Emilio Cárdenas Escobosa
Sorprende en los días que corren la gran polémica y el tono con el que se refuta por parte de las mentalidades más conservadoras el polémico tema del matrimonio entre personas del mismo sexo y la posibilidad de que adopten hijos. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional este tipo de uniones y su derecho a la adopción afloraron las pulsiones que aún nos marcan y reapareció entre nosotros la añeja disputa entre liberales y conservadores que traemos como código genético los mexicanos.
En este episodio destaca la grosera intervención del cardenal tapatío Juan Sandoval Íñiguez que olímpicamente mandó al diablo a las instituciones y acusó al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, de haber sobornado a los ministros del máximo tribunal de justicia, a quienes señaló de traicionar al país, a las leyes naturales y a las familias mexicanas, lo que ha derivado en denuncias, exclamaciones diversas de opinadores de toda laya y credo y hasta en demandas por daño moral.
La expresión del prelado de que “no sé si a ustedes les gustaría que los adoptaran un par de lesbianas o un par de maricones” muestra su grado de intolerancia y homofobia. Desde luego que el purpurado tiene todo el derecho del mundo a oponerse a los matrimonios entre personas del mismo sexo y a su posibilidad de adoptar, en consecuencia con los preceptos de su Iglesia y en apego al derecho que le garantiza nuestra Constitución, pero ese derecho no le permite difamar que es lo que hizo Sandoval, un sui generis pastor a quien en un excelente artículo de Hernán Gómez Bruera publicado en El Universal se le recuerda lo que muchos sabemos o conocemos de oídas, que “Sandoval Íñiguez es el menos indicado para iniciar una cruzada moral, cualquiera que ésta sea. Un hombre que vive por encima de la ley, que ha sido acusado de malversación de limosnas, lavado de dinero procedente del narcotráfico, evasión fiscal, enriquecimiento ilícito y hasta protección de pederastas carece de la más mínima autoridad para lanzar acusaciones ligeras de corrupción, dictar valores familiares o pretender imponer con quién y cómo nos vamos a la cama las y los mexicanos”.
Ahora como consecuencia de sus dichos, el Jefe de gobierno de la Ciudad de México lo demandó por “daño moral”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le hizo un extrañamiento, el PRD ha solicitado la intervención de la Secretaría de Gobernación para reconvenirlo y hasta la Conapred, organismo de lucha contra la discriminación, habrá de iniciar acciones legales contra el arzobispo de Guadalajara. Vaya lío que causó este hombre de Dios. ¡Que Marcial Maciel nos ampare!
No obstante todo este cotilleo político-clerical y de la particular posición que pueda tenerse sobre el controvertido tema de las uniones entre personas del mismo sexo y su derecho a formar una familia, ya reconocidos por la Corte, lo que subyace en todo este asunto es el respeto y la defensa del Estado laico. Y es que sin duda no se trata solo de la opinión de un ministro por más estridente que sea sino de expresiones denigratorias que atentan contra los derechos de la sociedad y los avances en la protección a todos sus integrantes sin importar su preferencia sexual. Es, sin más, un asunto de civilidad.
Vale la pena retomar lo apuntado por Jorge Alcocer en un artículo en Reforma: “Ésta no es una pelea de opiniones; es una batalla por la preservación del Estado laico, por las ideas y conquistas que Juárez y los liberales defendieron y ganaron en el siglo XIX. La tolerancia del Estado, con la complicidad de legisladores y partidos, ha provocado retrocesos en varios ámbitos de la vida social, en particular en contra de las mujeres y de sectores que reclaman su derecho a la diferencia. Gobiernos de todo signo ideológico y color partidista han prohijado el retroceso ocurrido en 17 estados de la República, en donde se han endurecido las penas en contra de las mujeres que abortan, llegando a excesos como los que han sido denunciados en Guanajuato, donde gracias a la presión de la ONU y de algunos medios de comunicación, el gobernador se vio obligado a dar marcha atrás, al menos parcialmente. No se trata sólo de reivindicar la historia, sino ante todo de mirar el futuro del Estado laico; defender lo que la Corte resolvió en materia del matrimonio entre personas del mismo sexo, y su derecho a la adopción, en el DF, es actuar en favor de los derechos de todos”.
Así o más clarito.
jecesco@hotmail.com
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