miércoles, 12 de diciembre de 2012

La Factura Electrónica, el mito

Primera Parte
Jesús J. Castañeda Nevárez

En el pasado no tan reciente, las empresas operaban con un modelo de administración y de cumplimiento de las obligaciones fiscales basado en libros en los que se llevaban todos los registros contables; los comprobantes fiscales no requerían de ningún tipo de exigencias, bastaba con que llevasen adherido un “timbre fiscal” que representaba una clara evidencia de legalidad y de cumplimiento en el pago de los impuestos correspondientes.
El “timbre fiscal” facilitaba el pago de impuestos aún en zonas apartadas de la civilización, permitiendo que el propio documento “factura” se hiciese en una hoja simple y con puño y letra; el timbre le daba valor legal ante la autoridad y la firma o “huella digital” del ciudadano le daba el valor absoluto ante la sociedad.
No se necesitaba papel seguridad, sello de agua, tinta invisible que reaccionara con la luz ultravioleta; tampoco sello digital o cadena original y la firma electrónica, ni la intervención de un ajeno que “validara” el documento. Eran tiempos en los que la honestidad y el valor de la palabra significaban la moneda de curso legal.
La etapa siguiente estuvo empujada por fenómenos de corrupción que violentaron la sana práctica de la honestidad. Gobiernos o funcionarios que descaradamente se robaron el dinero público y endeudaron a nuestro país de manera desproporcionada, ocasionando que el pueblo desconfiara del destino de sus impuestos y buscara la forma de evitar ponerlos en la hacienda pública en donde inevitablemente había mano negra que se los robaba.
Así comenzó una persecución de terrorismo fiscal por parte de la autoridad, para combatir la elusión y la evasión fiscal. Pero al no darse una reforma fiscal que atendiera las causas y no sólo los efectos, las acciones sólo persiguieron a los más débiles por indefensos y se hicieron disimulados con los más poderosos; sin contar con la omisión absoluta de acciones en contra de quienes de plano se asentaron en la economía informal.
Pronto la práctica de la doble facturación o la doble contabilidad fueron posicionándose en muchas empresas; la aparición de facturas falsas o apócrifas surgió en un mercado negro que se hizo famoso y hasta descarado, realizando los tratos de compra venta de facturas en la misma vía pública; los comprobantes de viáticos de los funcionarios o empleados gubernamentales eran los principales clientes. Tenían de todo tipo de empresas.
En 1992 la SHCP se decidió a poner freno al tema de las facturas apócrifas con medias de “seguridad” al incorporar en la factura la impresión de la Cédula del RFC del contribuyente y para ello establecieron la figura del “impresor autorizado”, quien se hizo responsable de muchas tareas de fiscalización que corresponden a la autoridad, porque a partir de ese año los impresores tenían que verificar la identidad y el domicilio del contribuyente, además de la autenticidad de la cédula, entre otras cosas; entregando al SAT un reporte detallado en un medio magnético con todas las facturas impresas en un plazo de tiempo, para lo cual se hicieron expedientes por cada RFC.
La curva de aprendizaje fue costosa para los impresores, pero en 18 años se logró controlar la falsificación o clonación de los comprobantes fiscales y generar la certeza jurídica a los usuarios de ellos. La misma autoridad descansó en el trabajo profesional y cuidadoso de los impresores, que además se convirtieron en “asesores” de sus clientes en el tema de los comprobantes fiscales.
