MANOS A LA PAZ; LO MÁS IMPORTANTE

ALGO MÁS QUE PALABRAS

Víctor Córcoba Herrero/ Escritor

Precisamos todas las manos del mundo para la paz. La de los indignados también. Si hemos de luchar que sea siempre con verso en ristre. Uno puede estar ofendido por mil razones, pero ha de ser paciente y creativo. La paciencia tiene más poder que la fuerza. Por otra parte, la creatividad requiere tener el valor de compartir y de desprenderse de uno mismo. Nos hace falta, sin duda, ser innovadores para ahuyentar la avaricia que nos come por dentro. Es cierto que la esperanza de poseer más no conoce límites y que acrecienta una corrupción que debemos detener con urgencia. Comprendo que algunos ciudadanos sientan furia por estos desatinos, pero cuidado con entregarse demasiado a la ira. Hasta la indignación tiene que ser ética. No vayamos a caer en el oportunismo alarmante.

            Indudablemente, la persona indignada no puede quedarse sólo en la denuncia, en decir basta, por mucha impotencia que sienta por sus venas, tiene que ofrecer remedio a los males. Nuestra lealtad es para las especies y el planeta. Hemos de sobrevivir todos. Y todos somos necesarios y precisos para cambiar el orbe. Desde luego, el mayor mal que deshonra al género humano siempre será la falta de entendimiento, las guerras en definitiva. El mal triunfa por culpa de la multitud, por aquellos que lo avivan, pero también por aquellos que lo consienten y no lo castigan. No es algo anónimo, surge de algo y de alguien.

            Lo más vejatorio es dejarse vencer por la maldad. El ser humano está llamado a fomentar actitudes nobles, a comprenderse, a dialogar mucho y a escuchar más. Por eso, estimo fundamental estar a la expectativa, sobre todo en el uso de los bienes de la tierra, a comprometernos con el bien común de toda la familia humana. Tenemos que salir de la indignación, con la quietud de que la ciudadanía mundial ha destruido todas las armas, de que la justicia no es excluyente, y de que la libertad es patria común.

            Una opinión equivocada puede ser tolerada donde la razón es libre de combatirla, dijo Thomas Jefferson. Por desgracia, nos acorrala una atmósfera de confusión permanente que no beneficia a nadie. Lo que es peor, genera desorden e injerta rabia. Para mí, lo más importante es ponernos a trabajar por la paz, pero de verdad, de modo y manera auténtica. Sin embargo, parece que hoy en día lo más ético es mostrar la indignación frente a un mundo tan cruel. Una crueldad que, como cualquier otro vicio, parte de las propias raíces humanas, que la única manera de que no enraícen es desterrándolas del planeta.

            Si no nos ponemos manos a la paz difícilmente podemos cambiar maneras de vivir. Los moradores se indignan ante una vida amenazada y aplastada por los poderosos, por los poderes corruptos, por las mafias que no entienden de éticas morales, por la obsesiva competitividad que llega a ser algo enfermizo. El hombre compitiendo contra el hombre. El hombre sin derechos humanos frente al poder. El hombre sobrecogido por el hombre mismo, que es un esclavo de la maquinaria imperial. En cualquier caso, creo que debemos sobreponernos a cualquier indignación y ponernos a pensar en la colectividad. Establecerse en la indignación sin avanzar también desestabiliza. Uno podrá estar en desacuerdo e indignarse por los acontecimientos injustos del momento, pero tampoco es lícito cargarse el Estado de Derecho. Hay que actuar bajo los resortes democráticos por muy incómodos que nos hallemos, y, en todo caso, mal que nos pese tampoco puede prevalecer el "yo" de los indignados sobre el "nosotros" de la sociedad que sí acata la legalidad vigente. Una ley debe ser ley porque es justa, y si no lo fuere, más que indignarse, debemos ponernos a trabajar para modificarla.

            La ley primera y primaria, que a todos nos incumbe, es la de sembrar paz. Amparar el Estado de Derecho es esencial para que el mantenimiento de la concordia entre culturas sea eficaz, lo que exige reforzar los sistemas de una justicia independiente, de unos gobiernos transparentes y de una economía humanizadora. Quedarse, pues, en la indignación porque sí y aletargarse en esa indignación, apenas va a servir de nada. A propósito, será bueno reflexionar sobre ese imprescindible Estado de Derecho, que el personal de paz de las Naciones Unidas celebra el 29 de mayo. Ellos, que saben lo que es dar la vida por la paz, son los mejores guías para sacarnos de esa indignación que parece haberse puesto de moda.

            Es verdad que el mundo del mañana ya no puede pensarse igual que el de ayer. Esta toma de conciencia universal es la que nos hará progresar. Al dolor, a la pena, a la indignación, debemos entre todos darle una respuesta de paz. Ahora bien, la solución del pasado tampoco sirve para el mundo presente. Nos hemos para bien o para mal globalizado. Y desde esa globalización, de forma unitaria, mancomunada si se quiere, han de brotar los pensamientos que nos lleven al cambio. No podemos esperar más. Cada día se suman más indignados al tren del desconcierto. La crisis actual nos obliga a todos a poner los cimientos de una nueva gobernanza mundial. Nadie puede quedar al margen de nada. Es mucho lo que tenemos que hacer y hemos de hacerlo unidos. El mercado no puede imponer las normas, son las personas las que tienen que proponerlas y luego aprobarlas. La justicia tiene que hacer justicia y acabar con los corruptos, con los paraísos fiscales, con el capitalismo deshumanizador. La tarea es grandiosa pero hay que realizarla. Querer es poder. No hacer nada, dejarnos llevar por el desconsuelo, caer en una crónica indignación, es otro cáncer más. Por consiguiente, manos a la acción, sabiendo -como dijo Amado Nervo- que hay algo tan necesario como el pan de cada día, y es la paz de cada día; la paz sin la cual el mismo pan es amargo. Para conseguirlo, o caminamos todos juntos o nunca hallaremos la armonía.

corcoba@telefonica.net 

¿Y para cuándo el Movimiento "Mexicanos hasta la M"?

