Miradas de Reportero
Rogelio Hernández López
En apenas once meses ya se acumularon en Quintana Roo cuatro nuevos silencios, de esos que pesan más. Pudieron evitarse. Pero todo se acomodó para la muerte.
Con datos públicos e intercambios recientes se puede hacer un elemental análisis de riesgo que muestra las vulnerabilidades crecientes de nuestros colegas.
Primero, es extremosa la violencia y la corrupción en la entidad, impulsadas por las disputas de los dos grandes corporativos de la delincuencia mayor. Ellos provocaron esa atmósfera de corrupción, muerte y miedo que ya alcanzó a medios y periodistas. Y no parece que habrá frenos pronto.
Hay culpa del Congreso del estado que derogó la segunda mejor ley de protección a periodistas del país.
También del gobierno de Carlos Manuel Joaquín González que no quiso, o no pudo, instalar un mecanismo local de protección y reacción inmediata institucional y eficiente a pesar de peticiones de comunicadores y de la federación.
Hay responsabilidad, por omisión, de las y los periodistas más organizados y serios que se bifurcaron en dos grandes corrientes por filias convenencieras y que no cesan de confrontarse. Eso aumenta la vulnerabilidad de todas y todos.
El mecanismo de protección federal, tuvo en sus manos a dos victimados, pero no le alcanzaron los recursos humanos ni sus protocolos para protegerlos; tampoco tuvo la fuerza para convencer a los gobiernos del estado y de los municipios de Cancún y Playa del Carmen para que les reforzaran la protección cautelar.
Los colegas mismos desestimaron las medidas mínimas de autoprotección: tres de ellos contribuyeron a una línea editorial de Playa News alejada de los estándares éticos básicos; sabían del entorno, recibieron amenazas, dos con alto riesgo evadieron a quienes les protegían: todos se confiaron y, los cuatro fueron citados a lugares específicos: uno para vender su auto y tres a bares por la noche. Acudieron. Y así, con ese mismo modo de operación, fueron asesinados.
Hay al menos otros dos colegas en alto riesgo. Deseamos que todo este contexto cambie y ellos atiendan los protocolos básicos de autoprotección y tengan la solidaridad y apoyo del resto de sus colegas que puedan eliminar el encono sectario.
Los cinco silencios
José Guadalupe Chan, reportero y coeditor del semanario Playa News fue asesinado el 29 de junio de 2018. Le habían convocado al Bar La Baticueva.
Rubén Pat Cauich, reportero y propietario del semanario y portal web Playa News fue asesinado en 23 de julio de 2018 por la madrugada, también en un bar (Arre o Psicodelia) de Playa del Carmen. Tenía medidas de protección semi duras del mecanismo federal de protección. Se había solicitado que las reforzarán las autoridades locales.
Javier Enrique Rodríguez Valladares, camarógrafo de Canal 10 y colaborador en otros medios, fue ultimado en una avenida de Cancún el 29 de agosto de 2018. Había acudido a una cita probablemente para la compra venta de su auto.
Francisco Romero, reportero de policiacas, ex colaborador de Playa News, director reciente del muro de Facebook Ocurrió Aquí de Playa del Carmen y colaborador de Quintana Roo Hoy, fue asesinado a golpes con remate de un balazo en la cabeza. Según la fiscalía el dueño del periódico. Amir Ibrahim Mohamed Alfie le llamó a las 5:05 horas para que acudiera al Bar Gotta. Allí encontraron su cuerpo dos horas después ese 16 de mayo. Tenía medidas de protección muy duras por el alto riesgo que corría, pero volvió a evadir su círculo de protección.
El semanario y portal informativo Playa News también fue acallado desde el mes de julio de 2018.
“…La muerte es el silencio más doloroso que el mismo silencio,” escribió Bertolt Brecht. Hay silencios que pesan más; por ejemplo, los que derivan del acallamiento a periodistas y medios porque impide que los otros se informen, se formen, se liberen, completaría Erich Fromm.