Hasta aquí las cosas iban funcionando bien, hasta que tomó fuerza una acción que inició en 1997 con 45 grandes empresas afiliadas a la AMECE, Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico, que lograron la aprobación del SAT para que sus comprobantes fiscales pudieran ser hechos por ellos mismos y no a través de un impresor autorizado como todos los demás contribuyentes. Esto facilitó la solución de sus grandes volúmenes de facturas, con la incorporación de la facturación electrónica, que además les resolvió el archivo de miles de documentos durante los 5 años de la obligación legal, que ocupaban enormes bodegas, para convertirse en un mínimo espacio con un servidor local en donde se concentraba toda la facturación electrónica. Con resultados de absoluto éxito en todos los sentidos posibles para esas grandes empresas y corporativos.
El siguiente paso automático fue la “obligación” de adoptar el uso de la facturación electrónica de más de 30 mil proveedores de esas grandes empresas, que ya no deseaban “archivar” ningún documento que no fuera digital. De manera que la solución de los grandes empezó a forzar a los de menor capacidad; pero no había remedio; tuvieron que hacerlo o dejar de vender sus productos a esos gigantes.
Ahí el fisco abrió los ojos y vio a todos como iguales, ignorando las grandes y enormes desigualdades sociales, económicas, geográficas, etc., iniciando en el 2004 formalmente la facturación electrónica como medio alternativo al impreso, publicando en el 2006 en el CFF Código Fiscal de la Federación, las bases para todo el esquema de facturación electrónica.
Al SAT se le olvidó la utilidad del servicio que le otorgaron los impresores autorizados y decidió “eliminarlos” definitivamente en el 2010, suponiendo que los mecanismos de “seguridad” de la facturación electrónica hacían “infalsificables” a los comprobantes fiscales; nada más equivocado.
Sólo basta referir a la primera modalidad mencionada en ésta entrega: “el timbre fiscal” era fácilmente identificable y su autenticidad podría comprobarse visualmente. Algo semejante a lo que se hace hoy con los billetes; visualmente se comprueba su validez.
Las facturas tradicionales tienen sus características particulares de impresión y aunque visualmente no puede asegurarse totalmente su autenticidad, si “complican” su duplicación por medios electrónicos; y ningún impresor se prestaría a su falsificación, porque precisamente éstos representaban la figura de un “fedatario” que permitía al propio SAT la comprobación de legalidad de los comprobantes.
Las facturas electrónicas de hoy son fácilmente duplicables; todas son en tinta negra; el sello digital y la cadena original que llevan impresos son indescifrables para un mortal y los usuarios de éstas no pueden visualmente determinar su autenticidad; para ello requieren obligadamente de una conexión de internet para hacer la consulta correspondiente al SAT. Como si en cada esquina hubiera un módulo de internet conectado al SAT.
Los comprobantes con CBB Código de Barras Bidimensional, son impresos discrecionalmente por el contribuyente; a través de un impresor o por medios propios; pero eso no impide que pueda hacerlo simultáneamente con uno o varios impresores y todavía hacerlo en su propia impresora. Nadie controla eso. Nadie. Los impresores ya no tienen ninguna responsabilidad.
La autoridad pretende ahora frenar la clonación o falsificación de comprobantes fiscales elevando las penas legales para quien tenga o expida un comprobante falso, tipificándolo como delito grave y poniendo en la antesala de la prisión a millones de ciudadanos que por no tener familiaridad con el uso de la tecnología pudieran recibir inocentemente un comprobante fiscal falso.
Abundaremos en el tema en la próxima entrega.
jjcastaneda55@gmail.com