DE INTERÉS PÚBLICO

Emilio Cárdenas Escobosa

20 de mayo de 2011

El Movimiento 15-M que inició en España y se extiende ya a varios países europeos es una airada movilización de protesta de miles de indignados ciudadanos, mayoritariamente jóvenes desempleados, que se declaran hartos de la desatención de sus gobiernos, de la simulación de los partidos políticos, de la voracidad de banqueros y empresarios, de la corrupción de su clase política, y de una larga lista de lacras que también padecemos multiplicadas ad infinitum en nuestro país.

Allá, en la madrileña Puerta del Sol, cada día crece el número de inconformes, atizados por ciberconvocatorias hechas vía las redes sociales, y el fenómeno está ya presente en las principales ciudades del país Ibérico, siguiendo las pautas de las protestas que han hecho caer gobiernos en el mundo árabe. El ejemplo empieza a cundir en otras naciones y según analistas puede ser el preludio de movilizaciones internacionales como las que conmocionaron al mundo occidental en 1968.

Al grito de “no somos mercancía en manos de banqueros y políticos”, un heterogéneo grupo de ciudadanos contestatarios, profundamente insatisfechos con lo que sus gobiernos y el sistema político les ofrecen como alternativa de vida, han decidido tomar las calles y cuestionar cuánto haya que cuestionarse a una situación de desempleo, falta de oportunidades y especialmente de ensimismamiento y refracción a la crítica de una clase política que ha dado fehacientes muestras de autismo para hacer frente a una severa crisis económica que tiene al 43 por ciento de los jóvenes españoles en el desempleo.

Ahora estas protestas, que se reproducen en capitales europeas y en el epicentro se intensifican de cara a la jornada electoral que tendrá ese país el domingo 22 en unos comicios autonómicos y municipales en los que la tendencia ganadora es hasta ahora del conservador Partido Popular, sirven de termómetro a muchos analistas para medir el impacto de este fenómeno social y observar cómo las revueltas que recién sacudieron a varias naciones árabes han encontrado ahora eco en naciones donde la exigencia no es por una transición democrática, sino para cuestionar a una democracia vacía de contenidos y que se limita, en la mayoría de los casos,  a la celebración periódica de elecciones, donde el votante debe conformarse en sufragar por el único catalogo de partidos existente para que lleguen al poder políticos que pocas veces rinden cuentas a los gobernados, que se ocupan más en salvamentos a banqueros, hacer negocios o pensar solo en la próxima elección, que en trabajar para revertir la grave crisis económica que irrita a la población.

El caso del hartazgo de esas sociedades y su activismo para cuestionar el estado de cosas, contrasta notablemente con el caso de nuestro país, donde no son menos los problemas que nos agobian y que mantienen en la frustración y el desencanto a amplias franjas de la sociedad, cuya crispación se potencia ante la explosión delictiva que nos hace vivir con miedo. Poco importan la inseguridad ciudadana, la crisis económica, el empobrecimiento de las clases medias, la condena a la miseria de millones de mexicanos, cuando observamos el francamente cínico y deplorable comportamiento de nuestros políticos que viven en otro mundo, distante años luz, del de las angustias cotidianas de la gente; más ocupados en defender sus intereses y sus negocios, con la mirada y la atención puestas, hoy por hoy, en la elección federal del 2012 y el reparto del pastel que vendrá tras los comicios del próximo año.

En ese escenario, donde la inconformidad ciudadana no pasa de expresarse amargamente en el seno de la familia, en los círculos de amigos, en el café y eventualmente en la participación en efímeros movimientos o marchas para exigir respeto al voto, mayor seguridad o asuntos concretos del interés de transportistas, taxistas, colonos o ciudadanos que reclaman una obra pública prometida y no realizada, decisiones administrativas que les afectan, que se haga justicia ante algún abuso de autoridad. Pero en todos los casos, son manifestaciones aisladas, con demandas que luego de ser satisfechas o mediatizadas, o peor aún, relegadas al cajón de los asuntos sin importancia de nuestras burocracias, no conmueven a otros más allá de a los directamente interesados, a las víctimas de estos hechos o abusos. Mientras, el grueso de la población sigue su vida, mirando de lejos a los que protestan, satanizándolos las más de las veces porque “afectan a terceros”, creyendo que lo malo les pasa a otros, no a uno, pensando que ya Dios proveerá, que el próximo gobernante “a ver si nos sale mejor que el anterior”. El Conformismo, la abulia, el desinterés por hacer algo para cambiar la situación, nos lastran.

¿Cuándo veremos en México movilizaciones de protesta de verdad, que no se arredren; con líderes o activistas que no se arreglen “en lo oscurito” con los negociadores gubernamentales, que sean persistentes y tengan la convicción de que no hay gobierno ni acción gubernamental que resista una ola creciente de protestas ciudadanas y el rechazo mayoritario a políticas públicas o decisiones que afectan a la población? ¿Será por eso que tenemos a una clase política como la nuestra? ¿Será cierto, entonces, que cada pueblo tiene el gobierno que se merece?

