sábado, 9 de mayo de 2015

Que renuncien Bermúdez y Bravo

  • Indignación por la inseguridad
  • Marchas en Veracruz y Coatzacoalcos

Marco Antonio Aguirre Rodríguez
Místicos y Terrenales

En este Veracruz donde la realidad se empecina en romper el idílico “no pasa nada” de Javier Duarte, la indignación surgió con fuerza ante los crímenes cometidos contra la joven Columba Campillo, el periodista Armando Saldaña Morales, y el abogado Daniel Bermejo Orozco.
La familia del periodista Armando Saldaña, su esposa María Isabel Jasso, y su hija Cristina Saldaña, buscaron ser recibidas por alguien en Palacio de Gobierno que les informará de los avances del caso, pero nadie las atendió, sobre todo porque el Fiscal Luis Ángel Bravo busca desprenderse del mismo argumentando que le corresponde a las autoridades de Oaxaca, donde fue encontrado el cuerpo, sin tomar en cuenta que los posibles móviles del homicidio ocurrieron en Veracruz, en Tierra Blanca, que es donde desarrollaba su actividad.
En Coatzacoalcos, la inseguridad llega a tales niveles que el alcalde Joaquín Caballero los reconoce como críticos y consideró urgente el delinear estrategias de seguridad para la zona. Ahí, incluso los empresarios vía Raúl Ojeda Banda, secretario del Consejo Coordinador Empresarial, pidieron en abierto la renuncia de Arturo Bermúdez Zurita, y un cambio en la estrategia de combate a la delincuencia. La Barra de Abogados de Coatzacoalcos en cambio pidió el cese del Fiscal.
También la diputada del PVEM, Mónica Robles, dijo apoyar la marcha contra la inseguridad convocada para el 15 de mayo, e incluso apunto que en esa ciudad se registran secuestros, asaltos e incluso homicidios a plena luz del día.
Daniel Bermejo fue asesinado por unos delincuentes que realizaban uno de los asaltos cotidianos que se dan en Coatzacoalcos, de esos que dicen Duarte, Bermúdez y Bravo, que en Veracruz no ocurren.
El caso de Columba Campillo, tomo dimensiones amplias, porque fue la segunda joven desaparecida; la primera fue la estudiante universitaria Melissa Espinosa Hernández, quien no ha sido localizada.
La noticia del hallazgo de su cadáver levantó conmoción en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río; la menor estaba amarrada de pies y manos. En este caso se dejo correr de inmediato una versión de que se trataba de una venganza amorosa, e incluso el diario Noreste, de Poza Rica, difundió que el crimen lo cometió una banda denominada “Los Porkys”, del fraccionamiento Costa de Oro (fue el más caro y exclusivo del estado) y que incluso uno de los participantes huyó hacia Estados Unidos.
La versión lo único que provocó fue reacciones en contra de las autoridades policiacas, porque si conociendo la existencia de la misma y presumiendo que fueron ellos quienes cometieron el crimen, ¿porqué no se les intervino?.
La aparición del cuerpo de Columba provocó que se convoque a dos marchas en la ciudad de Veracruz, ambas el domingo 10 de mayo; la primera protestando por la desaparición de mujeres jóvenes y los hallazgos de cuerpos en todo el estado, a las 10 de la mañana, partiendo del Tranvía del Recuerdo, y la segunda a las 5 de la tarde, saliendo del asta bandera del bulevar de Veracruz, convocada por madres de esa ciudad.
