La necesaria reforma electoral (II)

Emilio Cárdenas Escobosa 

De Interés Público

Como apuntábamos en nuestra anterior colaboración, la iniciativa de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido de entrada rechazada por legisladores y voceros de los partidos PAN, PRI y PRD por sus fobias a todo lo que provenga del gobierno morenista y a la oportunidad que vieron, sobre todo, de cobrarle cuentas al presidente por las constantes descalificaciones del primer mandatario al llamarlos traidores a la patria.  

Es lógico que se rechace porque no guste nada el que se proponga recortar las prerrogativas de los partidos y complicarles el mantenimiento de las costosas burocracias. Ello es entendible en los dirigentes de las fuerzas políticas, pero lo que no se entiende es que algunos analistas, académicos y buena parte de los opinadores y comunicadores, dejen brotar sus prejuicios y aún su desprecio a todo lo que huela a la 4T y rechacen a rajatabla y sin medias tintas la propuesta, calificándola como una vía para desmantelar las instituciones electorales y la propia competencia democrática. ¡Nos convertiremos en Cuba o Venezuela!, claman presuntamente preocupados. 

No obstante, debe destacarse -y eso los saben los académicos, opinadores y analistas- que es imprescindible buscar nuevas fórmulas para reconstruir el sistema de competencia política sobre la base de que es necesario abatir el costoso aparato creado para tal efecto, disminuir las prerrogativas que reciben los partidos políticos y buscar mecanismos más efectivos para lograr la plena representación política de estados y ciudadanos en los órganos legislativos y en los cabildos, sin dejar de lado la integración de la legislación electoral en un marco más simple y que trascienda el principio de desconfianza que ha hecho que México tenga uno de los esquemas legales y normativos más complejos y rebuscados del orbe. 

Sobre la reducción del financiamiento público a los partidos políticos se ha dicho que el desaparecer las ministraciones para el gasto ordinario abriría la puerta a financiamiento poco claro y aún de actividades ilícitas para que los partidos solventen sus gastos de oficinas, contratación de personal, etc. Esto efectivamente puede dar lugar a esta circunstancia, aunque es evidente que hoy por hoy no estamos lejos de ello: existe la presunción de que el gobierno en cualquiera de sus niveles, empresas o el crimen organizado están sufragando ilegalmente, desde luego, la operación de las organizaciones políticas. Lo anterior parece una verdad de Perogrullo vistos los recursos que mueven las fuerzas en contienda, particularmente la del partido en turno en el poder; así como lo hizo el PRI durante ochenta años y en su turno lo hacía el PAN, ahora Morena sigue la tradición de fondearse con recursos públicos al margen de las prerrogativas oficiales. 

La mejor manera para que los partidos no deban recibir ingentes recursos para sus actividades ordinarias y de campañas como sucede hasta ahora es muy sencilla: debe restringirse en la ley la entrega de artículos de cualquier naturaleza a los potenciales electores durante las campañas políticas, con excepción de folletos informativos, prohibir las movilizaciones de votantes el día de la elección y hacer más restrictiva e incrementar la penalidad en el capítulo de delitos electorales para la entrega de recursos y el uso disfrazado de programas públicos de corte social tendientes a condicionar el voto. Esto, desde luego no lo trae la iniciativa del presidente López Obrador, 

En cuanto a la reducción en el número de escaños en las cámaras del Congreso de la Unión, en los congresos estatales y en los ayuntamientos lo que plantea la iniciativa de reforma electoral es novedoso y perfectamente atendible si de reducir los costos de operación de todos estos órganos de representación se trata. Además, el incorporar un criterio de proporcionalidad pura, con sistemas de listas, permitiría integrar de mejor manera los cuerpos parlamentarios y edilicios, a través de la fórmula de cociente natural y resto mayor que se usa hasta ahora para hacer el reparto de curules y regidurías, y se reduciría notablemente la sobre y sub representación que vemos actualmente y que dan lugar a falta de correspondencia entre votos y curules que obtienen los partidos políticos. 

Al elegir por listas en lugar de por distritos, y considerando la disminución de espacios en congresos y cabildos, de acuerdo a criterios poblacionales, como plantea la iniciativa de reforma electoral, tendríamos una disminución muy importante de espacios y obviamente de presupuesto, al disminuir a nivel del Congreso de la Unión de 500 a 300 el número de diputaciones federales y de 128 a 96 las senadurías, 3 por estado.  

Pero lo novedoso es que en cuanto a los integrantes en los congresos locales se plantea una conformación de acuerdo la población de cada estado, con un mínimo de 15 y un máximo de 45 diputaciones por entidad. Así, el promedio nacional de disminución sería de 41%, y con base en el criterio poblacional, las entidades que más diputados locales tendrán son: el Estado de México, que contaría con 45 diputados; la Ciudad de México, con 31; Jalisco y Veracruz, con 29 cada uno; Puebla, con 26; Guanajuato, con 25; y Chiapas y Nuevo León, con 24. Como puede verse, el Congreso del Estado de Veracruz pasaría de tener 50 curules a solo 29, perdiendo 21 asientos con el consiguiente ahorro económico que ello supone si nos atenemos a que un solo diputado entre su dieta, los apoyos legislativos, gastos de representación en su distrito, asesores y lo que usted quiera sumarle nos cuesta a los contribuyentes veracruzanos no menos de 170 mil pesos mensuales. Haga cuentas. 

Para el caso de las regidurías en cada municipio del país también hay una reducción a partir de una escala para asignar 1, 3, 5, 7 y 9 regidurías de acuerdo a la población de cada municipio. En lo que toca al estado de Veracruz solo Xalapa y Veracruz tendrían 5 regidores y los restantes 210 municipios de la entidad se integrarían por un máximo de 3. Esta nueva composición de los cabildos sin duda tendría un gran impacto en el gasto corriente de los ayuntamientos al eliminarse cientos de regidurías que solo generan gastos y más por los onerosos salarios que se asignan los regidores. 

La propuesta de reforma electoral plantea también la centralización de la organización de todos los procesos electorales en el nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas por lo que desaparecerían los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales estatales. Al respecto debe recordarse que ya desde el año 2013, cuando se discutía la reforma electoral que se llevó a cabo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y se cambió el nombre de Instituto Federal a Instituto Nacional Electoral, uno de los temas a discusión fue justamente desaparecer los Oples para frenar a los gobernadores de los estados que metían las manos en estos para condicionar triunfos y derrotas de acuerdo a su interés, lo cual evidentemente no sucedió y se retoma ahora, cuando la experiencia ha demostrado, y aún en gobiernos morenistas como el de Veracruz, que efectivamente estos órganos y los tribunales locales están al servicio del gobernante en turno, pues es el gobierno estatal el que cubre su presupuesto y obviamente con ello tienen sujetos a los consejeros y magistrados para actuar como se les indique. 