Frente a la elección presidencial del 2012, sin duda, los mexicanos tienen la oportunidad de hacerlo. Porque es evidente que existe la percepción generalizada de que todo está resuelto y el PRI volverá al poder, que ya no hay más que hacer ante la pobreza de opciones en el PAN, las disputas eternas en la izquierda y, en general, por el hecho de que no hay más alternativas en nuestro sistema de competencia electoral. Lo que ofrecerán en las campañas políticas los candidatos de las tres principales formaciones políticas es previsible: combatir a la delincuencia, más programas asistenciales, reactivar la economía, atacar la pobreza extrema, entre un sinfín de temas que veremos en miles y miles de spots de televisión y toneladas de propaganda-basura. Esa historia ya la hemos visto muchas veces, y ya sabemos, por desgracia, cuáles son sus resultados.

Que interesante y alentador sería que ese año los mexicanos supiéramos decir ya basta al estado de cosas y plantarle cara a la inseguridad, la simulación, las promesas que no se cumplirán y la corrupción que envilece nuestra vida pública y degrada a las instituciones. Sin duda, serían miles y miles,  a lo largo y ancho del país, los que se sumarían a una convocatoria como la que mantiene hoy tan activos a los españoles, y que en las naciones islámicas han llevado a la dimisión de gobernantes y a la caída de regímenes que se antojaban eternos. Querer es poder, y los mexicanos algún día debemos despertar. ¿Será de verdad tan difícil?

¿O será cierto que nosotros aguantamos todo y que como buena raza de broce, el abuso y la torpeza del poder nos hacen lo que el viento a Juárez? A que le tiras cuando sueñas mexicano….

jecesco@hotmail.com

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El costo de la impunidad

Zona de Reflexión

Lucía Lagunes Huerta*

México, DF, 24 may 11 (CIMAC).- A dos meses de que se cumplan los tres años de que CIMAC fuera allanada, nuevamente nuestras instalaciones son violentadas, tratando de hacer daño a quienes construimos todos los días un periodismo que da voz a las mujeres y niñas para exigir sus derechos, defiende la libertad de expresión y el trabajo de las defensoras de Derechos Humanos.

Hace casi tres años nos vimos envueltas en la estadística de agresiones contra medios de comunicación y defensoras de Derechos Humanos.

Iniciamos entonces la averiguación previa FCH/CUH-6/T2/1195/08-07, las primeras investigaciones se hicieron y luego nada, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) decidió tres meses después archivar el expediente y enviarlo al no ejercicio de la acción penal ante falta de un sospechoso y elementos para la investigación, todo ello sin informarnos.

Con esta decisión se mandó la agresión contra CIMAC a las estadísticas de la impunidad. Esta decisión dejó en la vulnerabilidad a nuestro medio. Se sabe que la impunidad tiene un costo, la puerta abierta para que vuelva a ocurrir otra agresión, el precio de la impunidad lo pagamos las víctimas.

Por eso nuevamente CIMAC está enfrentando una nueva agresión, pese a las exigencias internacionales y nacionales para aclarar los hechos, estos nunca fueron esclarecidos, hoy nuevamente exigimos que la PGJDF haga su trabajo y resuelva esta nueva agresión, la cual quedó registrada este lunes en la averiguación previa FCH/CUH-6/T2/00948/11-05.

Ayer por la mañana nos dimos cuenta de la violencia contra nuestra instalaciones, nuevamente las chapas fueron botadas, la violencia fue tal que arrancaron de su marco una de las puertas, nuestros documentos tirados al piso, cajones, archiveros, bodegas, centro de documentación… todo fue revisado.

El cable del internet fue cortado, equipo de cómputo de la administración, de la redacción, de redes, de TVCimac  junto con su cámara fueron robados.

Nuevamente la indignación llena nuestra casa, somos un medio de comunicación nacido de una organización civil. Nuestro trabajo de 23 años ha dado seguimiento al feminicidio en Juárez  y en el país, hemos dado seguimiento a la violación de mujeres por parte de militares, la lucha feminista contra quienes penalizan el aborto e intentan derribar los avances ganados.

Todo con el esfuerzo cotidiano de quienes construimos CIMAC día a día, con las periodistas de los estados que nos acompañan a través de la Red Nacional, y las periodistas de otras partes del mundo a través de distintas Redes.

La impunidad implica un alto precio para quienes somos violentadas, por eso exigimos a la Procuraduría capitalina no cometer el mismo agravio que hace tres años, queremos saber quién violentó nuestra casa, quién nos quitó nuestras herramientas de trabajo y el móvil de esta agresión.

Queremos justicia efectiva y expedita. Ya basta de impunidad.

* Directora general de CIMAC A.C.

Sosa: Cura en salud al Poder Judicial

PLANA MAYOR

Gaudencio García Rivera

Pareciera fuera de los altos círculos del Poder Judicial del estado que el rol que ha asumido el titular Alberto Sosa Hernández para eficientar, modernizar y combatir con mano firme la corrupción y opacidad que se registra con los representantes de la administración de justicia, va en serio y más allá de los prestigios y honras de la cofradía del Consejo de la Judicatura. Sosa no es ingenuo porque conoce como la palma de su mano los drenajes del Poder Judicial.

            A seis meses de haber sido elegido como presidente del Tribunal Superior de Justicia, casi a la par de que asumió el poder el gobernador Javier Duarte, Sosa y los togados han caminado a paso de tortuga porque nos adeudan la reforma integral del Poder Judicial para evitar que éste continué  supeditado a las decisiones verticales del Poder Ejecutivo –como ocurre actualmente- para elegir las vacantes de los nuevos magistrados y del Contralor Interno que es impuesto por el gobernador en turno, incrementar el presupuesto anual para mejorar salarios a secretarias y oficiales de los juzgados y, realizar una profilaxis de los proyectistas que operan en la salas de los magistrados.

