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¡De
veras… Falta más participación de la UNAM para frenar el fenómeno
de agravios a periodistas en México!—concluí nuevamente, en la
primera semana de mayo, inmerso en el clima que provocó entre el
gremio otro asesinato contra un colega (el doceavo en Veracruz)
Armando Saldaña Morales. Crimen cometido apenas un día después de
la declaración conjunta de tres altos funcionarios de la ONU por el
Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Esta
reflexión reapareció tras una pregunta que me hizo al aire Nora
Patricia Jara, la directora del Sistema Nacional de Noticiarios del
Instituto Mexicano de la Radio (IMER). La entrevista fue a propósito
de ambos temas (el homicidio y la conmemoración internacional). Y
cuando me inquirió enmudecí momentáneamente:
--¿Qué
más debe hacerse para frenar las agresiones aparte de estarlo
denunciando?—
Es
que ella, pacientemente, me había escuchado recriminar que todos los
gobernadores se hacen socarrones frente a las agresiones al
periodismo en sus estados… que los congresos estatales han sido
incapaces de legislar para la protección integral al ejercicio del
periodismo… que el gobierno federal ya tiene instancias pero que
operan con poca eficacia… que las acciones de organismos de
periodistas han sido insuficientes….
¿Qué
más se puede hacer? La interrogante de Nora Patricia adquiere más
sentido cuando ponderamos que los políticos y los mismos periodistas
no hemos encontrado respuestas para atajar el ciclo de violencia que
ya está cumpliendo cinco lustros. Se necesitan alternativas
integrales y viables. Y estas, podría encontrarlas una entidad no
sobrepolitizada, con recursos suficientes, rigor para estudiar el
fenómeno y compromiso ante los grandes problemas del país. A ese
perfil, sólo se acerca la Universidad Nacional Autónoma de México.
Pero….
Pero
la UNAM no ha mostrado suficiente preocupación sobre este fenómeno
tan álgido y perjudicial. Sólo se conoce una investigación
académica hecha en 2010 por
el jurista Alejandro Rosas Martínez que presentó al Instituto de
Investigaciones Jurídicas con el título: “Agravios/agresiones
a periodistas. Conceptos e implicaciones a los derechos humanos”.
Eso
dentro de entidad que ocupa el primer lugar entre las universidades
del país (América Economía Intelligence) el séptimo en América
Latina (Forbes) y que tiene el lugar 75 entre las cien más
importantes en el mundo (Times Higher Education).
¿CÓMO
PODRÍA INTERVENIR LA UNAM?
El
profesor de la UNAM y editor de la revista Foro Universitario, César
H. Espinosa, me solicitó un ensayo sobre las agresiones a
periodistas. En esa reflexión, que le entregué en enero de 2015
sostengo que la UNAM no participa institucionalmente en la
investigación, comprensión y propuestas para enfrentar este
fenómeno, más allá de las clases de algunos maestros de las áreas
humanísticas, de eventuales conferencias y mesas redondas que
organizan unos cuantos .
Este
reportero –escribí antes-- no ignora que lo sustantivo de la
universidad nacional es la docencia, la investigación y la difusión
de conocimientos y cultura. Sabe que tiene institutos de
investigación funcionales y con personal capacitado. Igual conoce de
la conformación, según las necesidades, de grupos
multidisciplinarios para atender causas y tareas específicas. Y
también está al tanto que en todas las encuestas de credibilidad de
las instituciones la UNAM tiene las más altas calificaciones. Cuenta
con la autoridad moral suficiente para intervenir como factor de
soluciones.
En
ese marco, --propuse y ahora lo refrendo—que la UNAM podría ir más
al fondo en este tema. Pongo cuatro ejemplos:
UNO.-
Lograr una sola metodología del monitoreo y análisis de los
agravios a periodistas,
para homologar un solo diagnóstico y abonar para una sola
estrategia, así fuese solamente entre las instancias de gobierno.
Esto
es indispensable porque cada año se hacen y difunden al menos 13
monitoreos y diagnósticos diferentes por usar metodologías
distintas, según el origen nacional y la agenda de intereses del
grupo evaluador. Por eso, todos arrojan resultados numéricos
diferentes.
De
estos, 5 son de organismos internacionales: Artículo 19, Reporteros
sin fronteras, Freedom House, Centro Internacional para Periodistas y
el Comité de Protección a Periodistas (ICFJ y CPJ, por sus siglas
en inglés).
Las
organizaciones de origen mexicano que intentan diagnosticar son 4:
Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Centro de
información de la Mujer (CIMAC), Casa de los Derechos de Periodistas
(CDP) y Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia
(CASEDE).
Del
Estado mexicano son 4 las instancias que tampoco logran un
diagnóstico común: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH); la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos contra
la Libertad de Expresión de la PGR (FEADLE); la Comisión Especial
de Seguimiento a los Agravios contra Periodistas de la Cámara de
Diputados y su similar en el Senado. Estas últimas ya se restringen
solo a comunicados de condenas ante agresiones graves.
Y,
la instancia oficial que debería tener el diagnóstico más riguroso
para guiar su trabajo es el Mecanismo de Protección a Personas
Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de
Gobernación. Se instaló en octubre de 2012, pero ni siquiera ha
logrado hacer funcionar su Unidad de Prevención, Control y Análisis
que ordena la ley
DOS.-
Seguimiento a las recomendaciones de la CNDH sobre libertad de
expresión. Firmar un
convenio para vigilar al vigilante de funcionarios públicos (los que
más agresiones cometen contra periodistas) así como del buen
desempeño de las instituciones públicas que debieran proteger el
ejercicio del periodismo.
TRES.-
Fundar un programa especial de investigación multidisciplinaria
sobre las seis grandes vulnerabilidades de los periodistas para
elevar sus fortalezas profesionales. Este se podría hacer viable
mediante un convenio de colaboración con la Presidencia de la
República o la Segob o el Congreso de la Unión, o con todos. Un
programa así podría generar y recomendar legislación para
reconocer los derechos profesionales y diseños de políticas
públicas.
CUATRO.-
Crear un programa de extensión académica y capacitación continua
para medios y periodistas.
Una de las seis grandes vulnerabilidades de los periodistas es su
deficiente formación profesional para el trabajo. Se necesita un
programa nacional respaldado por la SEP, que permita extender becas,
o facilidades para cubrir los costos, para periodistas de todo el
país y que los docentes sean periodistas experimentados que sientan,
que conozcan su profesión y el fenómeno de agravios. Los
diplomados, seminarios y maestrías tendrían que ofrecer como
materias obligatorias talleres de autoprotección y de actualización
continua y además facilitar la titulación por trayectoria
profesional, aunque los periodistas alumnos no hayan estudiado en la
UNAM.
De
veras creo que falta la participación de la UNAM con propuestas de
solución integral para frenar el fenómeno de agravios a periodistas
en México. ¿Habrá alguien en nuestra universidad nacional que
escuche, que entienda y que atienda esta necesidad?
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