Edgar Palma Gómez
Dra. Namiko Matzumoto |
El Gobernador Javier Duarte de Ochoa tuvo un gran acierto al retomar la iniciativa de “Ley de Acceso a la Información Pública y para la Protección de los Derechos de los periodista” que fue presentada por un servidor en el Congreso del Estado el 13 de diciembre de 2001, y donde estaba contemplada la creación de un instituto que protegería a los periodistas y que garantizaría la libertad de expresión, sin embargo, tal parece que la Secretaria Técnica de dicho organismo, está más preocupada por justificar el uso del presupuesto asignado, que por ponerse a trabajar.
El escándalo se genero cuando uno de sus comisionados, el periodista Jorge Morales tuvo el atrevimiento de solicitar el proyecto de presupuesto anual de dicha comisión, ya que no le cuadraban los número, y razón le sobraba, ya que existen muchas inconsistencias que aún no han sido aclaradas por la funcionaria pública, quien se ha rasgado las vestiduras tratando de justificar de manera absurda el manejo de los 15 millones de pesos que tiene como presupuesto, asegurando que las declaraciones de Jorge Morales son “interpretaciones erróneas y carecen de sustento administrativo”.
Para ello, debemos hacerle varias aclaraciones a la funcionaría pública –llámese Namiko Matzumoto-, el objetivo de dicha Comisión de acuerdo a la ley 586, en su Capítulo I, artículo 2, es el de “atender y proteger la integridad de los periodistas, así como de promover las condiciones para el libre ejercicio de la profesión del periodismo, con pleno respeto al derecho a la información y a la libertad de expresión”, por lo tanto, no sólo la Secretaría Técnica, sino todo sus integrantes están obligados a ser transparentes, y hasta el momento, es lo que menos han hecho, porque estamos hablando que para salvaguardar el libre ejercicio del periodismo usarán recursos públicos, no privados.
Por lo tanto, resulta incongruente que Matzumoto Benitez aceptara que se elaboró un documento desglosando salarios, bonos y gastos que tendría esta comisión, “el cual era sólo para consumo interno, sin embargo el comisionado hizo sumas inexactas, no le cuadraron los números, yo le expliqué que le faltaba tomar en cuenta el pago de impuestos y otras prestaciones como el aguinaldo, por eso no le cuadraban los números”. Además, aceptó que se contrataron a 37 personas para la operación técnica y administrativa de la misma y que se otorgan bonos mensuales de 20 mil pesos a los comisionados denominados “bonos por actuación”.
Efectivamente, en su página de internet señalan que tienen aprobada una plantilla operativa–que considero exagerada-, de 38 personas – le falto un empleado a Namiko Matzumoto, de acuerdo a sus declaraciones expresadas en distintos medios de comunicación-, sin embargo, no señalan nombres, funciones, salarios brutos de acuerdo al puesto, ni los salarios de los comisionados, mucho menos, señala cual es el salario de la Secretaría Técnica –ya que el tabulador salarial es el que está contemplado en el presupuesto de egresos, pero no aclaran si el salario de los comisionados es equiparable al salario de un Secretario, Subsecretario, director de área, o algún puesto en especifico, etc.-.
Pero, veamos su plantilla operativa, 5 analistas administrativos, 1 analista financiero, 7 analistas jurídicos (parece despacho jurídico), 1 asesor, 1 cajera (no entiendo la función de la cajera, o acaso cobran o venden algún servicio), 2 choferes (tal vez no sepan manejar los integrantes de la comisión), 1 contralor, 3 directores de área, 1 intendente, 5 jefes de departamento (sigo sin entender la duplicidad de funciones entre los directores y los jefes de departamento, pero me queda claro que lo que importa es justificar el gasto del presupuesto), 1 jefe de la unidad administrativa, 1 jefe de tecnología de información (con un auxiliar en informática hubiera bastado, insisto, la idea es justificar gastos), 2 proyectistas (entonces cuál es la función de los directores y los jefes de área, me pregunto), 1 recepcionista, 1 secretaria, 1 secretaria ejecutiva, 1 secretaría particular (por favor, alguien me explique la diferencia entre cada una de las secretarias), 2 vigilantes y finalmente 1 visitador adjuntos (que desconozco su función). Ante la falta de información, debemos señalar que en cuanto a transparencia están reprobados.
Insisto, no estoy emitiendo juicios sobre la trayectoria de cada uno de los integrantes de dicha Comisión, -de hecho, tengo el honor de conocer a su Presidente, Rocío Ojeda, una excelente maestra de la Facultad de Comunicación-, pero creo que están “dando palos de ciego”, por tan sólo mencionar otro detalle, también en su página de internet en lo que se refiere a sus Planes, Objetivos y Metas, -es decir, su Programa Operativo Anual-, señala “Próximamente un apartado de transparencia”, lo cual crea muchas suspicacias, porque al parece no lo tienen, lo cual resulta una incongruencia, porque en la administración pública, antes de aprobar un presupuesto, se debe especificar los programas y acciones en los cuales se aplicaran los recursos financieros, y dicho programa operativo anual, deberá contener parámetros de medición cualitativos y cuantitativos, aspecto que tampoco han dado a conocer y ya va a terminar el segundo mes del año.
Para colmo, Namiko Matzumoto salió a declara a los medios de comunicación que buscarán que los periodistas empíricos cuenten con una licenciatura, con tan sólo acreditar algunos cursos en el Colegio de Veracruz y/o la Facultad de Comunicación, grave error de la funcionaria, -es loable buscar la profesionalización de los periodistas, pero no dando palos de ciego-, para empezar, ni la Universidad Veracruzana, ni el COLVER cuentan con una licenciatura en periodismo, en todo caso, la máxima casa de estudios en Veracruz cuenta con la licenciatura en Comunicación, no en periodismo, por favor, antes de emitir un comentario que busque justificar su desorientado trabajo, cuente con información verídica, evite pasar vergüenzas, y querer engañar a las personas que si pasamos por la facultad de comunicación.
Me queda claro que el Gobernador Javier Duarte esta buscando proteger a los periodistas, sin embargo, no creo que sea la mejor manera de hacerlo, cuando este instituto no cuenta con un Programa de Trabajo Anual, pero que si cuenta con una nomina exagerada; funcionarios públicos sin experiencia administrativa y que están duplicando funciones; funcionarios –como Namiko Matzumoto- que en lugar de transparentar el manejo de los recursos, salen a hacer declaraciones en los medios para señalar que la transparencia es un asunto que se maneja con “documentos de consumo interno”, y que no entiende las necesidades del gremio reporteril, esa es la realidad de este instituto, y me atrevo a señalar todas estas inconsistencias, precisamente porque fui el primero en exigir al Congreso del Estado la creación de un organismo de este tipo. Ojala no le suceda lo mismo que al Colegio de Periodistas.