            En este camino, a veces sinuoso, hay la percepción de que los notables del Consejo de la Judicatura, del que don Alberto es  el presidente, actúan en forma anodina pues es recurrente que los delincuentes que cometen delitos del fuero común los jueces los dejen en libertad al no acreditar  el presunto delito. El Poder Judicial se cura en salud. Lo hizo en el sexenio saliente de la fidelidad su antecesor Reynaldo Madruga Picazzo –“El mandilón” de los togados, como él se solía calificar porque su salario lo cobraba puntualmente su cónyuge -, le echa la culpa a los Ministerios Públicos por no integrar debidamente las averiguaciones previas.

            Los administradores de justicia no han estado a las  circunstancias de los reclamos airados de los veracruzanos ni de sus pares. Tienen varios resquicios que resolver para evitar que en el presente y  futuro la impartición de la justicia se partidice y se pisotee la carrera de servicio judicial. Su tutor continúa siendo el Poder Ejecutivo, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el falaz contubernio del Poder Legislativo. 

Fue una afrenta que en los últimos meses del régimen fidelista se   impusieran cuatro magistrados, identificados plenamente con las siglas del PRI, avalados por los diputados priistas y de la mayoría oposicitora de la LXI Legislatura local, sin que  ninguno de los togados pusieran freno al poder metaconstitucional del gobernador saliente, con la excepción de la valiente magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros que recriminó el trapecismo de los priistas Ignacio González Rebolledo, Fernando Charlestón Salinas, Edel Álvarez Peña y  Gladys Pérez Maldonado.

            Sosa tiene todo el derecho defender al poder que representa y deslindarse de los yerros de la procuración de justicia, pero desde que llegó al poder del Tribunal Superior de Justicia ha evidenciado la independencia, soberanía y autonomía del Poder Judicial porque parece un empleado  más al servicio del Poder Ejecutivo sin ningún rubor, en lugar de ser un auténtico contrapeso como lo establece la Constitución Política del estado.

            El  Ministerio Público por conducto del encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia, a  cargo de Reynaldo Escobar Pérez, sostuvo, por cierto, un conciliábulo con  el gobernador Javier Duarte este miércoles 11 en la Academia Regional de la Policía con todos los agentes del Ministerio Público para realizar un diagnóstico del trabajo que desarrollan y resolver los problemas sustantivos que impiden la eficiencia, prontitud y certeza para la integración de las averiguaciones previas.

            Los representantes del Ministerio Público urgen que la Procuraduría General de Justicia los dote de mejores herramientas legales para perfeccionar las averiguaciones previas –con ésta se estaría impidiendo que los presuntos  delincuentes obtengan su libertad cuando el juez correspondiente conozca su caso por falta de pruebas-, que la autoridad proteja a los testigos y a los propios Ministerios Públicos de las amenazas que los presuntos delincuentes, por terceros, recriminan para impedir que sean consignados.

            La procuración de justicia, junto con Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social y Tránsito y Transporte, ha sido  tradicionalmente el talón de Aquiles del gobierno del estado. El presupuesto asignado a este rubro es insuficiente, a tal grado que el reclamo generalizado de los agentes del Ministerio Público  of de record es que en la altas esferas de la PGJE están actuando con mezquindad para dotarlos de papelería, tóner, computadoras y ventiladores y gasolina para desempeñar con eficiencia su trabajo, con la sugerencia abyecta de que  lo pongan de su bolsillo, so pena de cesarlos. Hay un desaseo.

            Otra perla que enfrentan los Ministerios Públicos, es la constante intimidación y zozobra que siembra el crimen organizado en diferentes distritos judiciales del estado, cuando son consignados por secuestro o extorsión, pues la mayoría de las veces se quedan en estado de indefensión sin que el titular de la PGJE disponga de la protección física del MP y de su familia. Ojalá que los reclamos de quienes representan la procuración de justicia hayan sido incluidos en la agenda del Plan Veracruzano de Desarrollo para blindar a la población de la delincuencia organizada. Comentarios a gau41@hotmail.com o gaude55@yahoo.com.mx

Migrantes sin destino

DE INTERÉS PÚBLICO

Emilio Cárdenas Escobosa

El drama de los migrantes siempre es sobrecogedor y expresa en muchos sentidos el fracaso del modelo económico y de las políticas públicas de los gobiernos de sus países para ofrecerles alternativas dignas de vida. Sufren no solo la separación de sus familias y sus comunidades para correr el riesgo de cruzar la frontera del vecino país del norte y sortear la persecución de las autoridades migratorias estadounidenses, sino que en años recientes deben enfrentarse a peligros mayores: los secuestros, desapariciones, torturas y la leva del crimen organizado para sumarlos a sus filas, ante la tolerancia de autoridades corruptas de los tres niveles de gobierno de nuestro país.

La espeluznante historia de las “narcofosas” en Tamaulipas, Durango, Nuevo León y otras entidades, donde se contabilizan por cientos los cuerpos encontrados, son la más reciente y ominosa muestra del nivel al que han llegado las cosas. A partir de estos casos han surgido señalamientos que vinculan a agentes migratorios con el secuestro de centroamericanos y connacionales para entregarlos a bandas de narcotraficantes; imputaciones que hicieron en diligencias ministeriales unos 120 emigrantes secuestrados en el estado de Tamaulipas por el "Cártel del Golfo" que denunciaron la complicidad de agentes en el hecho, e identificaron dentro del cuerpo del Instituto Nacional de Migración (INM) a las personas que los bajaron del autobús donde viajaban para entregarlos a delincuentes. De hecho en la averiguación previa PGR/UEITM10/46 se menciona que hay conexiones entre agentes migratorios y células del grupo delictivo Los Zetas.