Lo que sí es un punto importante de la propuesta de reforma y por lo que vale la pena que se aterrice es el ahorro presupuestal que implica pues estos órganos administrativos y jurisdiccionales locales cuando no es año electoral tienen que estar inventando actividades, cursos, conferencias o trivialidades en las que entretenerse y que justifiquen su presupuesto. El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) tiene para el 2022, que no es año electoral, un presupuesto de 80 millones 597 mil 026 pesos y el Organismo Público Local Electoral (OPLE) recibirá en este año, 660 millones 008 mil 047 pesos. Ello sin contar los estratosféricos sueldos que reciben consejeros y magistrados, que son las becas mejor pagadas de Veracruz, más el presupuesto para sus asesores, vehículos y gustos caros. 

Otro tema interesante de la propuesta es la apuesta por la utilización del voto electrónico que permitiría reducir el costo de las elecciones, tener resultados de manera inmediata, menos errores en la documentación electoral como sucede siempre, entre otras bondades. No obstante, como en todo acercamiento a mejorar la tarea de organización de las elecciones, esto pasa por dejar atrás el principio de desconfianza que haría que los adversarios políticos se lancen acusaciones de falsear los resultados, introducir algoritmos para favorecer a un candidato o partido, etc. La añeja historia de recelo e incredulidad que conocemos. 

Hasta aquí algunos apuntes sobre la propuesta de reforma electoral que habrá de discutirse y votarse en el Congreso de la Unión en los próximos meses, planteamiento que contiene diversos aspectos positivos, así como otros temas que parecen ocurrencias forzadas a incorporarse en la ley como la elección por voto popular de los consejeros electorales del INEC y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Sin embargo, habrá que conocer las propuestas de reforma electoral de los partidos de oposición en los trabajos de parlamento abierto que se ha anunciado. E insisto: si Morena pretende obviar la búsqueda de consensos, si no tiene apertura para escuchar y desechar temas que polaricen, o no acepta negociar la permanencia de algunos asuntos por la salida de otros de la iniciativa final, la propuesta electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador irá al fracaso. 

Vivimos un clima de polarización de tal magnitud que se ve poco probable que se llegue a acuerdos con los partidos de oposición, no obstante, los alcances de la propuesta y la necesidad real de que nuestro sistema electoral y de partidos políticos se ajusten a la nueva realidad del país, lo que, con espíritu deportivo y democrático, obligaría a que todos, y en primer lugar el presidente López Obrador y los líderes de su partido, hagan concesiones. 

Si de altura de miras de los actores se trata, el presidente de la República debe dejar en claro, si realmente busca la transformación del país en lo político, que esta propuesta de reforma electoral no fue solo un anzuelo lanzado para subir el tono de la confrontación y, a sabiendas de que será rechazada, utilizar esta circunstancia como estrategia de campaña. Como los partidos de oposición deben mostrar que lo suyo, como prometen, ya no es más medrar con el poder y el presupuesto público, y están dispuestos a servir a la patria y a los mexicanos.  

Se vale soñar. 

jecesco@hotmail.com 

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El informe de la ONU sobre desaparecidos en México

Emilio Cárdenas Escobosa 

De Interés Público 

El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas presentó su informe sobre la situación en México en este sensible tema, que se ha convertido desde hace al menos veinte años en una pesadilla para miles de familias en nuestro país. 

Luego de la visita oficial que realizó una delegación del organismo en noviembre del año pasado para realizar trabajo de campo, reunirse con autoridades federales y estatales, con comisiones de búsqueda, familiares de víctimas, funcionarios, organizaciones de derechos civiles, entre otros, y de constatar el trabajo de rastreo que realizan los colectivos de búsqueda, las exhumaciones y verificar los sistemas de registro forense, este martes 12 de abril desde Ginebra, Suiza, el Comité hizo públicas las conclusiones de su informe que es contundente y que no cayó nada bien al gobierno de México.

Sus conclusiones son rotundas: la impunidad y la violación a los derechos humanos es la norma, existe colusión de servidores públicos con el crimen organizado y - lo que más caló hondo en el ánimo presidencial- que dejar la estrategia de seguridad pública en manos de los militares solo ha agravado el problema. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó de inmediato el informe elaborado por el Comité de Naciones Unidas que documentó las desapariciones forzadas en el país y desestimó las conclusiones. “Ellos no tienen, con todo respeto, toda la información. No están actuando con apego a la verdad”, respondió el mandatario y dijo que en México el Ejército ya no se usa para reprimir, desaparecer a personas o para matar heridos; aseguró que ellos, los integrantes del Comité, no “vieron nada de los abusos y crímenes de Estado” que se cometían en el periodo neoliberal. 

Pero más allá de los reproches presidenciales, lo central es que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas ha instado a México a abandonar “de inmediato” el enfoque de militarización de la seguridad pública en el país vigente desde los años noventa y que, pese a los ofrecimientos de campaña del hoy presidente, se mantiene vigente y se ha incrementado durante su gestión.  

Y quizá la parte más fuerte del informe es que las desapariciones forzadas continúan siendo cometidas directamente por agentes públicos del ámbito federal, estatal y municipal y que la delincuencia organizada se ha convertido en “un perpetrador central” de desapariciones, “con diversas formas de connivencia y diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”. 

El informe señala que actualmente en México hay 98.944 personas desaparecidas, 66.651 durante lo que va de este sexenio; que solo entre el 2% y el 6% de las desapariciones han sido judicializadas hasta el 26 de noviembre de 2021, y que solo se habían emitido 36 sentencias en todo el país. Así de grave la situación. 

Para el Comité la conclusión es obvia: la impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas. 

El informe señala que los datos “evidencian la estrecha relación entre el incremento de las desapariciones” y la militarización de la seguridad pública. Por eso, ha recomendado al Gobierno “fortalecer a las fuerzas civiles del orden” y poner en marcha un plan de retiro “ordenado, inmediato y verificable” de los militares de esas tareas.  

Los expertos independientes han instado al Gobierno a adoptar de forma “urgente” una política nacional de prevención y erradicación “para que en México la desaparición deje de ser el paradigma del crimen perfecto”. 

Las conclusiones del Comité de la ONU nos remiten a la lacerante realidad que vivimos en México en materia de desapariciones forzadas y de impunidad. Por más que se quiera negar o matizar, la realidad supera cualquier argumento de defensa. 

jecesco@hotmail.com 

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La consulta para la revocación de mandato se pervirtió

Emilio Cárdenas Escobosa

De Interés Público

Una consulta para la revocación de mandato es un ejercicio por el que se pregunta a los ciudadanos si el presidente o un servidor público elegido por votación debe dejar su cargo por pérdida de confianza. Es una de las formas de participación ciudadana directa que prevén las leyes en muchos países. 

Desde que inició su gobierno Andrés Manuel López Obrador ofreció que a la mitad de su gobierno preguntaría a los ciudadanos si desean que siga hasta concluir su encargo o quieren que se vaya.  

No obstante, nadie ha pedido que se vaya el presidente.  

No hubo promotores para activar la revocación de mandato por pérdida de confianza, y en cambio los más interesados en que se realizara la consulta fueron, paradójicamente, el presidente de la República y los suyos. El México surrealista en todo su esplendor. 

Por ello, la consulta solo ha servido para agudizar la polarización política en el país.  

