viernes, 14 de septiembre de 2012

Bermúdez: un golpe al hígado del amigo

PLANA MAYOR
Albazos por la sucesión de la rectoría

Gaudencio García Rivera

Cuando resta un año para la sucesión de la rectoría de la Universidad Veracruzana –por el mes de abril se estará expidiendo la convocatoria y en octubre del próximo año tomará posesión  el nuevo rector-, la fiebre para relevar al actual rector Raúl Arias Lobillo se ha desatado prematuramente en los  círculos académicos y políticos del estado.
Contra lo que digan sus malquerientes y críticos, Arias Lovillo ha hecho un trabajo con excelencia académica, de acuerdo con las notas de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), logrando posesionar a la Universidad Veracruzana en los más altos pedestales de la calidad académica del país y de América Latina.
En su segundo periodo como rector de la UV, Arias ha sorteado los vendavales políticos y económicos para elevar el número de académicos inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores  y en la Academia Mexicana de la Ciencia. 
Aunque la academia está fuera de la política partidista, con la excepción de los comicios locales o federales cuando los candidatos a cargos de representación popular cabildean en las universidades públicas y privadas las simpatías de los jóvenes universitarios, en el marco de los principios  democráticos,  pluralidad, equidad  y libertad que postula la Universidad Veracruzana, hoy la máxima casa de  estudios enfrenta el fenómeno de la sucesión por alcanzar la rectoría.
Los albazos para suceder a Raúl Arias, cuando faltan por lo menos 8 meses para que aparezca la convocatoria que fija los requisitos de los futuros aspirantes, han calentado el ambiente político académico en una campaña mediática, donde el primer círculo de la clase gobernante podrá llevar mano con un aspirante de solida trayectoria académica que represente el sello de la casa gubernamental, es decir, con la firma duartista. 
No faltó en este conciliábulo, la propuesta fútil de los oficiosos  y apologistas para que el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán se inscriba el próximo año en el hándicap por la  renovación de la rectoría –una especie de medir el termómetro de la simpatía de los académicos y de las altas esferas gubernamentales-, que  propiamente desmintió el hábil político de Nopaltepec, un día después de que un colega lo destapara para ocupar la rectoría.
¿Quiénes son los aspirantes para suceder al rector? Visibles, por el símbolo de la campaña mediática que se desarrolla, son a reserva de que en los meses sucesivos se incremente el listado:
El investigador Alberto Olvera Rivera, quien hace unas semanas enfrentó un abucheo orquestado de jóvenes universitarios cuando participaba en una  conferencia; el propio secretario académico de la UV, Porfirio Carrillo Castilla, quien no ha hecho públicamente su interés para participar en la sucesión; el investigador Rafael Arias Hernández, quien participaría por tercera ocasión.
Arias Hernández, ex funcionario de la Sefiplan en el régimen del fidelato, no ve con malos ojos su postulación en el próximo verano si la cúpula académica actúa con equidad, transparencia y certeza en el juego sucesorio por la máxima autoridad universitaria. Un proceso limpio, que no tenga asomo de parodia democrática.    
Pero a ocho meses de que aparezca la convocatoria para postularse por la rectoría, la administración de Raúl Arias Lovillo está urgida de que los académicos apoyen su política para consolidar el programa que se trazó al principio de su gestión y que se destraben los dineros públicos tanto de la Federación como del gobierno del estado, para construir las obras de infraestructura universitaria que están pendientes por erigirse en el estado. Hay que dejar a  un lado los albazos.
Por cierto, los dineros  públicos que demandaba el rector durante su tercer informe de labores al frente de la rectoría en su segundo periodo de la máxima casa de estudios el lunes 3 de septiembre, con la presencia del gobernador Javier Duarte de Ochoa, al otro día (martes 4) el Ejecutivo Estatal en un gesto de corresponsabilidad depositaba en la cuenta bancaria de la Universidad Veracruzana 80 millones de pesos, que le mereció el reconocimiento de la comunidad académica.     
Qué ladren los suspirantes, pero que depongan sus arreos. Hay tiempos  para lanzar cohetes y tiempos para recoger varillas. ¿O no es así florentinos?       
Bermúdez: un golpe al hígado
Lo que son los  azares de la vida. El súper secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, quien de alguna manera también se sacó la lotería al igual que  su jefe JDO con  la gubernatura de Veracruz, anda tan bien pertrechado y ocupado para que el crimen organizado en la entidad no provoque la paranoia de los veracruzanos,  que uno de sus incondicionales  favoritos le jugó una mala acción con uno de sus bienes patrimoniales. 
El personero quien le administraba un lujoso hotel  de su propiedad, ubicado en Costa  Esmeralda, se fue como el jibarito, loco de contento y con unos dineros en el bolsillo al viejo continente. El émulo de Eliott Ness le concedió todo el recurso financiero suficiente y su confianza para que promoviera el hotel en Europa, pero quien lo iba  creer: el ingrato amigo se fue de Veracruz… para nunca volver. ¡Qué golpe al hígado!
¿De cuánto hablamos? No fueron unos cuantos pesos para entrar a la puerta del viejo continente, no. Sería un periplo por los principales países de la Unión Europea, donde la moneda circulante es el euro que se cotiza un poco más que el devaluado dólar americano. Le asiste toda la razón del mundo al flamante funcionario duartista y propietario del hotel: tanto tiempo de acumular sus ahorros con la gota de su sudor desde la época del chirinato, para que un vival se haya aprovechado de su confianza. 
Esta piedra en el zapato, forman parte de la ambivalencia del poder público. Las leyes quedaron a  resguardo del museo político. Quién dice qué no se puede.
Comentarios a gau41@hotmail.com o gaude55@yahoo.com.mx 