De acuerdo a una investigación periodística del diario La Jornada, “las complicidades implican desde la tramitación de documentos apócrifos del INM, hasta la simulación de operativos oficiales en los que autoridades de ese instituto aseguran a migrantes y los entregan a las bandas delictivas, cobrando entre 3 mil y 5 mil pesos por cada uno”. Señala el diario que en esa indagatoria constan las declaraciones de seis agentes del INM, donde uno de los funcionarios arraigados aceptó ante fiscales de la SIEDO que colaboró desde hace tres años con Los Zetas en el estado de Tamaulipas y reveló a los fiscales antisecuestros de la PGR que durante una reunión con integrantes de Los Zetas, éstos hablaron de la nómina que había que cubrir para el pago de los funcionarios del INM que apoyan a la agrupación criminal en Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Tamaulipas.

Este caso que cimbró a la opinión pública, movió al INM a relevar de sus cargos a titulares de delegaciones regionales ubicadas en siete estados con mayor tránsito de migrantes hacia Estados Unidos y anunciar acciones de refuerzo a su programa de control de confianza, para sancionar con mayor rigor a funcionarios que mantienen vínculos con la delincuencia organizada. Los ceses de los delegados de migración en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Estado de México, San Luis Potosí y Quintana Roo, por instrucciones del secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, y las investigaciones en curso evidencian que la magnitud del problema es mayor a lo que imaginamos.

Sabemos que Tamaulipas, Veracruz y Tabasco son consideradas las zonas de mayor riesgo para la migración en México y las otras cuatro regiones también son altamente transitadas por unos 400 mil indocumentados, la gran mayoría centroamericanos. Según datos ofrecidos por organismos que defienden los derechos humanos de los migrantes, más de 1600 personas indocumentadas son secuestradas mensualmente en México y sometidas a múltiples vejaciones que quedan impunes.

En el caso de nuestro estado, destacan por su insistencia las declaraciones hechas a diversos medios locales y nacionales por el sacerdote Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos del Camino, quien alertó que las fosas que han sido encontradas en el norte del país sólo son la “punta del iceberg”, de un genocidio mayor en diversas entidades de la República, principalmente en Veracruz. Solalinde de plano alerta que “lo que se va a encontrar” en Veracruz superará cualquier tipo de horror hasta el momento conocido, pues –dice- los migrantes secuestrados y asesinados por el crimen organizado ascienden a miles en la entidad.

El sacerdote no ha dudado en acusar a las autoridades de los tres niveles de gobierno de complicidad en este crimen, especialmente durante la gestión el ex gobernador Fidel Herrera, pues “nunca se denunció formalmente la desaparición de los migrantes, y los resultados van a ser alarmantes”. Explicó que se cuenta con decenas de testimonios de indocumentados que fueron liberados por los grupos delictivos, luego que sus familiares pagaron el rescate, quienes detallaron el sufrimiento al que fueron sometidos durante su cautiverio. “No sólo se trata de las fosas clandestinas, sino que hay asesinos, descuartizadores y “cocineros”, mismos que están encargados de deshacer los cuerpos de las víctimas en ácido. Otro de los métodos que se ha documentado es la crianza de lagartos en pequeñas ciénagas —algunas de ellas artificiales— que son alimentados con los restos de los muertos”. El horror en su máxima expresión.

El defensor de los derechos de los migrantes calificó de una “extraña casualidad” que se hable de las fosas de Tamaulipas,  Durango, y otros estados del norte, y no se refiera el caso de Veracruz, donde diversos organismos han denunciado la desaparición forzada de personas en el estado, paso obligado de ilegales procedentes de Centroamérica.

Y para muestra de que el padre Solalinde sabe de lo que habla, tenemos lo ocurrido apenas hace una semana cuando hombres armados intentaron secuestrar a tres mujeres de un grupo de aproximadamente 150 migrantes centroamericanos que intentaba abordar el tren en Orizaba, para sumarse a la Marcha por la Paz en su ruta hacia la Ciudad de México, hecho que impidió que los activistas, organizadores y migrantes abordaran el ferrocarril para sumarse a la movilización que encabezaba el poeta Javier Sicilia, cuyo hijo, Juan Francisco, fue ejecutado el pasado 27 de marzo en Temixco, Morelos, junto con seis personas más.

La problemática que vive Veracruz por las vejaciones que sufren los migrantes centroamericanos en su paso por el estado y la persistencia de las desapariciones en nuestro territorio no son, desde luego, hechos aislados que puedan minimizarse o mandar a los familiares a buscar sus cuerpos en las “narcofosas” de Tamaulipas, porque –of course- aquí nunca pasa nada. La gravedad del caso es tal que ha llevado a personajes como Emilio Álvarez Icaza, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a decir que el tema solo puede entenderse de dos formas: o existe complicidad del gobierno o hay incapacidad para enfrentar la situación, porque –acusó- “lo dramático es que en Veracruz se siguen secuestrando migrantes y nadie dice nada”.

La  situación de violencia y maltrato hacia los indocumentados es terrible y el drama es que, como ocurre ya con la mayoría de la población, no sólo tienen miedo a la delincuencia, sino a las policías, las instituciones y a los funcionarios. ¿Cómo revertir la situación, más allá de los esfuerzos de las comisiones de Derechos Humanos y el trabajo de las ONG? ¿El cambio en el trato hacia los migrantes dependerá solo de medidas administrativas de “control de confianza” de funcionarios migratorios? ¿Están condenados los migrantes, como el resto de los ciudadanos, a la colusión de esferas gubernamentales con la delincuencia organizada?