Además de estos casos están: los seis cuerpos encontrados en la carretera Veracruz-Xalapa el domingo 3 de mayo, el hallazgo de una osamenta de humano en Ángel R. Cabada y otra más en Papantla, el homicidio de un campesino apodado “La Changa”, el hallazgo de un cuerpo femenino en la colonia Las Gardenias, en Boca del Río.
También fueron encontrados tres cuerpos en Soledad de Doblado y uno más en Manlio Fabio Altamirano, el martes 5 de mayo,
Antes, en Coatzacoalcos, en la zona de Las Barrillas localizaron una fosa clandestina con tres cuerpos; otro entierro hecho por delincuentes fue localizado en Chacaltianguis, donde hallaron 17 cadáveres
La violencia en Veracruz también tiene trazos de feminicidio creciente. En un recuento rápido, en los primeros 22 días de enero aparecieron tres mujeres asesinadas: Una joven de 17 años, en Veracruz, Yamilet Miguel Rivera, en la colonia La Pochota; una joven de Medellín, que apareció embolsada a orillas del río Cotaxtla y con huellas de tortura, y una maestra de Telebachillerato, en Poza Rica.
Otro crimen llamativo, y sin resolver, es el asesinato de Ángel Virgen Pavón, hermano de Tito Virgen, dirigente sindical del ingenio El Refugio.
El estado de Veracruz, de acuerdo con cifras oficiales, ocupa el cuarto lugar nacional en hechos de secuestro y el tercero en denuncias por desapariciones de hombres y mujeres, especialmente jóvenes, que probablemente están siendo secuestrados por tratantes de seres humanos.
El hartazgo social tiene –a veces- fugas que llevan a querer linchar a los delincuentes, como el caso ocurrido apenas el 7 de mayo en la colonia 21 de abril de Veracruz, donde los vecinos querían linchar a un presunto violador, que fue rescatado por la Policía Naval.
O el caso de Lerdo de Tejada, donde pasajeros de un autobús capturaron la noche del sábado 2 de mayo a un asaltante que intentó robarlos, mientras que otro de los delincuentes huyó.
El conteo de sangre regada en Veracruz por delincuentes podría continuar y continuar.
Y añadírsele las denuncias por violaciones a corredoras en el Cerro del Macuiltépetl, en Xalapa, las cuales son negadas por las autoridades, aún cuando se han hecho las denuncias publicas
Y a la par de todo esto, y también como parte del baño de sangre, está la desaparición de Omar Cruz Reyes, alcalde de Medellín ¿de permiso?, acusado de ser el autor intelectual del homicidio de Moisés Sánchez.
Y cada uno de los casos son muestra de la ineficacia de los encargados de la seguridad pública y la persecución de la delincuencia en Veracruz: Arturo Bermúdez Zurita y Luis Ángel Bravo.
Ambos deben ser despedidos del cargo o renunciar, para dejar que alguien con mejores aptitudes ocupe los puestos.
Son místicos que han mostrado que no pueden estar a la altura de la encomienda.
Los terrenales reclamamos seguridad.
Y si Javier Duarte quiere conservarlos como funcionarios, que también renuncie.