domingo, 9 de septiembre de 2012

Fiscalía-PGR, contra los periodistas


Alvaro Cepeda Neri *

A  los gobernantes les repatea que existan los periodistas. Y más que en la Constitución y sus leyes reglamentarias, incluyendo las respectivas de los derechos humanos, se mantenga la libertad de expresión como una conquista política, para que los mexicanos tengan cómo manifestar sus opiniones. No se acaba de publicar una información y comentario con crítica sobre atentados, secuestros y homicidios de periodistas, cuando en Morelia, Michoacán, el comunicador e investigador Edgardo Morales –quien acaba de presentar su libro Palabra de caballero, donde se narra la historia de Los Caballeros Templarios– declaró: “Soy objeto de persecuciones y amenazas del gobierno federal y sus policías y soldados, al grado de que me tuve que cambiar de Apatzingán, con todo y mi familia”, como recogió la información el reportero-corresponsal Ernesto Martínez Elorriaga (La Jornada, 23 de julio de 2012).
Ya presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el periodista que en su texto exhibe la forma en que el citado grupo opera en la región de Tierra Caliente; el estado de guerra que impera en el país, donde el calderonismo, con uniformes de las Fuerzas Armadas y del orden, se enfrenta contra unas delincuencias a las que no ha podido siquiera contener y hace víctimas a todos los mexicanos. En tal contexto también los periodistas que cumplen con su deber profesional, sufren las consecuencias de los baños de sangre.
El gobierno federal, algunos gobiernos estatales y municipales, supuestamente, han implantado medidas para “garantizar” el oficio de la prensa. Diputados federales y senadores en el Congreso de la Unión, han dictado disposiciones jurídicas para más de lo mismo. Y es hora que los periodistas, como todos los mexicanos que quieren vivir en paz y apenas sobreviven en medio de la violencia, siguen siendo víctimas de toda clase de delitos que llegan a privarlos de la vida por homicidios nunca aclarados, como los más de 100 mil asesinados que arroja la “no-guerra” de Calderón, sin que sus familiares sepan, en un 90 por ciento, dónde fueron enterrados, incinerados o abandonados. Éstos son desaparecidos cuando sus cuerpos deberían entregarse a las autoridades forenses. Y es que, al negarse Calderón a promulgar la Ley General de Víctimas e iniciar una controversia constitucional, trata de no rendir cuentas y menos indemnizar a los deudos de esos mexicanos asesinados por marinos, soldados y policías.
La Comisión Permanente, integrada por diputados y senadores de todos los partidos, ante la ineficacia de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión, de la Procuraduría General de la República (PGR), citó a su enésima titular Laura Angelina Borbolla Moreno, y ésta, como los anteriores cuatro o cinco en el mal gobierno de Calderón, sólo se limitó a contestar los cuestionamientos por su pésimo desempeño, que “cuenta con un registro de 67 periodistas asesinados, 14 desaparecidos y se han integrado 37 averiguaciones con 74 probables responsables”, consignó en su nota la reportera Andrea Becerril (La Jornada, 18 de julio de 2012).
Las cuentas son carentes de veracidad, como muy pronto lo veremos en el libro de Carlos Moncada con prólogo de Miguel Ángel Granados Chapa (el último texto del periodista fallecido a finales del año pasado), donde puntualmente, el reportero sonorense ha documentado la situación que el gremio periodístico ha padecido de intencional falta de mínima seguridad para el cumplimiento de su trabajo. La PGR, a través de esa Fiscalía, no ha hecho su trabajo. Por el contrario está contra los periodistas. Así que éstos han tenido que cuidarse hasta de los funcionarios que no cumplen con sus obligaciones.
No hay la menor voluntad jurídica ni política de parte de Calderón por medio de la PGR y dicha Fiscalía para contribuir a proporcionar derechos y garantías a los periodistas. Y es que el calderonismo desprecia el trabajo de la prensa y más cuando ésta es crítica e informa sin censura. Calderón simpatiza con Televisa, Tv Azteca, los medios impresos y de la radio que no cuestionan los abusos, negligencias y actos fallidos del gobierno federal, de las entidades y de la administración defeña. Calderón es igual que Ebrard y éste que los desgobernadores, quienes, a la par de los delincuentes, arremeten contra el periodismo que no se somete al toma y daca de publicidad por silencio.
La Fiscalía de la PGR durante casi seis años, ha sido un órgano del Ministerio Público federal, que ha servido absolutamente para nada. Es una burocracia que se chupa el presupuesto de egresos en pagar a los que han sido sus titulares, quienes archivan averiguaciones y engañan a las víctimas de toda clase de delitos contra la libertad de expresión. Si en este país hubiera un imperio de la ley, un estado de derecho donde los funcionarios no interrumpieran su vigencia, entonces ya tendríamos juicios políticos contra ellos. Mientras tanto los periodistas siguen sufriendo por la inseguridad y una PGR-Fiscalía que está en contra de la libertad de prensa.

*Periodista

Fuente: Contralínea 301 / Septiembde de 2012