La sociedad tiene miedo, pero solo con la presión que se ejerza hacia las instituciones de gobierno y sobre todo hacia la clase política será posible hacer algo. La movilización por la paz y las banderas que se enarbolan para la transformación de los cuerpos policiacos de todos los niveles de gobierno deben amplificarse. Necesitamos, nos urge, una profunda regeneración de la moral pública, de las instituciones encargadas de la procuración de justicia y la persecución del delito. Es impostergable un pacto entre las fuerzas políticas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas y privadas para hacer algo e intentar poner un hasta aquí a esta situación.

No podemos acostumbrarnos a lo que está pasando o voltear la mirada hacia otro lado. Que no se instale de manera definitiva la banalización del mal entre nosotros o que la corrupción carcoma nuestras conciencias.

Hacer como que no pasa nada o seguir nadando “de a muertito” nos condena. Porque los “muertitos” son verdaderos y, lo más terrible, se cuentan por miles.

Todos somos migrantes.

jecesco@hotmail.com

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¿Y si cerramos el IEV?

Uriel Flores Aguayo

Constituyendo apenas el dos por ciento de la nómina de los empleados públicos de ese nivel la alta burocracia federal consume el veintidos por ciento del presupuesto asignado a esa actividad. Este dato se localiza en los tres poderes y en los organismos autónomos, al grado de que sus integrantes son los mejor pagados del mundo. Es una contradicción que los privilegios de estos supuestos servidores públicos se les otorguen en un país pobre como México; en lugar de destinarse al gasto social esos recursos económicos se destinan a sostener la apariencia gubernamental como si fuera de primer mundo.

Para que nuestros altos funcionarios despachen en oficinas que parecen palacios y se desplacen todos los días por el país en costosos jets y helicópteros hay que pagar una lamentable cuota con edificios escolares sin agua, hospitales sin medicamentos y policías mal pagados. Es un insulto a los mexicanos que el Senado se haya trasladado a una nueva sede a un costo de casi tres mil millones de pesos; tan plural y contundente desmesura nos ilustra sobre el extravió y el cinismo de nuestra clase política; además de soportar su ineficacia a los secretarios de estado les tenemos que pagar de cinco a diez mil pesos diarios para que trabajen semana inglesa y los sábados y domingos los dediquen a promoverse por si se ofrece algo en sus aspiraciones partidistas; cuando Moreira bautizó a los presidenciales blanquiazules como los siete enanos sólo le faltó identificar a Peña Nieto como “blanca nieves”.

Cuando gobernaba el PRI los altos funcionarios ganaban lo que querían aun sin estar permitido legalmente, en los gobiernos de la alternancia ganan lo que quieren pero dentro de la ley. En ambos casos se abusa y se roba impunemente. De Fox para acá, la justificación para los altos salarios es que tenían que estar a la par de los sueldos que se pagan a los directivos de las grandes empresas; por esa puerta entraron gerentes y empleados de confianza privados al gobierno federal, instalándose a todo lujo y devengando hasta el saqueo salarios y prestaciones casi monárquicas.

Hace falta que estos temas también se toquen en Veracruz, sobre todo en estos tiempos de crisis económica, donde no cantamos mal las rancheras. Hay que revisar el costo del gobierno estatal y de los municipales, enfocándose en los mandos superiores y en la eficacia y calidad de las obras. La obligada austeridad decretada por la actual administración debe ser más clara, evidente y ejemplo del verdadero servicio público, el de la honrada media de Juárez y Morelos. Tengo mis reservas acerca de varios secretarios de despacho, en cuanto a que entiendan y practiquen la austeridad; algunos muestran actitudes de potentados, compiten en marca de ropa y relojes, sin ocultar el típico gesto de “ya la hice”.

Las percepciones de los altos funcionarios tendrán una lógica por resultados pero también si se comparan con los sueldos del personal de base y con los salarios mínimos.

A propósito, dado el costo y su poca visibilidad, por no hablar de su real utilidad, es hora de empezarse a preguntar qué pasaría si se cierran comisiones e institutos de supuesta autonomía, como la de derechos humanos, de acceso a la información y electoral. Tengo la impresión que los dos primeros servirán para muy poco en tanto no se ciudadanicen y tengan independencia plena; no pasaran de ser tapaderas.

Sin embargo, el que me parece más una especie de elefantito blanco es el Instituto Electoral Veracruzano, que trabaja sustancialmente cuando mucho en uno de cada tres años; si sus consejeros permanentes son una especie de aviadores o becarios electorales, para atender los pocos asuntos de interés ciudadano del Instituto tal vez bastaría con un pequeño grupo de funcionarios y de personal de base.

Es una broma que los consejeros en absoluta inactividad, si acaso haciendo turismo electoral, cobren lo mismo que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. De la mediocridad y entreguismo del actual consejo, seguramente con una que otra excepción, hablan los pobres debates que organizaron en la elección más reciente y el desastre todavía no explicado del PREP. Por eso pregunto: ¿qué pasaría si cerramos el IEV?

Recadito: ¿alguien dudaba de la fuerza del FAS y el MOPI ?.

urielfloresaguayo@hotmail.com

Relevo generacional en la 32

Escenario

GABRIEL ARELLANO LOPEZ

La Sección 32 del SNTE vivirá este fin de semana un parto de los montes. Habrá no un cambio más de secretario general ni de comité seccional, sino un relevo generacional. Si algo extraordinario no ocurre, Juan Nicolás Callejas Roldán, el hijo del líder moral y político Juan Nicolás Callejas Arroyo, asumirá el mando de ese poderoso sindicato en Veracruz.

