuchó a nadie de Durango o Oaxaca. Las entidades con más presencia fueron Baja California y Veracruz con 6 personas cada una; Estado de México 4; Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Morelos, Sinaloa y Tamaulipas con 3.
Se presentaron también 2 enviados de la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 1 representante de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 2 consultores contratados por esa agencia para hacer encuestas de cómo mejorar esa red; la directora de CIMAC en representación del Consejo Consultivo del Mecanismo federal de protección y hasta un representante del Consejo de la Judicatura Federal.
--No sabía que estas reuniones fuesen tan concurridas y representativas. Esta tiene muchas significancias – se repetía el reportero invitado, que desde 1999 se autoimpuso hacer seguimiento de los relacionado con la protección a periodistas.
¿Dos efectos?
-¿Ya tiene efectos positivos esta red?—cavilaba mientras hurgaba en los datos recientes…
En los primero tres meses de 2023 bajó un poco el registro de asesinatos de periodistas. Trascendió que han caído tres periodistas, pero aún no se informa si fue por su ejercicio periodístico:
Abisaí Pérez Romero en Hidalgo que además de comunicador era estudiante y activista por derechos ambientales; Ramiro Araujo Ochoa en Baja California, era reportero independiente y fue acuchillado por dos adolescentes que presuntamente eran asaltantes y el reportero jubilado Carlos Acosta que fue hallado en un hotel de estancias muy breves en Calzada de Tlalpan de la Ciudad de México.
Al parecer paulatinamente ha disminuido también el índice de servidores públicos como agresores de periodistas, de cada diez agresiones bajó de 8 a 4.
En 2006, la organización de origen inglés Artículo 19, en su primer año de operación reportó que el 83.5 por ciento de agresores contra la prensa eran agentes del Estado.
En 2012, según los datos históricos del Mecanismo federal de protección este porcentaje de servidores públicos agresores de periodistas fue del 75 por ciento. Para 2019 la proporción había bajado al 54.3.
Y para 2022, según el informe anual de Artículo 19, las agresiones de los Agentes del Estado significaron el 42.53 por ciento.
Se redujo casi a la mitad este tipo de agresiones de servidores públicos o agentes del Estado, cómo les califica Artículo 19. Quizá sea un efecto de esta red. Pero los servidores públicos siguen siendo la mayoría de agresores.
Escueto comunicado
El comunicado 229/2023 de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal informó en ocho párrafos que El Mecanismo de Protección federal organizó el 'Encuentro Nacional de Autoridades para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas', (al que) se concibe como una red nacional que tiene como objetivo construir una política nacional e integral en la materia.
También resaltó que la reunión de un día, el 11 de abril, estuvo encabezada por Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Jesús Roberto Robles Maloof, director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores de la CNDH; Ricardo Cancela Neves, oficial de Derechos Humanos de la ONU en México; Roberto Iván Martínez representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.
“Se generó como acuerdo principal –informó el comunicado--, consolidar esta red nacional y sesionar periódicamente para que se cumplan los objetivos trazados y se fortalezca la coordinación entre la federación, los gobiernos estatales y las fiscalías generales de Justicia al buscar evolucionar hacia la regionalización de las respuestas derivadas de las problemáticas particulares de cada región.”
Pero esta reunión y la red nacional que estimula tienen muchas más significancias, les dijo a todas y todos los asistentes el reportero invitado a impartir la única conferencia del Encuentro que tituló La sociedad necesita que el Estado proteja a periodistas, pero ¿a cuáles?
Esta exposición fue en ocho partes sobre la definición de periodista que debe precisarse en una nueva ley; de la tipología de agravios desde 1982; de las vulnerabilidades estructurales de las y los periodistas; del desmadre legislativo que se hizo desde 2012 y otros temas…
Cuando todo era hostil y nada nos protegía
Comparar en una línea del tiempo lo que protegía a periodistas ayudó a valorar mejor los significados de esta reunión. Lo siguiente es una sinopsis del tema “desde antes de la ley federal casi nada protegía a reporteras y reporteros”…
Hace 33 años las y los periodistas de México que eran agredidos carecían de respaldo institucional de protección, de procuración de justicia y muchos menos derechos para ejercer.
Al contrario, en los años 80 y 90 trabajábamos con mucha inseguridad laboral y precariedad, bajo leyes restrictivas de la libertad de informar, pero sobre todo lo hacíamos entre demasiadas prácticas convenencieras, corruptoras y manipuladoras de la información de interés social que realizaban empresarios de medios y gobiernos de todos los niveles.
Por el lado legal, también nos amenazaba en lo general la ley federal sobre delitos de imprenta, promulgada el 12 de abril de 1917, que contemplaba castigo a periodistas por ataques a la moral y ataques al orden o a la paz pública. (Apenas fue derogada en marzo de 2023).