Entre los adversarios del presidente decididos a descarrilar este ejercicio y calificarlo como un acto de egolatría de López Obrador y en consecuencia llamando a no participar el próximo domingo. Donde hay, desde luego, algunos de entre sus acérrimos opositores que candorosos llaman a votar para que se vaya, sin caer en la cuenta de que los niveles de aceptación del presidente son tan altos que es ingenuo pensar que alcanzarán la votación que establece la ley para que sean vinculantes los resultados, esto es, 37 millones de votos. Y más cuando han carecido de la capacidad de construir un discurso medianamente creíble, más allá de sus arrebatos viscerales en redes sociales o en medios de comunicación antilopezobradoristas, de las razones válidas y compartidas por una amplia mayoría, para sacar al mandatario. 

Y del otro lado, están los adeptos a López Obrador, los funcionarios de su gobierno, los gobernadores, legisladores, ediles y todos los militantes activos de Morena que han convertido la consulta en un torneo para demostrar quién es el más obradorista de todos.  

Y en esta competencia no han tenido reparos en crear asociaciones de dudosa procedencia y con millones de pesos para promocionar lo que llaman la ratificación del presidente, o en utilizar recursos públicos, presionar a empleados de gobierno para hacer proselitismo, recabar firmas, credenciales de elector, hacer acto de presencia en marchas y eventos y alistarlos para el acarreo de votantes el próximo domingo, so pena de ser despedidos. 

La consulta se ha desnaturalizado a tal grado que, convertida en una elección de Estado, con la imagen de un solo candidato en espectaculares, bardas, promocionales y donde se podía, se ha acreditado un dispendio de recursos inexplicable en un gobierno como el de López Obrador y en los de los estados donde gobierna Morena, en los que se supone que prima la austeridad, y donde el control del gasto público, los recortes presupuestales y la desaparición de programas, fideicomisos y demás han sido la norma en estos tres años. 

Pero llegó la famosa consulta para la revocación de mandato y todo ello se olvidó. 

Eso es lo lamentable en los días que corren y de cara a lo que pudo haber sido un ejercicio de participación ciudadana para fortalecer nuestra democracia, al que convirtieron entre todos en un factor de división.  

Entendible en los adversarios del mandatario, movidos por sus añejos prejuicios y odios, pero fuera de lugar en un gobierno que en cada momento subraya que no son iguales a quienes los antecedieron en los cargos públicos. Pero resulta que sí, tal y como ha quedado acreditado en esta competencia, donde se han pasado por el arco del triunfo ordenamientos constitucionales y legales, y sin pudor alguno luchan por exhibirse en mítines, concentraciones y desde luego en redes sociales como los más férreos defensores y seguidores del presidente.  

Ya en la víspera de la realización de la consulta para la revocación de mandato el Congreso de la Unión publicó un decreto que interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental, por lo que se eliminaría la prohibición a funcionarios públicos, incluyendo al presidente Andrés Manuel López Obrador, de opinar y promover la consulta. Una forma tramposa de evadir la limitación legal sobre propaganda gubernamental en tiempos electorales. 

Esta reinterpretación del concepto de propaganda gubernamental siguió generando polémicas e impugnaciones, y que llevó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a considerar que el decreto que permite la promoción de la consulta de revocación de mandato no aplica para los procesos electorales en marcha, ni en el propio ejercicio que se realizará el próximo 10 de abril.  

Desde luego que esta resolución llevó al INE a solicitar a todos los políticos de Morena que tienen propaganda en favor de la consulta a retirarla y a no hacer más promoción de la misma; exhorto que llega tarde y que no ha sido ni será atendido. 

La impresión colectiva es que la consulta del próximo domingo es solo un ejercicio inútil y costoso para medir la popularidad del presidente y un termómetro o la súper encuesta cuyos resultados permitirán a López Obrador tomar decisiones rumbo al 2024. 

Pero a mi juicio, al final del día los resultados de la consulta del próximo domingo 10 de abril serán el punto de partida para la ofensiva final contra el INE rumbo a la reforma electoral que comenzará a discutirse. 

El árbitro electoral será a juicio del presidente y los suyos el responsable de que no se alcancen las cuotas que se han fijado para el domingo que viene.  

Porque de las cifras que obtengan a nivel nacional y en cada estado dependerán las próximas candidaturas de Morena. Por eso el dispendio al margen de la ley y los exabruptos que hemos visto y, sin duda, el masivo acarreo que, al estilo de los tiempos gloriosos del PRI, se espera en la jornada del domingo. 

En eso terminó lo que pudo haber sido un ejercicio para fortalecer nuestra cultura cívica y democrática y que se pervirtió al extremo. 

¿Usted qué opina? ¿Acudirá a votar este domingo 10 de abril? 

jecesco@hotmail.com 

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El costo de la guerra

Emilio Cárdenas Escobosa 

 De Interés Público 

El conflicto bélico que se vive en Ucrania tras la invasión de este país por tropas rusas ha conmocionado al mundo por la ruptura de la legalidad internacional y la grave amenaza a la paz mundial por todos los actores involucrados, más allá de las partes directamente en conflicto en este momento.  

El saldo de esta guerra que libran Rusia y Ucrania crece día a día. El asedio de las tropas rusas a Kiev la capital de Ucrania y a las principales ciudades y puertos de esa nación, los bombardeos indiscriminados y la dureza de los ataques, nos muestran una invasión que, según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, busca “borrar” al país.  

Los cruentos combates en el territorio de Ucrania y las fuertes escenas de millones de ucranianos abandonando su patria, la destrucción en las ciudades, los bombardeos en hospitales y otras instalaciones que no deben ser por ningún motivo objetivos militares, actualizan el debate sobre los límites que deben tener los ejércitos en conflicto en toda guerra y la necesaria y urgente protección de la sociedad civil, de los cuerpos de socorro, de los heridos y aún de los prisioneros. Todo lo que regula el derecho humanitario internacional, que por lo que hemos podido ver poco importa a las fuerzas rusas decididas a someter a Ucrania. 

Para muchos analistas internacionales la cuestión económica es sin duda uno de los factores que han imperado en las decisiones del gobierno ruso para embarcarse en esta aventura bélica, ya que debajo de Ucrania hay gaseoductos que surten a Europa de gas ruso y de países de Oriente Medio, recurso considerado de vital importancia para el abastecimiento de la energía europea. Además, Ucrania es el país con más reservas de uranio recuperable de Europa. 

Y como sabemos, en respuesta a la ofensiva militar rusa el mundo occidental ha puesto en jaque a la economía de ese país con una serie de medidas y sanciones para obligar al gobierno de Putin a cumplir con la resolución de la Asamblea General de la ONU que condena la invasión y que fue ratificado por 141 de los 193 países miembros de Naciones Unidas, México entre ellos.  