viernes, 8 de mayo de 2015

La UNAM remisa ante agresiones a periodistas

Rogelio Hernández López
rogeliohl111@gmail.com

¡De veras… Falta más participación de la UNAM para frenar el fenómeno de agravios a periodistas en México!—concluí nuevamente, en la primera semana de mayo, inmerso en el clima que provocó entre el gremio otro asesinato contra un colega (el doceavo en Veracruz) Armando Saldaña Morales. Crimen cometido apenas un día después de la declaración conjunta de tres altos funcionarios de la ONU por el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Esta reflexión reapareció tras una pregunta que me hizo al aire Nora Patricia Jara, la directora del Sistema Nacional de Noticiarios del Instituto Mexicano de la Radio (IMER). La entrevista fue a propósito de ambos temas (el homicidio y la conmemoración internacional). Y cuando me inquirió enmudecí momentáneamente:
--¿Qué más debe hacerse para frenar las agresiones aparte de estarlo denunciando?—
Es que ella, pacientemente, me había escuchado recriminar que todos los gobernadores se hacen socarrones frente a las agresiones al periodismo en sus estados… que los congresos estatales han sido incapaces de legislar para la protección integral al ejercicio del periodismo… que el gobierno federal ya tiene instancias pero que operan con poca eficacia… que las acciones de organismos de periodistas han sido insuficientes….
¿Qué más se puede hacer? La interrogante de Nora Patricia adquiere más sentido cuando ponderamos que los políticos y los mismos periodistas no hemos encontrado respuestas para atajar el ciclo de violencia que ya está cumpliendo cinco lustros. Se necesitan alternativas integrales y viables. Y estas, podría encontrarlas una entidad no sobrepolitizada, con recursos suficientes, rigor para estudiar el fenómeno y compromiso ante los grandes problemas del país. A ese perfil, sólo se acerca la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero….
Pero la UNAM no ha mostrado suficiente preocupación sobre este fenómeno tan álgido y perjudicial. Sólo se conoce una investigación académica hecha en 2010 por el jurista Alejandro Rosas Martínez que presentó al Instituto de Investigaciones Jurídicas con el título: “Agravios/agresiones a periodistas. Conceptos e implicaciones a los derechos humanos”. Eso dentro de entidad que ocupa el primer lugar entre las universidades del país (América Economía Intelligence) el séptimo en América Latina (Forbes) y que tiene el lugar 75 entre las cien más importantes en el mundo (Times Higher Education).
¿CÓMO PODRÍA INTERVENIR LA UNAM?
El profesor de la UNAM y editor de la revista Foro Universitario, César H. Espinosa, me solicitó un ensayo sobre las agresiones a periodistas. En esa reflexión, que le entregué en enero de 2015 sostengo que la UNAM no participa institucionalmente en la investigación, comprensión y propuestas para enfrentar este fenómeno, más allá de las clases de algunos maestros de las áreas humanísticas, de eventuales conferencias y mesas redondas que organizan unos cuantos .
Este reportero –escribí antes-- no ignora que lo sustantivo de la universidad nacional es la docencia, la investigación y la difusión de conocimientos y cultura. Sabe que tiene institutos de investigación funcionales y con personal capacitado. Igual conoce de la conformación, según las necesidades, de grupos multidisciplinarios para atender causas y tareas específicas. Y también está al tanto que en todas las encuestas de credibilidad de las instituciones la UNAM tiene las más altas calificaciones. Cuenta con la autoridad moral suficiente para intervenir como factor de soluciones.
En ese marco, --propuse y ahora lo refrendo—que la UNAM podría ir más al fondo en este tema. Pongo cuatro ejemplos:
UNO.- Lograr una sola metodología del monitoreo y análisis de los agravios a periodistas, para homologar un solo diagnóstico y abonar para una sola estrategia, así fuese solamente entre las instancias de gobierno.
Esto es indispensable porque cada año se hacen y difunden al menos 13 monitoreos y diagnósticos diferentes por usar metodologías distintas, según el origen nacional y la agenda de intereses del grupo evaluador. Por eso, todos arrojan resultados numéricos diferentes.
De estos, 5 son de organismos internacionales: Artículo 19, Reporteros sin fronteras, Freedom House, Centro Internacional para Periodistas y el Comité de Protección a Periodistas (ICFJ y CPJ, por sus siglas en inglés).
Las organizaciones de origen mexicano que intentan diagnosticar son 4: Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Centro de información de la Mujer (CIMAC), Casa de los Derechos de Periodistas (CDP) y Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE).
Del Estado mexicano son 4 las instancias que tampoco logran un diagnóstico común: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión de la PGR (FEADLE); la Comisión Especial de Seguimiento a los Agravios contra Periodistas de la Cámara de Diputados y su similar en el Senado. Estas últimas ya se restringen solo a comunicados de condenas ante agresiones graves.
Y, la instancia oficial que debería tener el diagnóstico más riguroso para guiar su trabajo es el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación. Se instaló en octubre de 2012, pero ni siquiera ha logrado hacer funcionar su Unidad de Prevención, Control y Análisis que ordena la ley
DOS.- Seguimiento a las recomendaciones de la CNDH sobre libertad de expresión. Firmar un convenio para vigilar al vigilante de funcionarios públicos (los que más agresiones cometen contra periodistas) así como del buen desempeño de las instituciones públicas que debieran proteger el ejercicio del periodismo.
TRES.- Fundar un programa especial de investigación multidisciplinaria sobre las seis grandes vulnerabilidades de los periodistas para elevar sus fortalezas profesionales. Este se podría hacer viable mediante un convenio de colaboración con la Presidencia de la República o la Segob o el Congreso de la Unión, o con todos. Un programa así podría generar y recomendar legislación para reconocer los derechos profesionales y diseños de políticas públicas.
CUATRO.- Crear un programa de extensión académica y capacitación continua para medios y periodistas. Una de las seis grandes vulnerabilidades de los periodistas es su deficiente formación profesional para el trabajo. Se necesita un programa nacional respaldado por la SEP, que permita extender becas, o facilidades para cubrir los costos, para periodistas de todo el país y que los docentes sean periodistas experimentados que sientan, que conozcan su profesión y el fenómeno de agravios. Los diplomados, seminarios y maestrías tendrían que ofrecer como materias obligatorias talleres de autoprotección y de actualización continua y además facilitar la titulación por trayectoria profesional, aunque los periodistas alumnos no hayan estudiado en la UNAM.

