RAFAELA LÓPEZ SALAS
El estudio de la métrica realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas y la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública, en noviembre 2010, colocó a la ley de transparencia y acceso a la información pública de Veracruz vigente a partir de febrero 2007, como una de las más avanzadas del país.
El primer estudio de métrica nacional realizado en 2007 midió los portales de transparencia y la calidad de las respuestas. La segunda investigación en 2009 se ocupó del estado que guarda la transparencia y el acceso a la información en todo el país, para ello aplicó una perspectiva crítica y propositiva de mediano y largo plazo, con el fin de identificar avances, buenas prácticas y ventanas de oportunidades para seguir avanzando en la construcción del acceso a la información, la transparencia y rendición de cuentas.
La muestra fue compuesta por los sujetos obligados: poder ejecutivo, legislativo y judicial de cada Estado, un municipio seleccionado con base en el criterio de mayor población, resultando que en un 56% de los casos coincidía con el municipio capital del estado, como ocurrió en Veracruz, municipio que obtuvo el primer lugar de entre los sujetos obligados evaluados.
El documento ejecutivo de la métrica 2007 se sustentó en el principio de moralidad política democrática que permite a los ciudadanos el escrutinio público de toda acción de gobierno, por ello, si bien los resultados reflejaron el estado de la cuestión a nivel nacional, el sentido orientador del estudio –parafraseando a los responsables del estudio- fue dar a conocer indirectamente el grado de transformación democrática del país en su conjunto.
Sin embargo como se ha sostenido con anterioridad, en materia de derechos humanos, resulta claro que no basta la norma local que regule su ejercicio para que sea real garantía de su efectiva protección. Para ser eficaz, una ley que reglamenta el ejercicio de un derecho humano debe acoger algunas pautas y ciertas buenas prácticas que hoy son consideradas un “mínimum” en determinadas materias, como lo es tratándose de derechos humanos.
El artículo seis de la Constitución federal en su enunciado general establece: el derecho a la información será garantizado por el estado, mandamiento que se complementó con la reforma en julio de 2007 a la Carta federal, adicionando siete fracciones, éstas representan un avance de importantes proporciones para la democratización del estado mexicano y la legitimidad de los gobernantes en turno. Al ser el eje rector del estudio de la métrica la citada reforma, la ley 848 de Veracruz, que ya contenía instituciones avanzadas para el ejercicio de tan importante derecho fundamental, resulta ser una de las más completas del país.
En Veracruz tenemos una Constitución local y una ley ordinaria que regula el ejercicio pleno del derecho de información en sus vertientes, lo que se aplica y ejerce con las propuestas contenidas en el Plan estatal de desarrollo del gobierno. El plan estatal constituye una de las obligaciones insoslayables que el titular del poder ejecutivo en el Estado debe cumplir. En Veracruz, recientemente, tal como lo manda la norma y el protocolo del buen gobierno que ajusta su actuar a las leyes, la obligación ha pasado a ser documento base de la política gubernamental regional.
El Plan veracruzano de desarrollo 2010-2016 tiene por objeto materializar las propuestas realizadas durante el período de campaña, a efecto de que la ciudadanía y sociedad en general puedan evaluar la gestión para la cual fue electo un gobernante y los resultados de la misma, así como plasmar los objetivos, estrategias y acciones que conducirán a lograr las metas planteadas; los mecanismos, programas y subprogramas a implementar a fin de que sean la base en la cual se sustente la conducción del desarrollo integral del Estado.
El plan veracruzano actual en materia de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas, contempla objetivos, estrategias y acciones que de cumplirse escrupulosamente, volverán a colocar a Veracruz a la vanguardia de otras entidades y la propia federación.
Propone impulsar el desarrollo de una política y cultura cívica como uno de los ejes rectores; fortalecer los órganos autónomos del estado y la normatividad en materia de transparencia; establecer mecanismos ágiles y eficaces para la rendición de cuentas a la sociedad, mediante los mecanismos y plataformas tecnológicas, que faciliten el acceso a la información pública, en particular del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información; proponer al Congreso del Estado el fortalecimiento de la legislación que regula el libre acceso a la información con el propósito de ampliar su alcance, y garantizar que los tres poderes y demás entidades integrantes del sector público, faciliten el libre acceso a la información, atendiendo las limitaciones legales en materia de datos personales o seguridad del Estado.
El compromiso del gobierno con la sociedad, -reitera el plan veracruzano- es fortalecer los mecanismos de control social, identificados con la contraloría ciudadana respecto de la gestión pública, directamente identificada con el acceso a la información, la rendición de cuentas y la transparencia, la cual se alcanzará a través del objetivo de garantizar el acceso a la información por parte de los servidores públicos de la administración, para ello se establecerán mecanismos y procedimientos, simplificados, expeditos y gratuitos para que el ciudadano ejerza su derecho en esta materia; se impone la limitante de proteger los datos personales que obren en poder del sujeto obligado, lo anterior es posible lograrlo sólo con la participación del ciudadano en la hechura de las políticas públicas.
Un aspecto a resaltar del plan veracruzano de desarrollo 2010-2016 es la implementación de un sistema de indicadores de gestión y desempeño base de la evaluación de las políticas públicas y programas gubernamentales, lo que concuerda con la recomendación del estudio ejecutivo de la métrica 2010, de continuar trabajando en la construcción de indicadores de gestión, a efecto de abatir uno de los problemas más recurrentes en la evaluación de la transparencia.
En ese orden, Veracruz y su ley 848 tienen como resultado del estudio de la métrica, un reconocimiento pero al mismo tiempo una responsabilidad, que se traduce en construir: 1. una verdadera cultura de acceso a la información, 2. ciudadanía responsable, solvente y congruente con el actuar democrático, 3. Una pedagogía social que transcienda los espacios de impunidad y opacidad.
Dra. En Derecho Público. Consejera del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información
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