Así, la economía rusa se ve golpeada por las sanciones impuestas tras la invasión de Ucrania el 24 de febrero, dirigidas prioritariamente contra el Banco Central y los principales bancos rusos. Occidente ha bloqueado unos 300 mil millones de dólares de las reservas de oro y divisas del Banco Central de Rusia, casi la mitad de sus reservas.  Y las sanciones pasaron a un nivel mayor, cuando el presidente Joe Biden decretó un embargo sobre las importaciones estadounidenses de petróleo y gas rusos. 

Preocupante sin duda el rumbo que van tomando los acontecimientos.  

Sobre todo, porque la ofensiva de Rusia en territorio ucraniano afecta de manera muy importante las cadenas de suministro mundiales, que ya están al límite luego de más de dos años de la pandemia del Covid 19 y la pérdida de dinamismo de la economía global. Aunque Rusia sólo representa una pequeña proporción de las importaciones de los principales países fabricantes, como Alemania y Estados Unidos, es proveedor esencial de materias primas y energía para muchas cadenas de suministro fundamentales, por lo que las sanciones impuestas por las naciones occidentales han dado por resultado una grave crisis en la materia, la más severa que se recuerde. 

De acuerdo a datos de analistas económicos, Rusia es uno de los principales exportadores de muchas materias prima y exporta, por ejemplo, el 78% del gas a Europa, el 69% del platino a Reino Unido, un 27% del paladio a los EEUU, el 24% de fertilizantes a Brasil y el 22% del trigo a Egipto. Además, China recibe de Rusia níquel (44%), crudo (35%) y aceite de girasol (24%). 

No debemos olvidar además que Rusia es el segundo mayor exportador de crudo del mundo, por detrás de Arabia Saudita, por lo que la falta de petróleo repercutirá en las refinerías y en su capacidad de producción de productos derivados del crudo. Además, Rusia es el segundo mayor exportador de gasolina y diésel, justo por detrás de Estados Unidos, y su mayor mercado de exportación es Europa, donde Francia, Alemania, Turquía y el Reino Unido son los países que más gasolina y diésel ruso consumen al día en volumen. Solo Francia consume 125 mil barriles diarios. 

Rusia también es el mayor exportador de gas natural, con cerca de 198 mil millones de metros cúbicos. Y la mayor parte va a parar a Europa. De hecho, Alemania, con algo más de 56 mil millones de metros cúbicos, es el mayor país receptor de gas natural ruso a través de gasoductos. Y Rusia es, por si fuera poco, el tercer país del mundo en exportaciones de carbón utilizado en centrales eléctricas y Europa es el mayor comprador de esta materia prima. 

En cuanto a las exportaciones agrícolas, el trigo ruso se exporta a todo el mundo, por lo que la interrupción de envíos repercute ya en el suministro mundial de alimentos, aunado a la falta de exportaciones de fertilizantes, donde Rusia es el principal proveedor mundial, lo que a juicio de algunos analistas económicos podría generar una crisis mundial alimentaria. De hecho, la FAO, la agencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación ha convocado a una sesión urgente para analizar la situación. 

Moscú es también un proveedor clave de metales industriales y preciosos. Está entre los principales exportadores de níquel, un metal fundamental para las baterías de los coches eléctricos. China, Europa y Estados Unidos son los mayores compradores de níquel ruso. 

Como si todo esto fuera poco, la mayor parte del mundo depende del aluminio ruso. Es que Rusia es el segundo exportador mundial de paladio y platino. Y Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Hong Kong son los principales importadores de paladio ruso, utilizado principalmente en los catalizadores de los automóviles, lo que explica el alza en el precio de los automóviles. 

Y para rematar, Rusia es también el tercer exportador mundial de acero, por lo que es fácil imaginar las consecuencias del embargo a su producción en Occidente. 

El intento, en suma, de las principales potencias de aislar a Rusia de la economía mundial con sanciones y restringir su comercio en todo el mundo produce ya una inflación acelerada en todas las naciones que podría llevar al mundo a un infierno de estanflación, cuando la inflación y la falta de crecimiento económico se juntan como el peor de los escenarios para una nación. 

El costo humano y económico de la guerra en Ucrania es todavía muy incierto y dependerá en gran parte de cuánto se extienda la ofensiva rusa. Por lo pronto los apoyos económicos y el empleo que requieren los más de 3 millones de refugiados ucranianos en varias naciones europeas es otro drama de esta terrible historia. 

Estas primeras estimaciones son impactantes y no son nada halagüeñas, ni humana, ni económicamente. La guerra le va a costar al mundo al menos un punto porcentual en su crecimiento este año, así como un añadido de casi tres puntos porcentuales a la ya de por sí alta inflación global, según una primera estimación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

Todo esto no es más que una repasada rápida de los efectos económicos de la guerra y que de no encontrarse una salida diplomática al conflicto armado o, peor, si este escalase a una guerra europea o mundial, el futuro se observa ominoso para todos. 

jecesco@hotmail.com 

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La lucha de las mujeres

Para las Yuris, Frida y Valentina, con amor 

Emilio Cárdenas Escobosa 

De Interés Público

En los años recientes al celebrarse el Día Internacional de la Mujer abundan las marchas, los discursos, análisis y manifiestos que reivindican la lucha social y política de las mujeres para garantizar la igualdad de derechos y la eliminación de la violencia en su contra. 

Cada 8 de marzo se pone en la mesa de discusión, en el debate público, en las redes sociales, los medios y en todos los foros el tema de la equidad de género y los avances alcanzados en nuestro país en la materia.  

Con motivo de esta efeméride se ha dado un impulso sin precedentes al tema que ha marcado por igual las discusiones académicas que a los movimientos sociales de todo signo ideológico.  

Hoy es políticamente correcto abrazar la causa de las mujeres, aunque en el terreno de los hechos, los gobiernos, los partidos y la sociedad en general hayamos avanzado muy poco. 

¿Por qué nos cuesta tanto trabajo hacerlo?  

Se ha dicho que las resistencias que obstaculizan la construcción social de la equidad de género como principio organizador de la democracia obedecen a varios factores, entre ellos, la inercia de sistemas de valores y de conocimiento construidos por y para los hombres, el rechazo del personal masculino a la competencia femenina en sus espacios públicos y privados, y, en gran medida, la resistencia de los hombres a aceptar que la irrupción de la  mujer en la vida pública cuestiona en buena medida los contenidos atribuidos a la masculinidad y las prácticas sociales que se le asocian: el poder del jefe de familia, la fortaleza, inteligencia, audacia y sagacidad del hombre, el espíritu de competencia, entre muchos etcéteras y estereotipos y lugares comunes que sería prolijo referir.  

La realidad cotidiana nos muestra que aún nos falta mucho camino por recorrer.  

Al ser una cuestión fundamentalmente cultural, la búsqueda de la equidad de género choca con las visiones y prejuicios de los sectores dominantes, de los grupos de poder y con nuestras propias ataduras mentales.  

Véase si no, por citar algunos ejemplos, cómo los medios de comunicación y la Iglesia en sus mensajes y discursos reproducen invariablemente los estereotipos de desigualdad contra la mujer. Sea la utilización de ellas como objetos sexuales y decorativos o los llamados a rechazar su libre determinación reproductiva. Las mujeres, según estos cánones, además de incorporarse al mercado laboral, deben hacerse cargo del hogar y del cuidado de los hijos, vestidas a la moda y embellecidas para sus parejas, para cumplir con lo que pareciera su "obligación biológica". 