El veterano de mil batallas, papá Juan, es ahora mismo coordinador de la diputación federal veracruzana y su proyecto político, pasando por el encaminamiento de su hijo al interior del SNTE, va hacia la senaduría en 2012. Se calcula que será, en efecto, candidato a un escaño junto con el también legislador federal José Yunes Zorrilla.

Callejas Arroyo ha sabido ganarse la simpatía y el respaldo de miles de profesores que lo quieren y lo respetan. Su control dentro de la sección 32 es indiscutible. Esto se lo reconocen propios y extraños, es decir, aliados y adversarios que no han podido, aunque han querido, terminar con su liderazgo.

En esta travesía, Juan Nicolás padre ha saboreado las mieles del triunfo en repetidas ocasiones, pero también ha sabido lo que es la traición de gente a la que él mismo encumbró. Guadalupe Velázquez y Gustavo Moreno son ejemplos preclaros de las jugarretas que el destino le ha jugado a Callejas Arroyo.

Sin embargo, hasta hoy nadie, ni la propia Elba Esther Gordillo, ha logrado vencer en definitiva al viejo líder. Pero la edad nadie la detiene, la fuerza y la salud se acaban en Juan y en todos. Es algo inexorable.

Juan rebasa los 60 años y aunque goza de una vitalidad envidiable, hay que pensar en el futuro. La sección 32 es el reducto que le ha dado todo. Y ¿por qué no? Intentará mantener su control.

Es hoy, entre viernes y sábado, y seguramente hasta la madrugada del domingo, cuando en esa organización se jugará el futuro del equipo político que ha acompañado a Callejas Arroyo.

Las cosas, hasta la noche de este jueves 4, caminaban bien. La maestra Gordillo habría dado un voto de confianza al grupo en el poder de la Sección 32 para conducir el congreso donde será elegido el sucesor de Gaudencio Hernández Burgos, hombre de todas las cercanías del coordinador de los diputados federales veracruzanos.

El gobernador Javier Duarte estaría en la misma disposición, evidentemente.

A Callejas Arroyo el mandatario le debe un apoyo incondicional que aquél le brindó durante la campaña electoral de 2010, contra todo y todos, incluso contra la propia Elba Esther. La deuda de Duarte creció cuando cedió a Emilio Gamboa la titularidad de la SEV en la persona de Adolfo Mota, una posición que se veía y sentía natural para la Sección 32.

Así las cosas, papá Juan parece tener a tiro la elección de su hijo Juan Nicolás Callejas Roldán como nuevo secretario general de la Sección 32, un hecho que marcaría el inicio de un proceso sucesorio del real liderazgo que hasta hoy conserva en sus manos Callejas Arroyo.

Hay que advertir que Juan hijo no es un improvisado, ni un junior. No. Se trata de un hombre bien forjado en las lides sindicales, dentro de las que ha pasado por diversas trincheras, aprendiendo y madurando. La gente lo conoce bien y lo aprecia bien, porque él ha sabido ganárselo.

Si llega, como se prevé, a la dirigencia de la Sección 32 será sencillamente la coronación de un camino de esfuerzo y trabajo, no de improvisación y menos, mucho menos, de imposición. Esto tiene que quedar bien claro.

El asunto es que el factor destino parece estar del lado de Callejas Arroyo, pues muchas veces hemos presenciado el fracaso de gente ambiciosa que busca, maniobra, manipula infructuosamente en aras de perpetuarse en el poder. Hoy a papá Juan la suerte parece sonreírle. Ya se verá.

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En Veracruz, garantizadas la transparencia y la rendición de cuentas

RAFAELA LÓPEZ SALAS

El estudio de la métrica realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas y la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública, en noviembre 2010, colocó a la ley de transparencia y acceso a la información pública de Veracruz vigente a partir de febrero 2007, como una de las más avanzadas del país.

El primer estudio de métrica nacional realizado en 2007 midió los portales de transparencia y la calidad de las respuestas. La segunda investigación en 2009 se ocupó del estado que guarda la transparencia y el acceso a la información en todo el país, para ello aplicó una perspectiva crítica y propositiva de mediano y largo plazo, con el fin de identificar avances, buenas prácticas y ventanas de oportunidades para seguir avanzando en la construcción del acceso a la información, la transparencia y rendición de cuentas.

La muestra fue compuesta por los sujetos obligados: poder ejecutivo, legislativo y judicial de cada Estado, un municipio seleccionado con base en el criterio de mayor población, resultando que en un 56% de los casos coincidía con el municipio capital del estado, como ocurrió en Veracruz, municipio que obtuvo el primer lugar de entre los sujetos obligados evaluados.

El documento ejecutivo de la métrica 2007 se sustentó en el principio de moralidad política democrática que permite a los ciudadanos el escrutinio público de toda acción de gobierno, por ello, si bien los resultados reflejaron el estado de la cuestión a nivel nacional, el sentido orientador del estudio –parafraseando a los responsables del estudio- fue dar a conocer indirectamente el grado de transformación democrática del país en su conjunto.

Sin embargo como se ha sostenido con anterioridad, en materia de derechos humanos, resulta claro que no basta la norma local que regule su ejercicio para que sea real garantía de su efectiva protección. Para ser eficaz, una ley que reglamenta el ejercicio de un derecho humano debe acoger algunas pautas y ciertas buenas prácticas que hoy son consideradas un “mínimum” en determinadas materias, como lo es tratándose de derechos humanos.

El artículo seis de la Constitución federal en su enunciado general establece: el derecho a la información será garantizado por el estado, mandamiento que se complementó con la reforma en julio de 2007 a la Carta federal, adicionando siete fracciones, éstas representan un avance de importantes proporciones para la democratización del estado mexicano y la legitimidad de los gobernantes en turno. Al ser el eje rector del estudio de la métrica la citada reforma, la ley 848 de Veracruz, que ya contenía instituciones avanzadas para el ejercicio de tan importante derecho fundamental, resulta ser una de las más completas del país.

