Emilio Cárdenas Escobosa
La psicosis está instalada entre nosotros. Y no es para menos: la sucesión de hechos violentos, sobre todo en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, con un saldo notable de muertos y heridos entre sicarios, elementos de seguridad y ciudadanos inocentes, así como la puesta en marcha de aparatosos operativos de vigilancia de las fuerzas castrenses, tienen a la gente con el Jesús en la boca. Por eso la rumorología desatada este jueves en aquella zona de la entidad encontró campo fértil y causo estragos en el ánimo colectivo.
Padres de familia aterrorizados que corrían a recoger a sus hijos a la escuela; directivos y maestros cancelando actividades y dejando salir a los educandos, incluso de las universidades; usuarios de redes sociales haciendo eco de un sinfín de versiones disparatadas, no hacían sino dar forma al fantasma que roba el sueño a los veracruzanos. Y ese fantasma, construido con retazos de las escasas notas de prensa que abordan la violencia criminal, con rumores y comentarios de boca a boca de ciudadanos que en un afán de autoprotección intentan alertar a otros de los peligros que se ciernen en las calles y terminan por alimentar una espiral de desinformación, con el zigzagueante discurso oficial que un día dice que el crimen organizado está entre nosotros y se le combatirá con toda la fuerza del estado y al otro señala que vivimos en paz y que aquí no pasa nada, se nos apareció, o más bien se le manifestó con crudeza al gobierno de Veracruz.
La combinación del sentimiento de vulnerabilidad de la gente y la notable crisis de credibilidad gubernamental en el tema de la inseguridad dieron por resultado el caos vivido este jueves que llevó a la Procuraduría de Justicia del Estado a echar mano del delito de terrorismo para iniciar indagatorias contra los usuarios de las redes sociales que difundían versiones de atentados en escuelas, coches bomba o balaceras.
Con todo y los comunicados de prensa y declaraciones, lo mismo del Secretario de Educación Adolfo Mota que del propio gobernador Javier Duarte, enfatizando que está garantizada la seguridad de los alumnos en las escuelas del estado, en las redes sociales el pánico se alimentó y se sigue atizando con versiones diversas. Incluso el anuncio del inicio de acciones legales en contra de los twitteros que iniciaron la bola de nieve desinformativa, ha sido tomado con ironía, como una manera de salir al paso de la crisis, o disuadir a los cibernautas más críticos, dejando intocados a los verdaderos causantes de la situación de inseguridad, tal y como puede uno leer en comentarios de muchos, muchísimos usuarios, que bajo la lógica conspirativa también tendrían que ser investigados.
El problema central de todo esto es la falta de credibilidad de la población al discurso oficial. El desaparecer la información de los enfrentamientos y demás hechos violentos en los medios de comunicación, sea por censura o autocensura, ha convertido a las redes sociales como Facebook y Twitter en los vehículos de información de la mayoría de la gente, que -asustada, y con razón por la ola de criminalidad- cree a pie juntillas lo que ahí, responsable o irresponsablemente, se difunde.
El problema de comunicación gubernamental en este caso es muy serio. No debe perderse de vista que en tiempos de incertidumbre lo común es que los rumores se extiendan como reguero de pólvora y más cuando en la sociedad moderna las redes sociales juegan un papel fundamental en la comunicación al instante, en tiempo real, de lo que ocurre, por lo que ante la carencia casi absoluta de credibilidad de lo que informan los medios convencionales de comunicación, un comentario o muchos reportes de los cibernautas pueden adquirir proporciones enormes y dañinas, independientemente de su veracidad.
Sabemos que el ciudadano es desinformado por tradición y que la confirmación de los sucesos era tomada por buena siempre que la diera la prensa escrita o el famoso conductor los noticiarios televisivos o radiofónicos, pero ante el quiebre de la confiabilidad de éstos queda un vacío informativo que es llenado justamente por los “reporteros” de las redes sociales.
Ante una realidad de violencia que ahí está por más que se le quiera ocultar, y la falta de información de la gente derivada del hartazgo ante el idílico panorama que pintan los diarios locales, con sus loas al gobernante y a todo lo que diga o haga, o las intrascendentes notas de los noticiarios televisivos locales, lo que digan en las redes sociales hay que creerlo, “porque ahí está la verdad que nos ocultan”. Si la crisis de credibilidad en el gobierno es notable, la de los medios de comunicación veracruzanos ya toca fondo.
En materia de comunicación, al igual que en política, los vacíos se llenan. Con versiones disparatadas, malintencionadas o producto del miedo de la gente, pero se llenan.
La ausencia de una eficaz política de información en tiempos de crisis está dejando espacio a otras voces, a múltiples versiones de lo que los medios no pueden o no quieren ya decir. Es el precio de una errática comunicación gubernamental y no únicamente de “terroristas” informáticos.
Tan fácil que sería monitorear las redes sociales, reaccionar a tiempo, liberar a los medios de comunicación cautivos y alentar la libertad de expresión. Sin eso, por más comunicados de prensa o declaraciones que se emitan y aparezcan en primera plana, ya pocos les creen.
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