De acuerdo a denuncias de destacadas activistas a favor de los derechos de la mujer las recomendaciones de la Plataforma de Beijing orientadas a prohibir el uso de la imagen de la mujer como un estereotipo sexista o denigrante, no han sido acatadas e incluso otros protocolos internacionales suscritos por el gobierno de nuestro país no han sido debidamente atendidos, para que a través de los medios de comunicación se promueva la igualdad y la equidad para la mujer. Seguimos con los talentos de televisión, las chicas de calendario, las concursantes de los reallity shows, las buenas y villanas de telenovela, entre un sinfín de estereotipos que lastran el cambio de percepciones deseable sobre lo femenino. 

En los años recientes la violencia en contra de las mujeres ha crecido de manera alarmante, y hablo de violencia física, sicológica o emocional. Los datos abundan para ejemplificar este aserto y la impunidad que rodea a los feminicidios en la mayoría de los casos basta para recordárnoslo todos los días. Es este el mayor reto que se tiene para mostrar que en verdad se atiende la principal demanda de las mujeres hoy por hoy. Y atenderlo es responsabilidad de las autoridades. 

El reto que enfrentamos para lograr la equidad de género y la eliminación de la violencia en contra de las mujeres es por tanto enorme. Se requieren grandes transformaciones para lograrlo y que no se atente contra ellas o se limite el papel de la mujer en las esferas social, económica, política y familiar.  

Hoy, es claro que ninguna sociedad puede considerarse genuinamente plena, si no respeta el compromiso de la inclusión plena de la mujer en todos los aspectos de la vida nacional.  

La lucha política de las mujeres continúa y es, en efecto, una lucha inacabada, que exige de las instituciones públicas, los partidos políticos y de todas las organizaciones y sectores, contribuir a hacer realidad los cambios legales que posibiliten construir una nueva dinámica de relaciones sociales y culturales.   

No basta sólo con la creación de instituciones u organismos públicos para las mujeres, o con asignarles determinadas cuotas al interior de los partidos políticos. No es con discursos falaces sobre el “empoderamiento” de las mujeres, cuando la realidad muestra lo contrario, como se va a avanzar en verdad en este sinuoso camino. 

Comprometerse en la lucha por la equidad de género es tarea de hombres y mujeres. Es manifestación de una genuina voluntad de cambio. De dejar a un lado los estereotipos, de suprimir el lenguaje discriminatorio, de combatir el acoso sexual y el abuso de poder, de redistribuir equitativamente las actividades entre los sexos en los ámbitos público y privado, de valorar con justicia los distintos trabajos que realizan hombres y mujeres, de modificar las estructuras sociales, los mecanismos, reglas, prácticas y valores que reproducen la violencia y desigualdad; en suma, se trata de fortalecer el poder de gestión y decisión de las mujeres. 

El desarrollo al que aspiramos en nuestro país solo se puede lograr si cambiamos mentalidades y rompemos paradigmas.  

La lucha de las mujeres, sus causas, deben ser la lucha de todos y la bandera que es fundamental abrazar todos los días y no solo en el Día Internacional de la Mujer o en el Día de la No Violencia en su contra, si en verdad queremos ser una sociedad moderna y democrática.  

jecesco@hotmail.com  

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La reforma electoral que viene

Emilio Cárdenas Escobosa 

De Interés Público

En la historia reciente del país nunca se había vivido una relación tan tensa entre el presidente de la República y el Instituto Nacional Electoral (INE), cuya cereza en el pastel se dará seguramente en el momento en que Andrés Manuel López Obrador mande al Congreso su propuesta de reforma electoral. 

Desde hace varios meses, el Primer Mandatario anunció que ésta será, junto con la reforma eléctrica y la de la Guardia Nacional, las que consoliden su proceso de transformación del país. 

El argumento central esgrimido por López Obrador para justificar la reforma electoral es disminuir los gastos excesivos del Instituto Nacional Electoral, que las elecciones no cuesten tanto dinero y al mismo tiempo sean democráticas y libres para evitar los fraudes en los comicios. 

El mandatario federal defiende su propuesta argumentando que busca dar autonomía total a las autoridades y procesos electorales y asegurar que quienes coordinen los procesos sean personas de inobjetable honestidad, rectos y auténticos demócratas; así como reducir costos, pues actualmente el gasto electoral ronda los 20 mil millones de pesos. Una suma exorbitante que, desde luego, debe disminuirse en cuanto al gasto operacional del INE, pero especialmente en cuanto a las prerrogativas que reciben los partidos políticos. Durante 2022, los partidos en su conjunto recibirán un monto de 5 mil 822 millones de pesos. 

A través de la filtración de un borrador, se dio a conocer que con la reforma electoral se pretende desaparecer todos los órganos electorales locales del país y los tribunales estatales en la materia, a fin de que todas sus funciones estén centralizadas en el INE o en el Tribunal Electoral del Poder Judicial, respectivamente; así como hacer una renovación de la mayoría de los consejeros del instituto y de los magistrados del Tribunal Electoral, y ajustar el número de sus integrantes. 

Además, se busca reducir el número de diputados de representación proporcional en la Cámara que pasarían de 500 a 400, así como de senadores, de 128 a 96. 

De igual manera, se plantea el reconocimiento del derecho al voto a las personas en prisión procesadas que aún no han recibido una sentencia, el acceso a un cargo público a quienes tienen doble nacionalidad y que se impulse el sistema de voto electrónico. 

Siempre que se habla reformas electorales o que se han llevado a cabo adecuaciones al marco normativo tras procesos electorales federales se cuestiona que estos cambios han tenido su base en   propuestas formuladas por los institutos políticos, por lo que se les considera reformas orientadas a beneficiar a los propios partidos políticos y que surgen de acuerdos cupulares entre las diferentes fuerzas políticas en donde, además, se reparten las propuestas que toca hacer a cada partido de los consejeros electorales. Con ello, se arraiga la percepción de que existe una conformación sesgada y a modo de los órganos electorales. Ello siempre ha ocurrido así y en esta reforma electoral no será la excepción. 

No obstante, muchos se preguntan cuál es en realidad el propósito, más allá del ahorro de recursos en la organización de las elecciones. No hay que ir muy lejos por la respuesta: de lo que se trata es de cambiar a los actuales consejeros del INE, destacadamente el presidente Lorenzo Córdova y el consejero Ciro Murayama, que sostienen una fuerte confrontación con el presidente de la República, y de paso aprovechar el viaje para poner gente a modo. 

Ex consejeros electorales y analistas advirtieron de los riesgos que podría traer una eventual aprobación de una reforma que afecte el equilibrio del sistema electoral. De acuerdo a expertos en la materia ninguna reforma electoral debe buscar vulnerar o implicar un retroceso del sistema nacional de elecciones o caer en la tentación de “fusionar” al Instituto Nacional Electoral (INE) con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), como se ha comentado que se pretende también. 