En Veracruz tenemos una Constitución local y una ley ordinaria que regula el ejercicio pleno del derecho de información en sus vertientes, lo que se aplica y ejerce con las propuestas contenidas en el Plan estatal de desarrollo del gobierno. El plan estatal constituye una de las obligaciones insoslayables que el titular del poder ejecutivo en el Estado debe cumplir. En Veracruz, recientemente, tal como lo manda la norma y el protocolo del buen gobierno que ajusta su actuar a las leyes, la obligación ha pasado a ser documento base de la política gubernamental regional.

El Plan veracruzano de desarrollo 2010-2016 tiene por objeto materializar las propuestas realizadas durante el período de campaña, a efecto de que la ciudadanía y sociedad en general puedan evaluar la gestión para la cual fue electo un gobernante y los resultados de la misma, así como plasmar los objetivos, estrategias y acciones que conducirán a lograr las metas planteadas; los mecanismos, programas y subprogramas a implementar a fin de que sean la base en la cual se sustente la conducción del desarrollo integral del Estado.

El plan veracruzano actual en materia de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas, contempla objetivos, estrategias y acciones que de cumplirse escrupulosamente, volverán a colocar a Veracruz a la vanguardia de otras entidades y la propia federación.

Propone impulsar el desarrollo de una política y cultura cívica como uno de los ejes rectores; fortalecer los órganos autónomos del estado y la normatividad en materia de transparencia; establecer mecanismos ágiles y eficaces para la rendición de cuentas a la sociedad, mediante los mecanismos y plataformas tecnológicas, que faciliten el acceso a la información pública, en particular del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información; proponer al Congreso del Estado el fortalecimiento de la legislación que regula el libre acceso a la información con el propósito de ampliar su alcance, y garantizar que los tres poderes y demás entidades integrantes del sector público, faciliten el libre acceso a la información, atendiendo las limitaciones legales en materia de datos personales o seguridad del Estado.

El compromiso del gobierno con la sociedad, -reitera el plan veracruzano- es fortalecer los mecanismos de control social, identificados con la contraloría ciudadana respecto de la gestión pública, directamente identificada con el acceso a la información, la rendición de cuentas y la transparencia, la cual se alcanzará a través del objetivo de garantizar el acceso a la información por parte de los servidores públicos de la administración, para ello se establecerán mecanismos y procedimientos, simplificados, expeditos y gratuitos para que el ciudadano ejerza su derecho en esta materia; se impone la limitante de proteger los datos personales que obren en poder del sujeto obligado, lo anterior es posible lograrlo sólo con la participación del ciudadano en la hechura de las políticas públicas.

Un aspecto a resaltar del plan veracruzano de desarrollo 2010-2016 es la implementación de un sistema de indicadores de gestión y desempeño base de la evaluación de las políticas públicas y programas gubernamentales, lo que concuerda con la recomendación del estudio ejecutivo de la métrica 2010, de continuar trabajando en la construcción de indicadores de gestión, a efecto de abatir uno de los problemas más recurrentes en la evaluación de la transparencia.

En ese orden, Veracruz y su ley 848 tienen como resultado del estudio de la métrica, un reconocimiento pero al mismo tiempo una responsabilidad, que se traduce en construir: 1. una verdadera cultura de acceso a la información, 2. ciudadanía responsable, solvente y congruente con el actuar democrático, 3. Una pedagogía social que transcienda los espacios de impunidad y opacidad.

Dra. En Derecho Público. Consejera del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información

1º. de mayo ¿acto circense?

Lic. Inocencio Martínez Cortes

Lamentable utilizar a los trabajadores, para aviesos fines de culto a la personalidad, en donde el Ejecutivo Estatal, aprovechó el momento para robar cámara, poniéndose al frente de un numerosísimo contingente, de empleados mal pagados, pero con un verdadero corazón para mantener el empleo y cumplirle a los veracruzanos.

Se ha perdido la esencia de venerar el día del trabajo, festejándolo con una marcha por las mejores calles de la ciudad, aun que ahora ya no hay nada que festejar, ni siquiera aquellos que tienen un empleo seguro, pues su ingreso es de tercer mundo, es cierto, trabajo hay, lo que no hay es dinero para remunerarlo como lo merece el mexicano, que a aguantado de manera fiel y sin chistar.

Entiendo a los empleados cuando de festejar se trata, pues después del desfile les organizan pachanga, con rifas y toda la cosa, pues es un buen momento para estar con sus compañeros, sin la presión de verse entre los fierros, los papeles y el estrés de esperar a que llegue la hora de la comida y la salida puntual de la chamba.

Pero a los que no entiendo, es a los supuestos grupos independientes, que se quejan de la falta de empleo y problemas de toda índole, ¡digo! Aun cuando los hijos de los líderes, tengan una buena chamba y bien remunerada, desde luego a esos no se les ve por ahí ¿verdad?

Esas organizaciones ahora se estarán dando de topes, pues ir a la cola de contingentes oficiales a quienes los festejaron y previo a ello les dieron gorras y vestido, para uniformarlos. A los supuestos independientes, ni en cuenta, pues la demanda de ellos ya la sabemos y el primero de mayo es día de fiesta no de lamentos.

Fueron utilizados para ser parte de la estadística, en donde los medios muestran al contingente de manera general, encabezando al rey vitoreado, aplaudido y sin que nadie le haya podido regalar cuando menos un abucheo.

adidas_johan@hotmail.com