Álvaro Belin Andrade
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vino a Veracruz para observar y buscar una explicación al alto número de periodistas asesinados, desaparecidos, agredidos, desplazados y hostigados.
No solo observó que el incremento en las agresiones a periodistas se ha visto con mayor énfasis en estados como el nuestro donde operan grupos criminales y existe colusión de los agentes estatales, sino también identifica aspectos en los cuales hemos insistido en este espacio, como el desinterés de las empresas periodísticas en la protección de sus trabajadores.
Según el documento Observaciones Preliminares de la Visita in Loco de la CIDH a México, dado a conocer este fin de semana, “en Veracruz el periodismo se ejerce en un ambiente de precariedad laboral, inseguridad y falta de protección por parte de los propios medios hacia los periodistas”.
Ya sabíamos de la participación de las bandas criminales, de la intervención de diversas autoridades (particularmente locales) y de particulares que vieron en la desaparición física de periodistas la forma para contener la difusión de hechos en que estaban involucrados.
Pero hemos insistido en la actitud deshonesta y falta de todo tipo de solidaridad por parte de los empresarios periodísticos hacia sus reporteros. No solo no han levantado la voz a través de sus propios medios de comunicación para exigir respeto a la actividad de sus comunicadores sino en varios casos han preferido despedirlos o incluso callar toda información sobre los hechos violentos de que fueron víctimas.
Impunidad, sello de la violencia contra periodistas
Derivado de las reuniones sostenidas del 28 de septiembre al 2 de octubre en el DF y los estados de Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Tabasco y Veracruz, el organismo dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) señala su preocupación por el aumento acelerado en las agresiones de distinto tipo y homicidios de periodistas y comunicadores en nuestro país: “Según ha registrado la Relatoría Especial, en la última década 67 periodistas fueron asesinados, 6 de ellos en el 2014 y 6 más en lo corrido del 2015”.
Luego de entrevistarse con autoridades gubernamentales de los tres poderes del Estado y los distintos niveles de gobierno, con representantes de la sociedad civil, órganos autónomos, organismos internacionales, académicos y periodistas, los expertos de CIDH concluyen que “la violencia contra comunicadores se ha visto especialmente agudizada en las entidades federativas en donde existe presencia del crimen organizado y colusión con agentes estatales”.
“De acuerdo a la información disponible, los periodistas víctimas son aquellos que han denunciado actos de corrupción administrativa, narcotráfico, delincuencia organizada, seguridad pública y asuntos relacionados. La CIDH observa con preocupación la información recibida sobre la posible participación y la pasividad de agentes estatales frente a algunos de estos hechos”.
La CIDH señala, tras entrevistarse con organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de la libertad de expresión y a periodistas, que de 2010 a la fecha se han registrado en Veracruz 15 asesinatos de periodistas y múltiples agresiones por parte de actores estatales y privados, “de los cuales la mayoría permanecen en la impunidad”.
Periodistas, en el desamparo
Según se puede concluir del documento, la violencia criminal, la colusión de policías, la impunidad, la vulnerabilidad laboral y los todavía débiles mecanismos de protección a periodistas hacen tierra fértil en el país (y en Veracruz, por supuesto) para que la violencia contra comunicadores no solo se manifieste en homicidios, desapariciones, agresiones y atentados a medios de comunicación, sino también en el desplazamiento interno forzado, al obligar al cambio de residencia de los periodistas en riesgo.
Uno de los periodistas que participó en la audiencia celebrada el martes pasado en Xalapa señaló que “en México desde que células del crimen organizado vieron que era rentable meter miedo a los periodistas, se volvió el modus operandi”. Y añadió: “Es contradictorio y genera zozobra que supuestamente haya muchos operativos de inteligencia e investigaciones abiertas y sin embargo no se puede encontrar a los responsables que ordenaron los crímenes”.
Los expertos de la CIDH alertan sobre el proceso electoral de 2016, porque en su investigación sobre México tuvo conocimiento de ataques a medios de comunicación durante el proceso electoral de 2015, algunos de ellos –señalan– contra la infraestructura, robo de equipos, amenazas y ataques cibernéticos. “En los próximos meses varios estados, incluido el de Veracruz, celebran elecciones, lo que aumentará los factores de riesgo para esta profesión”.
Los periodistas también han sufrido violencia y detenciones arbitrarias registradas en el desarrollo de protestas, según la CIDH, que lamenta en el documento que a los hechos de violencia “se suma la falta de una acción decidida por parte del Estado para investigar y sancionar a los responsables tanto materiales como intelectuales de estos crímenes, provocando un estado de impunidad respecto de las agresiones de las que son víctimas los periodistas y comunicadores”.
¿Sirven de algo los organismos de defensa?
Aunque la CIDH considera un avance en el país la existencia de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y la reforma constitucional que en 2013 le otorgó la facultad de atracción de las investigaciones de crímenes contra la libertad de expresión, precisó que “aún existen grandes desafíos políticos y jurisdiccionales que deben sortear la fiscalía especializada y los organismos de procuración de justicia locales para reducir los altos índices de impunidad”.
Y añade: “La falta de resultados completos en las investigaciones, la reticencia de la FEADLE a atraer a su jurisdicción los crímenes más graves, sumado al aumento de agresiones, hace que la autocensura se convierta en la alternativa para que los periodistas salvaguarden su integridad personal y su vida, con el consiguiente deterioro del derecho a la información de las comunidades en su conjunto”.
Respecto a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) de Veracruz, la CIDH valoró como positiva su creación, sobre todo en un estado crítico para el ejercicio del periodismo. “A la fecha este mecanismo ha otorgado medidas a un número importante de periodistas, pero afronta el reto de ganar la confianza de una parte importante del gremio periodístico y garantizar su financiamiento y autonomía del gobierno en el largo plazo”.
Por ello, la CIDH ha emitido una recomendación sobre el tema de la violencia contra los periodistas:
“Fortalecer el mecanismo de protección de defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas, garantizando su sostenibilidad económica en el largo plazo y dotándolo de mayor autonomía administrativa y exhortando a las entidades federativas a colaborar con el mismo […] Lo anterior deberá acompañarse del desarrollo de una política de prevención y de participación de la población objetivo”.
Ya hablaremos en posteriores entregas de los temas tan críticos abordados por la CIDH en su documento, una parte mínima por cierto referida a periodistas, de la que nos hemos ocupado en esta ocasión.
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