También teníamos como amagos muy concretos el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la mayoría de los códigos penales de los estados que sancionaban con cárcel a periodistas por los llamados delitos de honor.
Fue hasta 1990 cuando una coalición de la Coordinadora de Trabajadores de Medios y de la Unión de Periodistas Democráticos (UPD) conseguimos una ventanilla de atención de urgencias en la Secretaría de Gobernación. El coronel Fernando Gutiérrez Barios, entonces titular de la Segob, ordenó que se creara el departamento de atención a periodistas en riesgo dentro de la Dirección General de Derechos Humanos. Esa dirección fue el embrión de la CNDH en junio de ese año, pero hasta 1991 ésta creó el programa especial de atención a periodistas.
El 7 de junio de 1990, también por activismo de la Coordinadora de Trabajadores de Medios y de la UPD, la presidencia de la República aceptó fijar un salario mínimo profesional, pero solo para reporteros y reporteros gráficos de prensa diaria impresa. Fue el primer reconocimiento de que las y los reporteros realizan un trabajo especial de interés público.
Debió transcurrir otra década para que se comenzara a reconocer, pero muy lentamente que las reporteras, reporteros y otros periodistas necesitábamos ciertos apoyos y derechos para ejercer con seguridad, libertad y dignidad.
Hasta mayo de 2002 por presión de colegas del estado de Guerrero se promulgó la Ley Núm. 463, para el Bienestar Integral de los Periodistas. (Ley de fomento).
Luego en 2006 se creó la primera ley con derechos para el ejercicio: Ley del secreto profesional del Distrito Federal (actualizada en 2010 y sustituida en 2022) Con ese y otros derechos se crearon otras dos similares en abril y junio de 2011 (Sonora en abril y Chihuahua en junio).
En 2010, se creó la Fiscalía especializada para la atención de los delitos contra la libertad de expresión (FEADLE) y eso reconoció el derecho a que el ejercicio del periodismo es la actividad principal que debe protegerse judicialmente ante agresiones para salvaguardar los derechos ciudadanos a la información y de expresión,
Así, paulatina y descoordinadamente se han ido reconociendo algunos derechos para ejercer el periodismo de los 14 que, en promedio son reconocidos internacionalmente. Al repasar las legislaciones y ponderarlas en conjunto nos resulta un panorama un tanto sombrío, entre azul y buenas noches, como se dice en México.
Entre todo esto, las y los reporteros y otros periodistas de México se desempeñaron hasta 2012 cuando nació el Mecanismo (federal) de protección a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas. Esta ley y el Mecanismo federal de protección sí fueron una especie de parteaguas, pero ya están rebasados, entre otras razones porque siguió un desmadre legislativo y discoordinación entre autoridades de los estados con las federales para frenar, perseguir y castigar los agravios contra periodistas.
Por eso y más, el Encuentro es noticia
El reportero, en modalidad de conferencista no pudo evitar ponderar, ante toda la asistencia, varias significancias que a su juicio cobró este Encuentro de la incipiente Red Nacional de instancias y mecanismos gubernamentales de protección para activistas y periodistas. Les dijo:
Suponía que esta reunión significaría una buena noticia. Al ver a todas y todos ustedes se confirma: Este encuentro es un hecho inusual, novedoso, trascendente y de mucha conveniencia para los ciudadanos.
Mírense entre ustedes (que son jóvenes, la mayoría) y calibren lo que representan aquí y ahora para beneficio de las dos poblaciones que deben atender.
Su reunión de hoy es una gran noticia, al observarla en perspectiva histórica.
Fueron décadas en las que periodistas pedíamos enfoques y hechos para proteger realmente al ejercicio periodístico. Este Encuentro es una expresión concreta. Es posible probar que la gran masa de periodistas en México hoy está en peores condiciones que hace 25 años, excepto por la protección federal para cerca de 600.
La mera reunión de instancias de protección de los estados de la República trasciende; y será más importante si tomase acuerdos significativos.
Este Encuentro cobra más importancia porque atisba también una conjunción o colaboración, poco acostumbrada, entre protectores de periodistas con fiscalías que perseguirían delitos relacionados.
Contrasta también la iniciativa del gobierno federal actual para empujar la coordinación nacional.
Este Encuentro alimenta la posibilidad de que ustedes sean el embrión de un sistema nacional con visión de Estado. Esa es la gran noticia que debiera ser del interés cercano de la mayoría de periodistas de México por esperanzadora. Deseo de todo corazón que ustedes den otro paso, aunque sea pequeño.
Al final del Encuentro, el reportero testificó el trabajo de la concurrencia en cuatro mesas por regiones y de sus resultados. Pero la sorpresa y el gusto por el Encuentro casi insólito, se le diluyeron con una inquietud: ¿Cuándo construiremos una red nacional de autoprotección para disminuir el ser objetos de la protección pública y convertirnos en sujetos de acción para nuestra seguridad?