No obstante, si en verdad se quiere llevar a cabo una reforma de fondo, que realmente le sirva al país, sería obligado revisar temas tales como establecer la segunda vuelta electoral, erradicar las prácticas de compra de votos que persisten; el poner un freno definitivo a la participación de la delincuencia organizada en las campañas y brindar plena seguridad a candidatos y ciudadanos y que se erradique el amedrentamiento de grupos delincuenciales; el que se ponga un alto al clientelismo corporativista desde los gobiernos y que se revise la forma de sancionar en verdad el uso de programas sociales con fines electorales; que se ponga un alto al encarcelamiento de adversarios políticos a través del uso faccioso de la fiscalías estatales, como se ha visto recurrentemente en las elecciones más recientes y en donde Veracruz ha dado la nota. 

De lo que se trata es frenar la intervención gubernamental en las elecciones a través del uso de recursos públicos que ha sido la constante, donde se obliga a empleados públicos, so pena de ser despedidos, a trabajar en labores de promoción (tal y como hemos visto en la recolección de firmas para la consulta de revocación de mandato), a asistir a eventos de campaña, a entre otras formas de utilización el aparato de gobierno en favor del partido en el poder.  

Todas estas prácticas presentes en nuestro país y que no son nuevas, desde luego, pero que hoy utilizan alegremente los gobiernos de la Cuarta Transformación, hacen nugatorios los principios de equidad e imparcialidad de la competencia electoral y con ello dañan la calidad de nuestra democracia. 

Una genuina reforma electoral deberá sin duda abordar todos los temas citados y trascender visiones de coyuntura y orientadas, dígase lo que se diga, a tener el control de las instituciones electorales. 

Ya veremos cómo se pone la cosa en la Cámara de Diputados donde la oposición se alista para defender al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ante una eventual iniciativa de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador que acote las funciones de ambos organismos autónomos en la arena política nacional. 

Para ello, el frente opositor busca el desahogo de las 142 iniciativas en la materia que se han presentado desde 2018 a la fecha y evitar que la iniciativa presidencial que se avecina las desplace de inmediato, así como a un par de propuestas que las bancadas del PRI y del PAN arman por separado. 

Lo que busca la oposición es presionar a la bancada morenista y a sus aliados para que la reforma político-electoral del presidente no pase en sus términos y se incluyan los puntos de vista de todos los grupos parlamentarios. 

Será sin duda, la de la reforma electoral, una discusión fuerte que se desarrollará teniendo como telón de fondo la enorme polarización que vive el país. Por el bien de México esperemos que haya altura de miras en los adversarios en este sensible tema que es fundamental para el futuro de todos. 

jecesco@hotmail.com

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La Casa Gris y su daño al discurso presidencial

Emilio Cárdenas Escobosa 

De Interés Público 

El tema que ha marcado la agenda pública del país en las últimas tres semanas y que tiene fuera de sí al presidente de México es la investigación hecha pública por el periodista Carlos Loret de Mola sobre el hijo mayor de Andrés Manuel López Obrador y sus propiedades en Estados Unidos. 

 

Las revelaciones sobre las casas en Houston, Texas, donde vivió y vive el primogénito del Primer Mandatario, el exhibir el estilo glamoroso de la pareja, donde el lujo y la buena vida, vida de ricos, plantea un dramático contraste con la forma de vida de millones de mexicanos y sobre todo con el discurso de AMLO que pregona la frugalidad, una vida austera, una personalidad pública humilde y que cuestiona acremente a los clasemedieros aspiracionistas y a todo ese conglomerado que etiqueta en el bando de los conservadores. 

 

Fue de tal impacto el tiro en la línea de flotación de la nave de la Cuarta Transformación con el trabajo periodístico de Loret de Mola que el presidente no ha logrado salir de este asunto. Lleva tres semanas abordando a diario el tema y, en el extremo, llegó a presentar una diapositiva que pretendía mostrar los ingresos del periodista en 2021, con datos supuestamente hechos llegar de manera anónima a las manos de AMLO, para contrastar esos presuntos ingresos con el salario del presidente. Un hecho duramente cuestionado por comunicadores, analistas y políticos de oposición de todos los colores, y que no se justificaba en manera alguna para sostener su tesis de que Loret es financiado por sus adversarios políticos.  

 

Este hecho de compartir datos de los ingresos de un ciudadano, sean reales o no, el tiempo dedicado a defender a su hijo, a buscar justificar sus fuentes de ingresos, y desde luego a arremeter a diario en contra de Loret y todo el que cuestiones los lujos de su hijo representa una sucesión de actos intimidatorios e inaceptables en una democracia porque representan sin más un abuso de poder. 

 

Por más enojado que esté López Obrador, por las implicaciones que estas revelaciones tienen en términos de la credibilidad de su discurso y del daño a su pretendida autoridad moral para fustigar a los que más tienen, ello no justifica que se deje de lado la mesura y la legalidad que debe normar los actos de un presidente de la República.  

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador está convencido que la información en contra de su hijo mayor es un golpe contra la Cuarta Transformación, movida por periodistas y medios financiados por lo que él llama la mafia del poder, y que cataloga de golpistas. Y como es lógico y ha sido más que evidente advirtió que no se dejará, no se quedará con los brazos cruzados. 

 

Este episodio marca un nuevo capítulo de su tensa relación con los medios y refuerza su convicción de que es “el presidente más atacado en los últimos 100 años”.  

 

Sin embargo esta escalada de la confrontación que involucra ya a instituciones públicas como el INAI a quien AMLO pidió que se hagan públicos datos de los ingresos de Loret; a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, sobre la que recae la sospecha de haber entregado indebidamente información al presidente; al Senado en pleno que tras un álgido y ríspido debate rechazó investigar el posible conflicto de interés que existiría entre los propietarios de la empresa contratista de Pemex Baker Hughes y José Ramón López Beltrán, corporación que habría facilitado una de las casa en la que vivió en Houston el hijo del presidente. 

 

El tono y el rumbo que han tomado las cosas muestran a un Primer Mandatario profundamente molesto y en algo impensable hasta hace un mes, evidencia que por primera vez desde que inició su administración ha perdido la iniciativa de fijar y controlar el debate público. 

 

Su cruzada contra Carlos Loret, Carmen Aristegui, y otros comunicadores que le resultan ya intolerables puede envalentonar sin duda a sus seguidores y a quienes no resisten revelaciones periodísticas. Y ello, en medio de una oleada de violencia contra reporteros y periodistas, la mayoría de los cuales, desde luego, no gozan de la fama y visibilidad de Loret, es sumamente peligroso si algún fanatizado seguidor decide defender a ultranza la causa de la Cuarta Transformación y a su líder moral. 

 

El tema seguramente dará para más, pero lo que va logrando es potenciar la polarización y la toma de posturas radicales de los bandos en disputa y naturaliza la visión maniquea y prepotente para enfrentar a comunicadores en todo el país.  

