Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Era febrero del presente año cuando ya se hablaba sobre investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) ante por el presunto desvío de casi 2 mil millones de pesos, por parte del diputado federal Tarek Abdalá quien había sido señalado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Tarek Abdalá, personaje muy cercano a Karime Macías de Duarte, fue tesorero de la Secretaría de Finanzas de Veracruz de febrero de 2012 a diciembre de 2014, puesto al que renunció para ir por la candidatura de su partido a la diputación federal por el distrito de Cosamaloapan.
Durante la revisión de la Cuenta Pública de 2013 -año en el que Abdalá fungía como tesorero- al auditar recursos federales que le fueron transferidos a ese estado, la ASF encontró que no había constancias de que el dinero se hubiera utilizado en los programas para el que estaba destinado.
En aquella cuenta pública se detectaron inconsistencias en el Seguro Popular, con un monto de mil 580 millones de pesos; en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), con 278 millones de pesos, y en el Subsidio para la Seguridad Pública de las Entidades y los Municipios (Subsemun), con 140 millones de pesos.
Lo que hoy se sabe es que la PGR, a través de la Subprocuraduría Especializada en Delitos Federales (la misma que abrió la investigación contra Javier Duarte) inició por lo menos 6 investigaciones en contra de Tarek Abdalá, todas derivadas de denuncias que presentó en 2015 la ASF.
Un detalle especial de estos casos es que las averiguaciones previas se iniciaron bajo el anterior sistema de justicia penal mixto, en el que estaba previsto un catálogo de delitos graves más amplio que en el régimen jurídico oral acusatorio.
En junio pasado fiscales de la PGR se presentaron en la Cámara baja con los citatorios dirigidos al legislador para que se presentara a declarar en calidad de indiciado en 6 averiguaciones previas.
El ex tesorero acudió ante el Ministerio Público Federal y se reservó su derecho a declarar; posteriormente, presentó una prórroga para emitir su testimonio por escrito y presentar pruebas de descargo.
Mientras tanto, Tarek Abdalá fue inhabilitado por la Contraloría General del Estado por 10 años, para desempeñar un cargo en el servicio público.
El contralor Ricardo García Guzmán anunció que emitió el procedimiento disciplinario administrativo número 171/2015 "tomando en cuenta los parámetros y tasación del elemento gravedad".
La Contraloría inició el procedimiento contra el diputado a petición de la Auditoría Superior de la Federación, derivado las observaciones sobre el manejo de fondos federales del año 2014, esto es, en casos diferentes a los que dieron motivo a las primeras denuncias de la Auditoría Superior de la Federación.
Las acusaciones versan por presunta desviación de recursos destinados a educación y salud, de más de 300 millones de pesos.
Por su calidad de diputado federal, Tarek Abdalá goza de fuero constitucional y para que la PGR pueda ejercer acción penal en su contra, antes debe solicitar un juicio de procedencia.
En el mes de junio, luego de ser citado en la PGR como indiciado, Tarek Abdalá promovió dos amparos, el 551 y 832/2016. La Juez Quinto de Distrito en Amparo Penal, Patricia Marcela Díaz Cerda le otorgó la suspensión definitiva ante cualquier intento de consignación, por lo menos hasta que este juicio de garantías sea resuelto en todas sus instancias.
También instruyó a la PGR resolver la solicitud que le hizo el ex funcionario para acumular en un solo expediente las 6 averiguaciones previas que integra en su contra la Subprocuraduría de Delitos Federales
La mira de la PGR está puesta en Tarek Abdalá. En caso de considerar que tiene un caso sólido y bien sustentado, en las próximas semanas podrían estar solicitando el juicio de procedencia en el Congreso de la Unión.
Otra opción sería guardar el expediente y esperar a septiembre del 2018, una vez que concluya su gestión como diputado federal y que ya se pueda actuar en su contra. Los delitos por los que se le procesa no prescriben en ese lapso.
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