Rogelio Hernández López
Miradas de Reportero
No trasciende cuánto nerviosismo pulula en Palacio Nacional por el destino que dará la Suprema Corte de Justicia a dos leyes que contienen sendas aspiraciones presidenciales: recortar más aún el gasto publico en publicidad y ampliar la libertad de expresión de las personas servidoras públicas.
Es que esas dos leyes vigentes provocaron que aumentaran los frentes opositores activos que claman la intervención de La Corte para que las declare inconstitucionales.
En la oposición política activa directa contra esas leyes se colocan lógicamente el PAN, el PRI y el PRD y sus organismos civiles anexos; el Instituto Nacional Electoral se insertó de lleno a la militancia opositora; y ahora se han sumado organizaciones civiles encausadas a las libertades de información y de expresión; alcaldes, y, soterradamente, un sensible número de medios de comunicación y periodistas que se sienten afectados directamente.
Las acciones adversas se verán en los próximos días en el Congreso de la Unión, cuando se discutan las reformas a otros ordenamientos del llamado Plan B de la reforma electoral; en juzgados promoviendo amparos; en la Corte con más solicitudes para controvertir constitucionalmente dos leyes ya vigentes de esa reforma; y promoviendo, todos, las manifestaciones opositoras del 26 de febrero en varias ciudades del país.
Frenar las mañaneras
El martes 27 de diciembre de 2022 el Diario Oficial de la Federación publicó la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidad Administrativa, ya reformadas por las dos cámaras del Congreso de la Unión. Estas leyes forman parte del denominado plan B de la reforma electoral. Faltan las reformas centrales que se discutirán la semana del 20 al 24 de febrero.
La resistencia y oposición que provocaron fueron, por un lado, a que se conceda más libertad de hablar a los gobernantes en ambas leyes. El enunciado más claro de eso está en el penúltimo párrafo del Artículo 4 inciso VIII bis de la Ley General de Comunicación Social.
Se legisló que “No constituyen Propaganda gubernamental las manifestaciones de las personas servidoras públicas que realicen en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas.”
Los argumentos formales en contra de este aumento de la libertad de expresión de servidores públicos es que “se lesionarán los derechos de la ciudadanía con expresiones propagandísticas y menos información” y que en tiempos de campañas electorales “se distorsionará la equidad de la contienda.”
Pero pocos opositores reconocen públicamente su preocupación de que, con esos enunciados, se legitimará jurídicamente la práctica de las conferencias de prensa mañaneras en cualquier día y momento y que esta forma de comunicación se extenderá a todos los gobernantes, sobre todo en los medios públicos.
Menos dinero a medios
El otro aspecto mayor de la inconformidad ampliada es porque la Ley General de Comunicación Social establece, ahora sí, la obligación para todas las entidades de la federación, a gobiernos estatales y a los municipales de ahorrar en publicidad y propaganda en medios privados, evitar los gastos excesivos.
En los párrafos finales del inciso VII del Artículos 26 se asentó:
“El límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, en su conjunto, no debe rebasar el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos Anual correspondiente.
“En las Entidades Federativas, el límite de gasto que se haga en Comunicación Social a que refiere este artículo deberá estar homologado con lo dispuesto en el párrafo anterior.”
Desde que esta adición se aprobó en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, reaccionaron varias organizaciones activas por la libertad de expresión exigiendo más transparencia y equidad en ese gasto pero de la federación y que se lesionarán la autonomía de gobiernos estatales y municipales.
El PAN y el PRI promovieron que sus asociaciones de alcaldes y congresos que influyen a que se ampararan contra la restricción presupuestal; luego empujaron a que iniciaran procedimientos en la Corte para controvertir constitucionalmente esta ley completa
Gobernadores, alcaldes y otros servidores públicos de la oposición y más de uno de Morena saben bien que esta restricción a su recursos para publicidad significaría reducirles mucho sus capacidades políticas de buena relación con medios de comunicación, de la prensa, con periodistas y, por supuesto con sectores de población.
Esas y otras acciones opositoras han sido difundidas amplia y persistentemente por medios de comunicación especialmente los que han sido afectados por los recortes que el gobierno federal ha hecho en esos presupuestos. Estos medios no sólo son otro frente opositor sino promotor de los demás.
Es así porque el panorama futuro de muchos medios –como lo hemos descrito en otras colaboraciones—se torna más pesimista porque se mermarán mucho más sus ingresos si la Corte no frena la Ley General de Comunicación Social. Ahora se acotará a gobiernos estatales –varios de Morena-- y las universidades públicas que han evitado las políticas de austeridad en publicidad y propaganda en medios privados.
Demasiados medios de todos los tamaños fueron afectados en sus ingresos por el gobierno federal desde 2019 porque ha restringido severamente ese gasto. El promedio anual de erogación en publicidad del gobierno federal ha sido de 1 mil 700 millones en cuatro años. Eso contrasta con los más de 8 mil millones de pesos que gastó realmente el gobierno de Peña Nieto tan solo en 2018 .
Y para 2023 será mucho peor el panorama para la mayoría de medios de comunicación comerciales. En primer lugar porque la presidencia de la República decidió quitarse la cuarta parte del presupuesto autorizado (25 por ciento) de cada año para cubrir cinco seguros para periodistas independientes en el IMSS.
Esa política pública se extenderá a casi toda la República porque Morena y sus aliados controlan 21 gubernaturas, tienen mayoría en 19 congresos estatales y presiden 506 municipios; y es probable que para emular a la federación seguirán la práctica presidencial de ahorrar en publicidad y propaganda y, con más razón, si la ley no es anulada por La Corte.
Más presión a La Corte
Por esto y más, a partir de este lunes 20 de febrero se intensificarán los movimientos opositores contra estas leyes y por las que se discutirán este mes en el Congreso de la Unión por el Plan B electoral.
La oposición ampliada con organismos civiles, alcaldías, legisladores estatales permite augurar que sí serán cuantiosas las movilizaciones que se preparan para el último domingo de febrero y que con estas aumentarán más las presiones a La Corte para que declare la inconstitucionalidad de estas leyes o algunas de sus partes.
El diario Milenio informó el 17 de febrero que ya son 18 las impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Son 7 acciones de inconstitucionalidad y 11 controversias constitucionales. Los promoventes son PRD, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y el partido político de Jalisco “Hagamos”. Luego se sumó el INE y los alcaldes de Chihuahua, Monclova, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Huixquilucan, Guanajuato, Hermosillo, Morelia, General Cepeda y Durango, la mayoría panista.
Sin duda que por todo esto también hay nerviosismo en Palacio Nacional por el destino de sus aspiraciones de reducir los gastos onerosos en el INE, también del gasto publicitario y tener más libertad para los mensajes de sus gobernantes al estilo de las mañaneras. Mirada de reportero (rogeliohl@yahoo.com.mx).