 

Ya en Veracruz el gobernador Cuitláhuac García dio muestra de ello con su actitud agresiva con una reportera, Sara Landa de Meganoticias, que por preguntarle sobre los grupos de abogados que pugnan por la derogación pendiente del delito de ultrajes a la autoridad -que es la piedra en el zapato del gobierno morenista de la entidad-, se llevó una grosera respuesta del gobernador, quien mostró así que sigue en plan de emular en todo al presidente López Obrador, hasta en su trato con los medios y en la intolerancia cuando lo sacan de su zona de confort. 

 

Como colofón puede decirse que el planteamiento de que periodistas, medios, intelectuales, organizaciones de la sociedad civil y todo mundo deben definirse, dejar de simular y mostrar abiertamente de qué lado están, es insostenible en una sociedad y un país que se precie de ser democrático, en donde la pluralidad de visiones y proyectos políticos y de desarrollo es lo que justamente da riqueza y fortaleza a una nación.  

 

No puede hablarse de traidores a la patria cuando se cita a los adversarios políticos. Es un concepto muy peligroso que inflama los ánimos derogatorios y las ganas de exterminar al de enfrente. El paso de la violencia verbal a la violencia física es muy, pero muy corto, lo sabemos. 

 

La defensa a ultranza de la Cuarta Transformación o la cargada para paralizarla y golpear al presidente por parte de sus críticos en absoluto nos ayudarán a resolver nuestros graves problemas.  

 

Por la salud del país deben enfriarse las cabezas y ya que tenemos a la vuelta de la esquina, el próximo 10 de abril, la consulta para la revocación del mandato, quizá sea esa la oportunidad de que civilizadamente midan sus fuerzas y sus apoyos. 

 

jecesco@hotmail.com 

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El movimiento por la justicia alimentado por la cerrazón gubernamental

Emilio Cárdenas Escobosa

De Interés Público 

Desde luego que es lógico que el grupo de políticos que se congregaron el pasado sábado 5 de febrero en la Plaza Lerdo de Xalapa para dar el banderazo de salida al Movimiento por la Justicia con el que pretenden buscar la liberación de mil 33 personas detenidas bajo el delito de ultrajes a la autoridad, hayan aprovechado esta inmejorable oportunidad para volver a escena que les ha dado la cerrazón y soberbia del gobierno veracruzano. 

Si el demostrado abuso de parte de policías, jueces de consigna y personal de la Fiscalía General del Estado, en el caso de un grupo de jóvenes injustamente detenidos y retenidos en un penal veracruzano por varios meses, en una flagrante fabricación del delito de ultrajes a la autoridad, llevó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a emitir una recomendación al gobierno veracruzano para derogarlo, ello debió bastar para que se manejara con pinzas este asunto. 

Pero, no. El apoyo del presidente López Obrador al gobernador Cuitláhuac García en este caso y en todos los demás en los que ha estado en el ojo del huracán el mandatario, y la extinción en el Senado de la República de la Comisión impulsada por Ricardo Monreal y secundada por Dante Delgado para investigar las denuncias de presunto abuso de poder en Veracruz, fue interpretada por los morenistas jarochos como una apabullante victoria.  

Pero el gozo se fue al pozo y lo que hasta hace algunos meses se veía como improbable sucedió:  

Ciudadanos, académicos, profesionistas y políticos de distintos partidos anunciaron en la explana de la Plaza Lerdo de Xalapa, la creación del Movimiento por la Justicia, que busca la libertad de las personas detenidas por el delito de ultrajes a la autoridad, a la vez que rompió lanzas en contra del Gobierno de Veracruz. 

Políticos como el senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, la secretaria general del PAN, Indira Rosales, el senador del blanquiazul, Julen Rementería, y los ex candidatos a gobernador por el PRI, Héctor Yunes Landa y José Yunes Zorrilla, así como un grupo de abogados y académicos encabezados por el constitucionalista Tomás Mundo Arriasa y la doctora Rosa Hilda Rojas, de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, especialista en Derecho Penal Procesal, así como representantes de organizaciones, barras y colegios de profesionales del derecho, se le aparecieron al gobierno morenista local. 

Bajo el argumento, irrefutable por todo lo que se ha documentado, de que en los meses recientes se ha atentado contra las libertades de los ciudadanos a través de persecución y presión, este grupo anunció que buscará impedir que inocentes sean encarcelados por el gobierno de Cuitláhuac García. 

¿Quién puede estar en contra del propósito expresado en la Plaza Lerdo de que “los ciudadanos no tenemos otra opción más que iniciar un Movimiento por la Justicia, porque si la autoridad viola nuestros derechos, si nos niega la justicia, amenaza nuestra libertad, no tendremos otra alternativa que luchar por defendernos", como expresó Dante Delgado, quien fue más allá y señaló que las autoridades de Veracruz pagarán el terrible daño que le han causado a Veracruz y su gente ante la soberbia e intransigencia del Gobierno estatal, y la complacencia y protección del Gobierno federal". 

Como hemos visto debieron pasar dos días para que se les diera respuesta. Y desde luego, como era previsible, un crecido gobernador Cuitláhuac García se burló del Movimiento por la Justicia y dijo que “ve más gente en la cola de las tortillas”, y que sus promotores  “vivían del régimen corrupto y represor y ahora toman otra bandera”. Y fue más allá al asegurar que entre los presos por ultrajes que quieren sacar, están “40 jefes de plaza”, aserto que le mereció numerosas críticas porque es deber de la Fiscalía del Estado, como presuntos delincuentes ligados al crimen organizado que serían, dar vista de estos casos a las instancias federales que persiguen esos delitos y no tenerlos en penales veracruzanos por “ultrajes a la autoridad”. 

Y ya encarrerado el gobernador criticó a los abogados que se sumaron al movimiento, a quienes dijo que buscan defender a sus “amigos corruptos y delincuentes”. Ríspida la respuesta del mandatario que refuerza la idea de que se envió una iniciativa al Congreso local para dizque cumplir la recomendación de la CNDH, pero por lo visto y dicho por el titular del Ejecutivo del Estado parece que estará en la congeladora legislativa. 

Ahora corren las apuestas sobre el rumbo que tomará el Movimiento por la Justicia. Si perderá gas al correr de las semanas o si al iniciar las primeras promociones en defensa de los detenidos cuyos casos tomará, el sentido de su accionar irá creciendo en legitimidad. Porque una cosa es segura: muchas personas, entre las que me incluyo, le daremos credibilidad a esta iniciativa si se pasa de los discursos de los políticos a las acciones de los abogados que los acompañan.  

Pero lo que es altamente probable que suceda es que este movimiento irá creciendo porque al reclamo de los abusos de poder seguramente se sumarán muchas demandas sociales insatisfechas, alentadas por la desatención oficial, la omisión en la atención y seguimiento a denuncias en temas como acoso sexual, malos manejos de recursos públicos, compras gubernamentales a modo, enriquecimiento de notables personajes de la Cuarta Transformación aldeana, entre muchas más que han merecido el olímpico desaire gubernamental. 

