DE INTERÉS PÚBLICO
Emilio Cárdenas Escobosa
El drama de los migrantes siempre es sobrecogedor y expresa en muchos sentidos el fracaso del modelo económico y de las políticas públicas de los gobiernos de sus países para ofrecerles alternativas dignas de vida. Sufren no solo la separación de sus familias y sus comunidades para correr el riesgo de cruzar la frontera del vecino país del norte y sortear la persecución de las autoridades migratorias estadounidenses, sino que en años recientes deben enfrentarse a peligros mayores: los secuestros, desapariciones, torturas y la leva del crimen organizado para sumarlos a sus filas, ante la tolerancia de autoridades corruptas de los tres niveles de gobierno de nuestro país.
La espeluznante historia de las “narcofosas” en Tamaulipas, Durango, Nuevo León y otras entidades, donde se contabilizan por cientos los cuerpos encontrados, son la más reciente y ominosa muestra del nivel al que han llegado las cosas. A partir de estos casos han surgido señalamientos que vinculan a agentes migratorios con el secuestro de centroamericanos y connacionales para entregarlos a bandas de narcotraficantes; imputaciones que hicieron en diligencias ministeriales unos 120 emigrantes secuestrados en el estado de Tamaulipas por el "Cártel del Golfo" que denunciaron la complicidad de agentes en el hecho, e identificaron dentro del cuerpo del Instituto Nacional de Migración (INM) a las personas que los bajaron del autobús donde viajaban para entregarlos a delincuentes. De hecho en la averiguación previa PGR/UEITM10/46 se menciona que hay conexiones entre agentes migratorios y células del grupo delictivo Los Zetas.
De acuerdo a una investigación periodística del diario La Jornada, “las complicidades implican desde la tramitación de documentos apócrifos del INM, hasta la simulación de operativos oficiales en los que autoridades de ese instituto aseguran a migrantes y los entregan a las bandas delictivas, cobrando entre 3 mil y 5 mil pesos por cada uno”. Señala el diario que en esa indagatoria constan las declaraciones de seis agentes del INM, donde uno de los funcionarios arraigados aceptó ante fiscales de la SIEDO que colaboró desde hace tres años con Los Zetas en el estado de Tamaulipas y reveló a los fiscales antisecuestros de la PGR que durante una reunión con integrantes de Los Zetas, éstos hablaron de la nómina que había que cubrir para el pago de los funcionarios del INM que apoyan a la agrupación criminal en Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Tamaulipas.
Este caso que cimbró a la opinión pública, movió al INM a relevar de sus cargos a titulares de delegaciones regionales ubicadas en siete estados con mayor tránsito de migrantes hacia Estados Unidos y anunciar acciones de refuerzo a su programa de control de confianza, para sancionar con mayor rigor a funcionarios que mantienen vínculos con la delincuencia organizada. Los ceses de los delegados de migración en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Estado de México, San Luis Potosí y Quintana Roo, por instrucciones del secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, y las investigaciones en curso evidencian que la magnitud del problema es mayor a lo que imaginamos.
Sabemos que Tamaulipas, Veracruz y Tabasco son consideradas las zonas de mayor riesgo para la migración en México y las otras cuatro regiones también son altamente transitadas por unos 400 mil indocumentados, la gran mayoría centroamericanos. Según datos ofrecidos por organismos que defienden los derechos humanos de los migrantes, más de 1600 personas indocumentadas son secuestradas mensualmente en México y sometidas a múltiples vejaciones que quedan impunes.
En el caso de nuestro estado, destacan por su insistencia las declaraciones hechas a diversos medios locales y nacionales por el sacerdote Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos del Camino, quien alertó que las fosas que han sido encontradas en el norte del país sólo son la “punta del iceberg”, de un genocidio mayor en diversas entidades de la República, principalmente en Veracruz. Solalinde de plano alerta que “lo que se va a encontrar” en Veracruz superará cualquier tipo de horror hasta el momento conocido, pues –dice- los migrantes secuestrados y asesinados por el crimen organizado ascienden a miles en la entidad.