lunes, 10 de diciembre de 2012

[Pseudo] Aforismos de comunicación

Cosas Pequeñas
Juan Antonio Nemi Dib

1.- Los públicos mexicanos --audiencias televisivas, lectores, escuchas, etcétera-- deberían tener suficiente capacidad adquisitiva para pagar el precio justo por la información, el análisis e incluso el entretenimiento que consumen. Así se construiría el verdadero periodismo profesional, crítico e independiente que constituye la base de las democracias representativas modernas y del que, según dicen muchos, estamos escasos en nuestro país; disminuiría considerablemente la dependencia de los medios respecto del dinero que les inyecta desde los impuestos/gobiernos y, por ende, reduciría el conflicto persistente entre el interés de los empresarios de la comunicación y las necesidades informativas de la sociedad. 
Hay un momento en que también existe bronca entre la publicidad comercial que contratan y pagan las corporaciones privadas y el manejo público de la información de interés general. De modo que igualmente sería saludable que los medios alcanzaran independencia respecto de los anuncios y los anunciantes mercantiles. Los medios y los periodistas podrían mostrar así, sin ambages ni sutilezas, sin ocultamientos vergonzantes, sus compromisos, sus preferencias e inclinaciones ideológicas (como EL PAÍS con el PSOE, como THE WASHINGTON TIMES con el “Tea Party”, como EL CLARÍN contra la señora Fernández de Kirchner). 
Lo malo es que, con la mitad de la población mexicana en pobreza, parece que la información de calidad debe considerarse necesariamente un bien suntuario y esto puede llevar al falso silogismo, a la conclusión absurda de que la buena prensa sólo es posible en las naciones desarrolladas cuyos habitantes se dan el lujo, como en Inglaterra, de pagar impuestos por cada televisor, o de cubrir 1.20 de dólar diario por el ejemplar de un periódico en Singapur. Y también cabe una pregunta: ¿hasta cuándo la información periodística de calidad, que es gratuita en la internet, lo seguirá siendo sin depender de la “publicidad oficial”?
2.- Las buenas prácticas cívicas, la construcción de la ciudadanía, pasa necesariamente por la información pública confiable. Es un hecho que no se objeta el que la población bien informada deriva en mejores comicios y, por ende, en gobiernos menos ineficientes; también lo es que la buena prensa acota las injusticias, combate los privilegios y propicia el cumplimiento de las normas generales de aplicación universal.
En el otro extremo del espectro, tan nocivo o más que los ‘oficialismos’, se encuentra la prensa para la que todo es malo, para la que nada ni nadie funciona; la que entiende que todo es, por definición, fallido y criticable, la que interpreta ≪objetividad≫ como desconocer cualquier aporte o asunto positivo; la prensa “golpeadora” que confunde el principio del pensamiento crítico con la denostación y el rechazo de todo cuanto no le es afín; la que usa el peor ángulo de la foto, el pequeño resquicio que le sirve, como pequeña rama de leña húmeda, para dar por caído --y a veces podrido-- todo el bosque.
3.- El sistema legal debería garantizar a plenitud el acceso de todos los medios y de todos los comunicadores a la información pública, con la excepción de aquélla cuya divulgación causara más daño que beneficios a la sociedad, mediante reglas claras, precisas y superiores a la decisión de un partido político, un gobierno o incluso un funcionario público (o una mezcla coaligada de todos). Salvo los asuntos que son, estrictamente, de seguridad nacional (y aún éste es un concepto relativo), parece que en la actualidad no queda mucho espacio para los “secretos de Estado”. Y, en la misma sintonía, los medios y los comunicadores debieran divulgarla con responsabilidad y oportunidad. Y todos los instrumentos de la ley y todas las instituciones deberían garantizar a los informadores las condiciones apropiadas para el ejercicio libre y pleno de su deber informativo, así como su integridad personal.
4.- El sistema legal tendría que proteger a los ciudadanos --hoy no lo hace-- con acciones concretas de derecho positivo, viables, trascendentes y efectivas más allá del ánimo discursivo, de la manipulación, el ocultamiento, el sesgo o la demora informativa, en virtud de que las noticias y el análisis de éstas son, necesariamente, de interés público. La gente tiene el derecho supremo e inexcusable de estar bien informada, es decir, ampliamente, oportunamente, claramente, verazmente sabida de lo que ocurre, de las cosas que le atañen directa o indirectamente.
5.- Nuestro sistema de derecho debería disponer de herramientas --hoy no se cuenta con ellas-- para identificar los abusos en el ejercicio de la libertad de expresión que actúen en demérito de la sociedad en general y de los ciudadanos en particular, entendiendo por abuso las omisiones informativas deliberadas, las informaciones falsas, las publicaciones de notorio propósito perverso, o aquéllas hechas para beneficiar al medio o al periodista que las divulga. 