Responsabilidades
Graciela Machuca, reportera quintanarroense, colaboradora de Ricardo Rocha, del diario Por Esto y directora de Mayas sin Fronteras, en su carácter de consejera suplente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación ha estado insistiendo desde hace meses en señalar las malas prácticas y omisiones de los poderes de Quintana Roo. Lo hizo nuevamente el 15 de mayo, horas antes del crimen más reciente.
“La Fiscalía General del estado no da muestras de que trabaja”.
Y advirtió de otro colega en riesgo: “Ya paso un mes de la agresión a balazos que recibió en su domicilio particular, en la ciudad de Chetumal, el reconocido periodista Rubén Vizcaíno Aguilar. Y no ha pasado nada”.
Tampoco se habían tomado medidas suficiente para proteger al periodista Héctor Valdez Hernández, quien debió abandonar Tulum, apenas este 10 de mayo.
Graciela y todos los periodistas dentro y fuera de la entidad saben que las fiscalías estatales tienen la obligación de investigar atentados y asesinatos y que, cada vez que un crimen no se investiga ni se castiga a los responsables materiales e intelectuales crece la impunidad, y esto es como una invitación a quienes delinquen para que sigan actuando.
“El Congreso del Estado ---señala también Graciela Machuca-- específicamente durante la XV Legislatura, por ignorancia en el tema de los derechos humanos abrogó la Ley de Protección Integral a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que obligaba a las autoridades estatales a generar condiciones para garantizar la Libertad de Expresión y la seguridad de ambos sectores de la población.”
Sobre las omisiones del gobierno del estado agrega la periodista “Por ello, ahora son normales y cada día con más intensidad, diversos agravios hacia personas trabajadoras de medios de comunicación, de parte de servidores públicos de los gobiernos federal, estatal y municipales.
El medio ambiente de miedo que alcanza a los periodistas de Quintana Roo lo reflejó ese mismo 15 de mayo la ex corresponsal de Televisa Ernestina Mac Donald al reaccionar por el cuarto asesinato de colegas allá, en menos de un año:
“Justo ayer miércoles solicitábamos al gobernador Carlos Joaquín nos sentáramos a dialogar sobre el tema de la seguridad para los que ejercemos el periodismo porque los tenebrosos tentáculos nos están alcanzando a todos, sea en nuestro patrimonio, familia e integridad física”.
De la federación cada vez más se piden mayores definiciones y acciones. El mismo 15 de mayo, a propósito del segundo aniversario del asesinato del reportero sinaloense Javier Valdez, representantes de medios y periodistas en lo individual dirigieron un pronunciamiento al presidente de la República:
“Sabemos que hay disposición de su gobierno para mantener la protección, pero esto no es suficiente. Necesitamos ver acciones concretas a corto plazo.
“Hasta ahora, el Mecanismo de Protección ha sido un órgano reactivo, pero no considera la prevención como una acción fundamental para la protección, ni tampoco cuenta con una visión integral para coordinar acciones con la propia Fiscalía, instituciones estatales, ni federales, para llevar a cabo una política de protección verdaderamente efectiva. Tampoco los gobiernos locales han asumido su responsabilidad en esta materia.
“Mientras esto sucede, vemos como cada día los ataques a periodistas se mantienen, sobre todo al interior del país… le exigimos:
“1.- Fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas donde se brinde una atención integral a sus beneficiarios.
“2.- Informar cuál será la política que implementará su gobierno para acabar con la impunidad en torno a los ataques a periodistas.
“3.- Abstenerse de utilizar un discurso estigmatizante contra medios y periodistas críticos de su gobierno.”
Y, sí, además de los asesinos intelectuales y materiales de periodistas, otros tenemos distintos niveles de responsabilidad para disminuir nuestras vulnerabilidades y cambiar la atmósfera de altos riesgos para frenar las agresiones y esa vergonzosa estadística de crímenes que aumentan estos silencios que pesan más.
Contacto: rogeliohl111@gmail.com