El sacerdote no ha dudado en acusar a las autoridades de los tres niveles de gobierno de complicidad en este crimen, especialmente durante la gestión el ex gobernador Fidel Herrera, pues “nunca se denunció formalmente la desaparición de los migrantes, y los resultados van a ser alarmantes”. Explicó que se cuenta con decenas de testimonios de indocumentados que fueron liberados por los grupos delictivos, luego que sus familiares pagaron el rescate, quienes detallaron el sufrimiento al que fueron sometidos durante su cautiverio. “No sólo se trata de las fosas clandestinas, sino que hay asesinos, descuartizadores y “cocineros”, mismos que están encargados de deshacer los cuerpos de las víctimas en ácido. Otro de los métodos que se ha documentado es la crianza de lagartos en pequeñas ciénagas —algunas de ellas artificiales— que son alimentados con los restos de los muertos”. El horror en su máxima expresión.
El defensor de los derechos de los migrantes calificó de una “extraña casualidad” que se hable de las fosas de Tamaulipas, Durango, y otros estados del norte, y no se refiera el caso de Veracruz, donde diversos organismos han denunciado la desaparición forzada de personas en el estado, paso obligado de ilegales procedentes de Centroamérica.
Y para muestra de que el padre Solalinde sabe de lo que habla, tenemos lo ocurrido apenas hace una semana cuando hombres armados intentaron secuestrar a tres mujeres de un grupo de aproximadamente 150 migrantes centroamericanos que intentaba abordar el tren en Orizaba, para sumarse a la Marcha por la Paz en su ruta hacia la Ciudad de México, hecho que impidió que los activistas, organizadores y migrantes abordaran el ferrocarril para sumarse a la movilización que encabezaba el poeta Javier Sicilia, cuyo hijo, Juan Francisco, fue ejecutado el pasado 27 de marzo en Temixco, Morelos, junto con seis personas más.
La problemática que vive Veracruz por las vejaciones que sufren los migrantes centroamericanos en su paso por el estado y la persistencia de las desapariciones en nuestro territorio no son, desde luego, hechos aislados que puedan minimizarse o mandar a los familiares a buscar sus cuerpos en las “narcofosas” de Tamaulipas, porque –of course- aquí nunca pasa nada. La gravedad del caso es tal que ha llevado a personajes como Emilio Álvarez Icaza, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a decir que el tema solo puede entenderse de dos formas: o existe complicidad del gobierno o hay incapacidad para enfrentar la situación, porque –acusó- “lo dramático es que en Veracruz se siguen secuestrando migrantes y nadie dice nada”.
La situación de violencia y maltrato hacia los indocumentados es terrible y el drama es que, como ocurre ya con la mayoría de la población, no sólo tienen miedo a la delincuencia, sino a las policías, las instituciones y a los funcionarios. ¿Cómo revertir la situación, más allá de los esfuerzos de las comisiones de Derechos Humanos y el trabajo de las ONG? ¿El cambio en el trato hacia los migrantes dependerá solo de medidas administrativas de “control de confianza” de funcionarios migratorios? ¿Están condenados los migrantes, como el resto de los ciudadanos, a la colusión de esferas gubernamentales con la delincuencia organizada?
La sociedad tiene miedo, pero solo con la presión que se ejerza hacia las instituciones de gobierno y sobre todo hacia la clase política será posible hacer algo. La movilización por la paz y las banderas que se enarbolan para la transformación de los cuerpos policiacos de todos los niveles de gobierno deben amplificarse. Necesitamos, nos urge, una profunda regeneración de la moral pública, de las instituciones encargadas de la procuración de justicia y la persecución del delito. Es impostergable un pacto entre las fuerzas políticas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas y privadas para hacer algo e intentar poner un hasta aquí a esta situación.
No podemos acostumbrarnos a lo que está pasando o voltear la mirada hacia otro lado. Que no se instale de manera definitiva la banalización del mal entre nosotros o que la corrupción carcoma nuestras conciencias.
Hacer como que no pasa nada o seguir nadando “de a muertito” nos condena. Porque los “muertitos” son verdaderos y, lo más terrible, se cuentan por miles.
Todos somos migrantes.
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