6.- Los ciudadanos deberían contar con la real y auténtica protección del Estado frente a los casos de daño moral, falsedad informativa y manejo doloso --en perjuicio de personas-- de la información. En México no existen medios legales eficaces para que, frente a un error, una deficiencia informativa o una calumnia, las empresas de comunicación cumplan con su deber ético de aclarar, corregir y, más aún, disculparse por sus fallos. Es una impunidad campeante que no se ve cómo, a partir de la declaración ligera, la información incompleta, manipulada, falsa o incluso difamatoria, con frecuencia planteada desde el anonimato, puede aportar a la consolidación de la democracia y la vigencia del estado de derecho. ¿Es un exceso pedir que el Estado defienda claramente el derecho al honor y la intimidad cuando estos no se contraponen al interés público? Si son necesarios los mecanismos de protección para los periodistas, también lo son los que protegen a los lectores y al público en general.
7.- La circulación certificada y las audiencias auditadas por instancias absolutamente independientes y mecanismos confiables, recurrentes, transparentes, deberían ser la base efectiva de un tabulador para la compra de publicidad gubernamental, a través de catálogos públicos aptos para la consulta abierta, no sólo en lo relativo a la dimensión de los espacios promocionales sino al costo de éstos. Que sean las audiencias las que decidan cuánto dinero de los impuestos termina en las arcas de las empresas de comunicación.
8.- Se debería acabar con el carácter monopólico de los medios electrónicos. Las recientes subastas de frecuencias de radio y televisión sólo han servido para crecer a las añejas y pudientes corporaciones del ramo que mediante complejas redes de complicidades, amparos legales, suspensiones administrativas, renovación automática de concesiones, oscuras resoluciones de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y acuerdos “económicos” privados entre los actores, reparten el pastel adicional entre los mismos invitados de siempre a la fiesta de siempre. Las frecuencias y espacios disponibles en los medios deberían licitarse, en el futuro, a condición expresa de que no vayan a terminar en las mismas manos, en los mismos poderes fácticos.
9.- Las personas sujetas a proceso deberían ser tratadas como tales por los medios de comunicación, hasta que un tribunal competente las declarara culpables, según el principio constitucional de presunción de inocencia.
10.- Los niños, los interdictos, los incapaces en general, deberían tener protegida a plenitud su identidad y la publicidad de sus imágenes o sus asuntos debería limitarse a lo estrictamente necesario.
11.- Debería prohibirse categóricamente la publicidad engañosa y, muy especialmente, la de “productos milagro” que abusan del dolor humano, de la escasez y la esperanza que hace a personas vulnerables consumir bajo engaños y falsas expectativas. Y esto, aún si los anunciantes fueran los propios dueños de las empresas de comunicación. A propósito: ¿qué hay de los propietarios de medios cuyos intereses se entreveran legal pero inmoralmente con otros ramos mercantiles?
12.- ¿Es un ataque a la libertad de expresión el considerar que, dada su condición modélica, los medios de comunicación masiva deberían evitar la difusión de audios o imágenes que directa o indirectamente promuevan conductas socialmente disfuncionales, estimulen la violencia, induzcan al consumo de sustancias nocivas o contribuyan a la pseudo cultura que hace de los delincuentes, héroes?
13.- ¿Habrá algún día el poder público suficiente para proscribir en forma definitiva la publicidad legal de drogas “blandas” como alcohol y tabaco?, ¿se podrá algún día hacer esto extensivo a la comida chatarra, a pesar de la fuerza económica y política de Bimbo, de Sabritas, de Coca y Pepsi Cola?
14.- ¿Tiene México los medios de comunicación que merece?, ¿Tiene México los medios de comunicación que necesita?
La Botica.- El próximo jueves 13 presentaremos la pastorela. No me he aprendido los 46 diálogos en verso que me tocan. Se lo puedo atribuir al exceso de trabajo y a la falta de tiempo, o al estrés; ahora que ya soy cincuentón, la edad también sería un buen pretexto. Pero no pienso agraviar así de fuerte a la Sala Grande del Teatro del Estado y menos a quien la nombra --Emilio Carballido-- de modo que me queda el recurso de la improvisación que, espero, no resulte muy necesario. Y supongo que el gran talento de mis compañeros de la “Compañía Empírica de Teatro Experimental del DIF Estatal Veracruz” logrará disimular. No garantizo la calidad interpretativa --en mi caso-- pero sí la del resto, que son verdaderos actores, casi casi profesionales. Lo que sí puedo asegurar es que habrá mucha diversión y sería un error perdérsela. A las seis y media de la tarde. Y como todas las cosas buenas de la vida, ¡es gratis! Veré qué puedo hacer en estos tres días, para evitar que el ridículo llegue al extremo.