Ya si Dante, Julen, los Yunes, los dirigentes, legisladores, ediles o personajes de la oposición sacan provecho de ello con fines electorales, para recomponer sus alicaídas imágenes, para crecer en simpatías populares, la culpa y solo la culpa es de quienes los han dotado de combustible para sus misiles en contra del gobierno.  

Lo que es notorio es que este movimiento que perfila ya una posible alianza opositora de cara a las elecciones del 2024 causó nerviosismo en Palacio de Gobierno y de ahí la airada respuesta del mandatario veracruzano. 

Ya veremos en qué termina este episodio que puede efectivamente ser de largo aliento y nutrirse con los yerros de la actual administración, más los que seguramente se acumularán de no imponerse la mesura y la sensibilidad políticas, hasta ahora ausentes en el accionar de nuestra peculiar Cuarta Transformación a la veracruzana. 

jecesco@hotmail.com 

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La fiscalización fallida y la opacidad en el uso de los recursos públicos

Emilio Cárdenas Escobosa 

De Interés Público

Emilio Cárdenas Escobosa

En el sector público, la fiscalización o función fiscalizadora tiene como objetivo que la actividad económico-financiera del aparato estatal se sujete a los principios de legalidad, eficiencia y economía, a través de órganos públicos denominados entidades fiscalizadoras superiores, como es el caso de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), creada en 1999 y dependiente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y en las entidades federativas como Veracruz con el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), en funciones desde el año  2000 y que rinde cuentas al Congreso local.  

Hoy la ASF está en el ojo del huracán luego de que tras la presentación del Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2019, que audita el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, concluyó que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), obra insignia de la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto, representó un costo estimado de 331 mil 996 millones 517 mil pesos, el triple de lo previsto por el administración federal en abril de 2019. 

Como era previsible este Informe generó la molestia del Primer Mandatario, que fiel a su estilo acusó a la ASF de alimentar con datos falsos a sus adversarios políticos y le exigió una aclaración pública que llegó de inmediato al admitir la Auditoría que existen “inconsistencias” en la cuantificación del monto de cancelación, por lo que el contenido de esta auditoría es objeto de “una revisión exhaustiva, en particular en relación con la metodología utilizada” para determinar este costo. En suma, reconocieron que el monto de más de 331 mil millones de pesos era exagerado y lógicamente ardió Troya. 

Los adversarios políticos del presidente acusaron al titular de la ASF, David Colmenares Páramo, de ceder a la presión del presidente López Obrador, en tanto que los afines al lopezobradorismo lo fustigan por supuestamente haber hecho su trabajo con un sesgo político encaminado a dañar la imagen del gobierno de la pretendida Cuarta Transformación. Aún más, López Obrador anunció que pedirá a la Cámara de Diputados investigar a la Auditoría por estos hechos y el presidente de la Comisión de Vigilancia de la misma, el diputado Mario Alberto Rodríguez, ya adelantó que citarán al Auditor Superior y a los auditores especiales que tuvieron a su cargo la revisión del caso del aeropuerto de Texcoco. 

Lo que es un hecho es que la rectificación que hizo la ASF revela dos cosas: incompetencia y mala fe o sujeción a dictados o presiones políticas.  Le cuento: 

En el primer caso el error está desde el punto de partida, esto es, que la revisión corresponde a una auditoría de desempeño donde sólo se analizan los alcances de los programas de gobierno, pero deja de lado examinar el gasto y ello es fundamental sobre todo en obras como el del aeropuerto  donde, de acuerdo al discurso del presidente López Obrador que lo llevó a cancelar el proyecto de Texcoco, hubo hechos de corrupción. Entonces lo conveniente era realizar una auditoría forense, que hace una fiscalización rigurosa del empleo de los recursos públicos. Haberlo hecho así nos lleva hoy a que el debate se centre en el sobrecosto que representa la cancelación y no el conocer si existieron y por qué monto desviaciones de recursos, favoritismos en los contratos para beneficiar a determinadas empresas o sobornos a funcionarios públicos. 

De hecho la tónica de la gestión de David Colmenares al frente de la ASF ha sido relegar las auditorías de cumplimiento financiero y forenses, que tienen por objeto revisar el ejercicio del presupuesto asignado y sus desviaciones, para centrarse en las auditorías de desempeño. Craso error o ganas de bajar la presión en los análisis del gasto, sea para cuidar a ex funcionarios del anterior gobierno o para evitar choques con el presidente López Obrador. Nada de eso le salió bien. 

Basta con ver como la ASF también dio marcha atrás en sus conclusiones de que en el caso de la auditoría a la Secretaría de la Función Pública la dependencia a cargo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros se resistió al proceso de fiscalización y se negó a entregar información y documentación que se le solicitó como parte de la revisión. En este caso Colmenares Páramo aseguró en diversos medios de comunicación que la SFP no obstaculizó la labor de los auditores y que contaron con toda la información para realizar sus funciones. 

Y ahora, como es lógico, luego del escándalo, rápidamente empiezan a surgir declaraciones de funcionarios con observaciones sobre presunto daño patrimonial señalados en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2019, como es el caso de la Secretaria de Energía Rocío Nahle, que califican de absurdas las observaciones al ejercicio de recursos en proyectos bajo su responsabilidad, como la refinería de Dos Bocas. 

Como es previsible, así irán descalificándose todos los datos y conclusiones del Informe de la ASF. 

Peor, imposible. Las horas de Colmenares al frente de la ASF están contadas. Saldrá por la puerta trasera. 

Sin embargo, lo relevante de toda esta historia es que la fiscalización del primer año de gobierno de López Obrador queda bajo sospecha, se tendrá que realizarse nuevamente o deberemos esperar hasta después de las elecciones para conocer los datos reales, con lo que ello supone en términos de opacidad sobre el real ejercicio de los recursos del gobierno federal y alentará a gobiernos estatales y a todo ente fiscalizado a rechazar los informes.  

La conclusión de este penoso episodio es confirmar como los procesos de fiscalización por más técnicos que se pretendan, de acuerdo con la ley, no dejan de contaminarse ante la coyuntura política, y más en año de elecciones. Recordemos como en Veracruz, el ORFIS de plano va de prórroga en prórroga autorizada por el Congreso local  para presentar la revisión de la Cuenta Pública del primer año de ejercicio del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, la que si bien van las cosas conoceremos hacia el segundo semestre de este 2021, una vez pasadas, claro está, las elecciones locales y federales. 

Ello sin dejar de recordar los arreglos en lo oscurito que se hacen en el Congreso cuando se presentan los Informes del ORFIS y donde la Comisión de Vigilancia se arregla con los ayuntamientos observados para limpiar sus cuentas o apretar a las autoridades municipales con fines electorales, como ha sucedido siempre. 

Cuando el horizonte de los políticos y de los gobiernos se circunscribe a lo electoral y a los arreglos políticos no hay fiscalización que sirva. El ORFIS con un presupuesto de casi 183 millones de pesos en 2020 no puede concluir su trabajo y la ASF que manejó en ese año más de 2 mil millones de pesos lo hizo mal. Vaya cosa. Seguimos en la simulación de que el país y nuestro estado han cambiado. 

jecesco@hotmail.com 

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