De veras creo que falta la participación de la UNAM con propuestas de solución integral para frenar el fenómeno de agravios a periodistas en México. ¿Habrá alguien en nuestra universidad nacional que escuche, que entienda y que atienda esta necesidad?

Ranulfo Lara y el capricho de ser rector de la UPAV

Armando Ortiz
aortiz52@hotmail.com

De manera por demás inusitada, haciendo alarde de un supuesto apoyo por parte de lo que él llama Consejo de Directores de la UPAV, Ranulfo Lara, maestro y funcionario de la educación durante varios sexenios, levanta la mano para decir que él quiere ser Rector de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz.
Ranulfo Lara tiene todo el derecho para aspirar. Él cree que con pagar desplegados de apoyo por parte de un inexistente Consejo de Directores de la UPAV logrará su objetivo. En esos desplegados absurdos alude que el 80% de los directores de las carreras están con él; dudo mucho que un 10% de los directores actuales sepan quién es él. Ranulfo señala también que los trabajadores de oficina de la UPAV lo apoyan, cuando ni siquiera hay un consenso por parte de ellos, antes bien los trabajadores en la oficina central han guardado un prudente silencio.
Pero a él no le importan las falacias y por ello, y con el apoyo de sus hijos, particularmente de Hílder Lara, funcionario de la Secretaria de Turismo, donde despacha el ilustre Harry “el culto”, sigue dando conferencias y declarando que él tiene todo el derecho porque es de los fundadores de la UPAV; como si eso bastara para tener derecho. Lo que Ranulfo no dice es que él hace tiempo que se bajó de la nave. Por cuestiones personales Ranulfo Lara dejó hace como tres años el proyecto de la UPAV. No así sus hijos, quienes quisieron seguir cobrando en la universidad a pesar de que ya no realizaban labor alguna. Hílder Lara, gracias a la salida de Leticia Perlasca (por cierto, “de nada”) llegó a la dirección de Turismo de Aventura y Naturaleza. Pues a pesar de estar obteniendo un sueldo en esa Secretaría, todavía quería seguir cobrando en la UPAV. Ante la negativa de mantenerlos cobrando sin trabajar, tanto él como su hermano, Luis Manuel Lara Hernández, demandaron a la UPAV ante la mesa especial número VI de la junta local de conciliación y arbitraje del estado de Veracruz con residencia en Xalapa; el número de expediente es el 03/VI/2014. Los hermanos exigen cada uno la cantidad de 301 mil 407 pesos de pasivo laboral.
De hecho, se sabe que quienes impulsan al maestro Ranulfo Lara para buscar la rectoría de la UPAV son los hijos, quienes no consideran que el maestro Lara está muy enfermo, pues padece una enfermedad letal de la que busca recuperarse.
Como no les interesa el padre, los hijos dejan que Ranulfo Lara salga a decir disparates tales como que la UPAV sólo tiene 30 mil alumnos, cuando la Universidad Popular Autónoma de Veracruz tiene más del doble de esa cantidad (75 mil alumnos). Como no les importa que haga el ridículo, también lo dejan que diga que la UPAV necesita tramitar los RVOES de las carreras que oferta, cuando los RVOES sólo son para escuelas particulares y la UPAV es una universidad creada por decreto en el Congreso de Veracruz, por lo que no necesita que sus carreras estén inscritas en el registro de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios.
Pero por el entusiasmo que pone en sus falacias (que el 80% de los directores está con él; que existe un Consejo de Directores; que hasta el personal de oficinas centrales lo apoya; que las carreras requieren RVOE) uno puede concluir que Ranulfo Lara sí quiere ser rector de la UPAV, pero no para continuar con la labor de Guillermo Zúñiga, a quien abandonó en esta misión educativa, sino por pretensionesegoístas de los hijos, quienes tienen demandada a la UPAV por despido injustificado. Pero además,Ranulfo Lara quiere ser Rector de la UPAV por puro capricho, pues él cree que siendo Rector podrá saldar cuentas pendientes.
¿Y el legado de Guillermo Zúñiga? Eso es lo que menos le interesa.