antonionemi@gmail.com

El SNTE y el nuevo PRI: la decisión número 7

Wenceslao Vargas Márquez

El sábado uno de diciembre el presidente Peña expidió trece decisiones presidenciales como guía de acción de su nuevo gobierno. La decisión presidencial número 7 tiene que ver con el SNTE. Es un vigoroso golpe a la ley escrita vigente (art. 62) en la que se basa el funcionamiento político interno del sindicato: se anulará la posibilidad de que el sindicato (dirigentes y agremiados) pueda proponer candidatos a plazas docentes vacantes por cualquier motivo.
A pesar de que de inmediato el PANAL fijó postura favorable (“Originamos propuestas para el desarrollo de la carrera magisterial y alta especialización, que incluía un nuevo mecanismo de reclutamiento mediante exámenes de oposición para profesores, directores e inspectores, a fin de evitar las plazas vitalicias y hereditarias”), el domingo 9, el dirigente nacional del Partido Nueva Alianza, L. Castro, se quejaba en un medio nacional de haber sido excluido del Pacto por México firmado una semana atrás por el presidente Peña y los tres más numerosos partidos nacionales.
Durante la semana, el nuevo titular de la SEP, Chuayffet, nombró a una investigadora, Martínez, acérrima crítica del SNTE y de su dirigencia, como subsecretaria de Educación Básica. Alba Martínez Olivé (educacionAdebate.org) escribió hace dos años, en diciembre de 2010: “Es la sombra protectora del SNTE lo que desprestigia la profesión docente, pues se concibe que el ser maestro es una cosa “facilona”, donde “basta con no morirse para permanecer” (…) Martínez Olivé enfatizó que el gran problema del rezago de la educación en México se debe al pacto corporativo que mantiene el SNTE con el gobierno”. Martínez dirige ahora la subsecretaría de Educación Básica en la SEP. La enésima nota adversa es la siguiente que la prensa nacional recoge: “La administración de Enrique Peña Nieto eliminó el programa de Habilidades Digitales para Todos (HDT), el cual fue diseñado en la administración pasada por el entonces subsecretario de Educación Básica y yerno de Elba Esther Gordillo, Fernando González Sánchez y que sustituyó a Enciclomedia”. Duros embates desde el naciente gobierno del PRI.
Hace unas horas, el líder nacional del PRD, Zambrano, ha dicho a los medios que el Pacto por México (del que Nueva Alianza fue excluido) trabaja a marchas forzadas y reitera: acotaremos a la presidenta del SNTE. PRD, PAN y PRI más Peña presentarán una iniciativa unificada derivada de la decisión número 7 para reformar la Constitución y la Ley General de Educación. Un quinazo técnico han dicho algunos. Este es el recuento de los daños. ¿Por qué los daños?
Intentemos una respuesta: La dirigencia nacional del SNTE ha privilegiado la creación de un partido político que le quitara un bocado al PRI, la creación de una federación de burócratas que compitiera con la FSTSE, y la búsqueda de cargos políticos, legislativos y administrativos para allegados y familiares. Privilegios para pocos, facturas para todos. Paralelamente, la agenda del SNTE se ha perdido: rezonificación, bono sexenal, ley del ISSSTE, carrera magisterial, y un largo etcétera. Ninguno de estos temas laborales ha sido el centro de ninguna disputa de la cúpula del SNTE con el PRI ni con la FSTSE ni con la presidencia de la república ni con otros actores políticos. Los centros de todos los pleitos conocidos han sido por lograr diputaciones y los cargos públicos para Yunes, Campa, G. Roaro, Cerda, González S., Yáñez. Que se sepa, ninguno de los sonoros pleitos ha sido por rezonificación o por el incierto bono sexenal o por romper el techo de diez salarios en que la Ley del ISSSTE nos enfundó para jubilaciones desde 2007.
Viene ahora el cobro de tantos enemigos buscados y encontrados por conflictos en los que el magisterio nada tiene que ver. Si prospera la iniciativa de reforma constitucional, basada en la decisión presidencial número 7, destruirá al SNTE tal como fue conocido desde su fundación en diciembre de 1943.
SNTE 32 Opción Institucional * www.wenceslao.com.mx *